Juzgado de Garantía de Talca rechaza traslado de diputado Francisco Pulgar por “peligro para la seguridad nacional”

El Juzgado de Garantía de Talca rechazó la solicitud de la defensa del desaforado diputado Francisco Pulgar, la cual consistía en el traslado del parlamentario desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario Cauquenes, hacia la cárcel de Rancagua.

Esto en el marco de la investigación contra el legislador por los delitos reiterados de violación y abuso sexual a menor de 14 años. En la audiencia de formalización el tribunal decretó que prisión preventiva como medida cautelar mientras dure las diligencias, y considerando que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y constituye un peligro para la seguridad de la víctima.

Fue el abogado de Pulgar, Álvaro Pérez, quien informó que la justicia desestimó la solicitud para trasladar al parlamentario desde el penal de Cauquenes hacia la ciudad de Rancagua. Según explicó, los argumentos del tribunal para la decisión fueron que “podía significar incluso un peligro para la seguridad nacional, dado que el Diputado formó parte y presidió la Comisión de Inteligencia de la Cámara”.

En esa línea, el abogado alegó que durante la audiencia, “nuevamente esta defensa fue interrumpida”, señalando además que otra vez “se nos otorgó un tiempo muy breve para exponer argumentos, aun cuando se debate sobre la libertad de una persona”.

Eso sí, el defensor aclaró que “tuvimos la oportunidad de escuchar al Diputado, quien señaló que se encuentra en buen estado de salud y que por ahora se siente seguro y protegido en ese penal (de Cauquenes)”, cerró.

Anteriormente, Gendarmería recomendó llevarlo a Rancagua, sin embargo, el tribunal decidió que fuera Cauquenes. Además, cabe recordar que el desaforado diputado Francisco Pulgar se declaró preso político e inició una huelga de hambre luego de haber sido puesto en prisión preventiva en el centro penitenciario antes mencionado.

La ministra (s) de la Secretaría General de Gobierno, Aisén Etcheverry, fue consultada sobre la situación y el rechazo del tribunal a la solicitud de traslado. En su respuesta indicó que como gobierno en primera instancia “es importante recalcar que los delitos por los que está siendo investigado nos parecen de la mayor gravedad”.

“Y como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, este es un tema que está erradicado en la justicia. Quienes deciden el lugar donde se encuentran detenidas las personas son en este caso los jueces de garantía y a nosotros como Ejecutivo no nos corresponde pronunciarnos respecto de las decisiones que toma otro poder del Estado en esta materia”, agregó.