La fricción de La Moneda y la Fiscalía tras denuncia contra Boric

A las 21.51 horas de este lunes 25 de noviembre, el equipo de Comunicaciones de Presidencia difundió una declaración que volvió a generar alertas en el ya convulsionado mundo judicial y político. En el escrito, Jonatan Valenzuela, abogado del Presidente Gabriel Boric, revelaba la existencia de una denuncia en contra del Jefe de Estado.

En seis párrafos, el profesional detallaba que el 6 septiembre una mujer, que hace más de una década fue compañera de práctica de Boric en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Punta Arenas, lo acusaba por difusión indebida de imágenes íntimas y acoso sexual.

Fue la primera información que se hizo pública de esa causa. Por esos días, el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, mantenía bajo total reserva los antecedentes vinculados a la denuncia, así como también las diligencias que se estaban haciendo. Así, de golpe y por la prensa, en el Ministerio Público se enteraban de que la causa ya no era un secreto, lo que activó varias interrogantes respecto de la oportunidad de la comunicación. “¿Por qué ahora?”, se cuestionaba.

Pero más allá de eso, y del fondo de la denuncia formulada contra Boric, en grupos de mensajería instantánea que mantienen fiscales se comentaba otro punto. ¿Cómo se enteró La Moneda de que había una investigación que tenía como protagonista al Presidente si esta era reservada y, además, estaba desformalizada y no había intervención judicial?

Aquello ya había llamado la atención de Crisosto, porque sólo días después de que la denuncia ingresara formalmente en el sistema, el abogado Miguel Schürmann -también defensor de Boric- escribió un correo a la Fiscalía de Punta Arenas pidiendo acreditarse con mandato judicial como representante de Boric. El objetivo, dicen quienes conocen de esta comunicación, era poder acceder a los detalles de la denuncia, ya que el 9 de septiembre el abogado del estudio BACS sólo tenía un Rol Único de Causa (RUC) que después contaría lo obtuvo a través del sistema informático del Ministerio Público.

Y si bien esta situación, de que Schürmann llegara con el número de una causa que se pretendía estaba reservada, dejó inquietos a los persecutores, se le permitió el acceso a la denuncia y copia de los antecedentes. Fue ahí donde el socio de BACS salió de escena y el 7 de octubre el Presidente Boric decidió que quien lo iba a representar fuera Jonatan Valenzuela, del estudio Tavolari.

El procesalista, el 22 de octubre, tomó las riendas del caso y se reunió con el fiscal Crisosto para entregarle 25 correos electrónicos que la denunciante había enviado a Boric en 2013, cuando el entonces egresado de Derecho compartió con ella en la CAJ. El objetivo era tener una defensa activa que permitiera sostener, tal y como lo dijo Valenzuela el martes a las 7.00 AM, de que la víctima era Boric de un “acoso sistemático”, desestimando las acusaciones de acoso y difusión de imágenes íntimas. Pero un par de horas después del punto de prensa del abogado, en calle Benjamín, en Las Condes, lo que en ese minuto era una causa penal que el Ministerio Público tramitaría sin mayores escollos, se complejizó en el corazón de La Moneda con una intervención de la vocera, ministra Camila Vallejo, que determinó la apertura de otra investigación penal, dando inicio a un clima de fricción entre el Ejecutivo y el organismo liderado por el fiscal nacional, Ángel Valencia.

El guion del gobierno era limpio: comunicado del abogado el lunes por la noche, punto de prensa de Valenzuela a las 7.00 AM en las afueras del edificio del estudio Tavolari, en Las Condes, y luego una intervención de Vallejo, en La Moneda, quien como portavoz del Ejecutivo debía enfatizar que la denuncia contra el Mandatario no tenía sustento y que los hechos eran “completamente falsos”. Hasta ahí, todo bien.

El problema surgió cuando uno de los periodistas apostados en el Salón Azul del Palacio de La Moneda le preguntó cómo se enteraron de la existencia de esa denuncia. Sin titubear, aunque notoriamente incómoda, Vallejo explicó que un equipo de Presidencia, mediante pesquisas y revisión de fuentes abiertas, había dado con la denuncia. Es más, acto seguido dio a este procedimiento un carácter de normal y aseguró que “esto se hace en todos los gobiernos. Se hacen pesquisas y revisiones recurrentes de información que es pública y que pueda tener alguna relevancia”.

