La fotocopia del sumario a Carabineros que sacude a Contraloría

La fiscalizadora Luzmira Palma era la encargada de reunir todos los sumarios que la Contraloría hizo en Carabineros, entre 2010 y 2016, para que el contralor, Jorge Bermúdez, expusiera ante la comisión investigadora del fraude en la institución uniformada.

Al comenzar a reunir la información, faltaba uno. Había registro de un sumario en 2010 al Departamento de Remuneraciones de Carabineros, pero no había copia de este. Eso, hasta que en una bodega se dio con una fotocopia del decreto que ordenaba la realización de la investigación, indagatoria interna que finalmente nunca se llevó a cabo.

La importancia de este fallido sumario radica en que actualmente el fiscal Eugenio Campos, quien investiga el fraude de más de $ 28 mil millones en Carabineros, y la Contraloría pesquisan por qué la indagatoria interna no se hizo, pues de haberse realizado se hubiera detectado la malversación que entonces se organizaba en la Dirección de Finanzas de la policía uniformada.

Lo que encontraron los funcionarios de Contraloría en esa fotocopia fue extraño: "Anulada", decía en el oficio, una fecha escrita a mano y una firma ilegible. "¿Dónde estaba el original?", se preguntaban en el ente contralor y también en la fiscalía.

La copia no era un original, sino que era de un funcionario de Contraloría que tenía su propio registro de archivo. Al exhibirse el documento públicamente en los medios de comunicación, Pablo Elmer reconoció su firma en el texto y sostuvo que la fotocopia era suya.

Según los antecedentes que se manejan en Contraloría, fue Elmer quien tomó la fotocopia, pues tenía un registro personal de los sumarios que se instruían. Es por ello que el funcionario prestó testimonio ante la fiscalía para explicar el porqué de la copia que hoy eleva las tensiones en el ente contralor.

Elmer habría recibido el original, lo copió y lo guardó, siendo un elemento clave en la indagatoria de Contraloría y la fiscalía. En el documento se exponen las razones de Contraloría para iniciar el sumario en el Departamento de Remuneraciones de Carabineros, fijando a Marcelo Freyhoffer Ibarra como el funcionario a cargo.

Así, con la copia del sumario en sus manos, Palma la incluiría en la presentación que el contralor Bermúdez haría a la Cámara. Pero según consta en el sumario de Contraloría y los antecedentes del caso, sus superiores, entre ellos Ricardo Provoste, jefe de auditorías a Fuerzas Armadas y Carabineros, y otra funcionaria le habrían ordenado no agregar este documento. Ella acató.

Por esta instrucción y otros antecedentes en investigación, ya son dos los funcionarios suspendidos en Contraloría, uno de ellos es Provoste. La otra abogada es María Cristina Calderón.

Según explicaron desde Contraloría, quien suspende a estas personas es el fiscal a cargo del sumario (hoy está a cargo del auditor Eduardo Díaz), y el contralor solo firma la resolución. La decisión se tomó ante la posibilidad de que los funcionarios obstruyeran la indagatoria.

Fue el 2 de junio de 2010 que se inició el sumario. Sin embargo, 20 días después este se anuló. "Los sumarios se sobreseen, sancionan o absuelven, nunca se anulan. Eso no existe", explicaron fuentes del caso.

Para saber los motivos tras esta decisión, la Contraloría y el Ministerio Público decidieron ubicar al fiscalizador Freyhoffer, pero no tuvieron éxito. El funcionario falleció en 2014 y con él se perdió un dato clave: quién instruyó anular el sumario.

Pero las pesquisas no quedaron ahí, pues comenzaron a reconstruirse los 20 días que separan el inicio del sumario y su fin. En medio de estas diligencias, el Ministerio Público indaga una reunión entre el excontralor Ramiro Mendoza y el entonces general director de Carabineros, Eduardo Gordon.

La Tercera solicitó a Contraloría, vía Transparencia, saber el día de la cita, cuándo se fijó y quién la organizó. El ente contralor contestó que la "creación" de la cita, que se desarrolló el 14 de junio, se fijó "el 10 de junio de 2010 por su secretaria, doña Sandra Fuentealba, y su jefe de gabinete, don José Ramón Correa", "sin que se indicara quién y cómo se gestionó, ni el motivo".

Ocho días después de realizada la reunión, el sumario fue "anulado". Fue el 22 de junio, y así lo registra la fotocopia del documento. En total, desde que se instruyó el sumario y quedó en nada pasaron 20 días.

El Ministerio Público ha realizado ya una serie de toma de declaraciones, entre ellos Elmer, José Ramón Correa, Ramiro Mendoza, Patricia Arriagada (exjefa de División de Auditoría Administrativa), Dorothy Pérez (exsubjefa de división y luego subcontralora), y al menos cinco funcionarios más. Todos en calidad de testigos.

Consultado por este medio, José Ramón Correa, hoy asesor del Ministerio del Interior, sostuvo que "yo fui citado a declarar en calidad de testigo y, por lo mismo, tengo prohibición expresa de revelar cualquier antecedentes de las preguntas que se me formularon en mi citación". En tanto, Ramiro Mendoza declinó referirse al tema.