La concesión que le permitió al gobierno desactivar un paro

Seis dirigentes, cuatro autoridades y dos intermediarios. El día no había sido fácil, después de tres horas y media de conversación, descendieron desde la sala de reuniones del tercer piso del Ministerio de Justicia hasta el hall de ingreso del edificio. A las 1.40 de la madrugada, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, acompañado de los representantes de las principales agrupaciones de funcionarios de Gendarmería, la directora del organismo, Claudia Bendeck, y los subsecretarios de Justicia, Juan José Ossa, y de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, informaba el término de un conflicto que tenía al gobierno enfrentando por primera vez una crisis con funcionarios públicos que se había extendido desde el lunes pasado, cuando tras la detención de un gendarme debido a torturas a unos internos, los gremios vieron la posibilidad de reactivar sus viejas demandas. Así amenazaron con activar un paro nacional y alterar el sistema penal del país durante un periodo indeterminado: una de las medidas era no recibir a los imputados desde el Centro de Justicia, lo que significaba un eventual colapso.

Pero a la ecuación, que podía traer consigo malos resultados para el Ejecutivo a nivel administrativo, se le sumaba un elemento político que hizo recordar las peores semanas del gobierno anterior cuando había enfrentado otras crisis con diversos gremios públicos.

Por esa razón, las distintas asociaciones sacaron cuentas alegres. Al final del martes pasado habían obtenido la fotografía de Larraín rodeado de ellos en el ministerio, pese a que el propio ministro evitó la imagen con ellos sentados en la mesa, algo a lo que se había negado durante horas.

El desenlace no solo era observado por los medios de comunicación apostados al exterior del edificio, ubicado en calle Morandé 107; también desde La Moneda se esperaba humo blanco.

Desde que la crisis se había desatado, la petición de los gremios no había variado ni un ápice: querían instaurar una mesa de trabajo que diera solución a demandas que se arrastraban con los años, y que pretendían resolver en este periodo presidencial. No obstante, el punto de discordia no estaba en el fondo, sino en la forma. El diálogo debía ser liderado por el propio ministro Larraín, en desmedro de Bendeck, quien ya se había reunido con los gremios y no había logrado validarse ante los asociados. Mientras los funcionarios pretendían que la ingeniera comercial tuviera un rol secundario, desde la Secretaría de Estado se defendía que fuera ella quien llevara las conversaciones, misión que le correspondía como la autoridad del servicio.

Sin embargo, los gremios intentaban dar distintas señales de fuerza para imponer sus puntos. Recurrieron a videos que recorrieron sus cuentas de WhatsApp y la de distintos personeros de gobierno , en que reiteraban enérgicamente que existía una cuenta regresiva para recibir una respuesta.

Fue la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, la primera autoridad en responderles: "En democracia no tienen cabida los ultimátum, menos cuando existe un gobierno y autoridades que siempre han promocionado el diálogo, el poder abordar los conflictos y buscar soluciones en conjunto".

Las palabras de Pérez fueron reforzadas el martes por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien diría que "para este gobierno, las presiones y amenazas están fuera de lugar". Desde Justicia la respuesta no era diferente, según advirtió La Tercera PM.

El reloj alcanzó las 15.00 del martes, la hora del plazo. Pero 20 minutos antes Larraín envió la primera señal a través de su jefe de gabinete, Carlos Gómez, quien llegó con una carta hasta la sede de la Anfup en Santa Mónica 2318, en Santiago Centro. El oficio de dos páginas, firmado por la máxima autoridad de Justicia, insistía en que Bendeck era el camino. Media hora después, tras la conversación, la cartera continuaba firme en su postura.

Tras la cita, los dirigentes se reunieron por cerca de una hora para acordar una respuesta. A eso de las 16.30 el vocero de los uniformados, Sergio Segovia, acompañado de distintos dirigentes, anunció que a las 21.00 se iniciaría un "acuartelamiento" total de los funcionarios en las unidades penales, en antesala de una paralización que se iniciaría hoy. Sin embargo, la declaración incorporaba una sutil prórroga para continuar las negociaciones durante cuatro horas más. Y al mismo tiempo el Ejecutivo comenzaba a realizar cálculos y a tomar la temperatura del conflicto.

Las conversaciones entre Interior y Justicia a esa altura eran constantes. Chadwick era informado del avance de la situación, aunque entre las autoridades quedaba claro que Larraín era el encargado de desactivar el conflicto tanto a nivel político como comunicacional. El mensaje de correo enviado por Bendeck a los funcionarios de la institución, en que agendaba una primera negociación para el viernes, de poco sirvió.

A las 18.00, los videos seguían replicándose en los teléfonos móviles y el acuartelamiento de los funcionarios comenzaba en las diferentes unidades penales, como Colina, la ex Penitenciería y Concepción. Fue en ese minuto, según diversas fuentes consultadas, que el conflicto tomaría otro rumbo y ambos sectores darían señales de diálogo con un actor relevante: el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Carlos Insunza.

Así, pasadas las 19 horas una llamada del dirigente al subsecretario Ossa abrió un nuevo espacio de diálogo convocado para minutos más tarde en el ministerio. "La reunión era indispensable para avanzar en los temas que afectan a Gendarmería", indicó Insunza.

La reunión se inició con las palabras de Larraín. Entre los presentes hay coincidencia en que el rol del ministro permitió un desenlace favorable. En su tiempo como senador había estudiado la realidad de Gendarmería y conocía a más de una de sus contrapartes.

Café y galletas les permitieron soportar el paso de la noche. La negociación se acotaba. Larraín los recibía esta vez, pero Bendeck lideraría la mesa de trabajo a futuro. No costó mucho acordar ese punto, pero los dirigentes pretendían una garantía. Primero se le pidió al ministro firmar un protocolo de acuerdo, pero ante su negativa, la señal sería una declaración pública en que se comprometía con los funcionarios a cumplir una serie de medidas que respondieran a sus demandas. A corto plazo, modificar la carrera funcionaria y a largo plazo mejorar la infraestructura penal y la tecnología. En tanto, los resultados deberían estar en los próximos meses.

Para Pablo Jaque, presidente de la Angech, se logró el objetivo. "Hay conformidad porque la señal la da el ministro a partir de una negociación bastante extensa", dijo.

Para ello faltan 90 días a contar de mañana, plazo en que se reunirán por primera vez dirigentes y Bendeck, tras el acuerdo. Ahora el éxito del proceso sigue en las manos de la directora.