A 700 metros de la sede gubernamental, asesores del fiscal nacional, Ángel Valencia, escucharon a la ministra y, extrañados, comenzaron a recopilar información. Era totalmente imposible acceder a una causa desformalizada por fuentes abiertas. Luego vino la explicación de los abogados de Boric, ahí Schürmann sostuvo que en una revisión periódica del RUT del Presidente en el sistema le apareció el RUC de la denuncia y fue ahí, el 9 de septiembre, cuando decidió requerir antecedentes a la Fiscalía de Magallanes para recabar más información.

Pero, dicen fuentes del Ministerio Público, esta explicación profundizó aún más las sospechas del propio Crisosto, que ya había quedado intrigado de cómo el número de la denuncia había llegado a las manos del denunciado sin que ellos le hubieran notificado nada y en el entendido de que en el Sistema de Información de Atención a Usuarios (SIAU) no aparecen las causas de imputados tan sólo buscando con RUT. Antes, el abogado debe estar acreditado. Y si bien esta semana el debate de si se puede o no levantó toda una controversia, el jefe de la Fiscalía de Magallanes decidió -de oficio- abrir una investigación penal por un supuesto “acceso indebido” a la denuncia, desatando la molestia en La Moneda.

Los ánimos en Catedral 1437, donde queda la Fiscalía Nacional, no eran los mejores respecto de la performance del gobierno -develando una causa secreta-, y en especial de la vocera, quien ese día criticó abiertamente al Ministerio Público, señalando que ellos decidieron informar de esta causa penal, debido a la “demora y falta de contacto y comunicación” de Crisosto con el abogado del Presidente.

Esto último, al interior de la institución, se interpretó como una presión indebida por parte de un poder del Estado a una institución que es autónoma.

Ya por esos días los ánimos del Ejecutivo con la institución liderada por Valencia no eran los mejores por la filtración de la declaración del Jefe de Estado en la investigación que se sigue en contra del ex subsecretario de Interior Manuel Monsalve.

Incomodidad que no se ocultó por parte de las autoridades de gobierno. De hecho, fue el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien si bien no apuntó contra la Fiscalía, calificó la situación como “grave”. “No se trata tan solo que se conozca la declaración del Presidente, sino que, en general, cualquier investigación que es secreta, que es reservada, se tiene que cumplir y tomar los resguardos”, dijo la semana pasada. Crítica que se reflotó este viernes 29, cuando el diputado oficialista Gonzalo Winter apuntó directamente contra Valencia acusándolo de inacción cuando se filtró la declaración de Boric. “Al día siguiente de que se publicó, el fiscal nacional no dice: ‘¿Sabe qué? Mi institución tenía que custodiar este secreto y alguien de la Fiscalía lo sacó cometiendo un delito. O somos tan ineptos que alguien nos robó la información. Por lo tanto, tengo que investigarlo”, retrucó.

Y es que las fricciones del Ejecutivo también vienen por la propia intervención, en el Congreso, que hizo Valencia cuando fue consultado -el martes pasado- por la denuncia en contra del Jefe de Estado. Ante preguntas de la prensa, la máxima autoridad del Ministerio Público manifestó que en esa causa el Presidente tenía calidad “inequívocamente” de imputado. Y si bien la respuesta de Valencia fue técnica, ya que un denunciado enfrenta el caso como imputado de un delito, para el gobierno sus dichos generaron molestia, ya que no es lo mismo que quien diga esa palabra “imputado” sea el máximo persecutor. Si a eso se suma la indagatoria penal que se abrió por el acceso a la denuncia que tuvieron los abogados del Presidente, la tensión sólo siguió en aumentó.

Y si bien tanto en el Ejecutivo como en la Fiscalía reconocen un ambiente enrarecido entre ambas instituciones, fue la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, quien salió a desmarcarse del tono usado en la semana por Vallejo. Este viernes, la jefa de gabinete descartó hacer nuevas referencias a la denuncia, mencionando que el gobierno no envía “recados” por la prensa a la Fiscalía. Para evitar roces internos, entre ambas ministras, los asesores de Interior se apuraron en comunicar que en ningún caso los dichos de Tohá se refieren o contradicen lo que dijo la portavoz.

Pese a todo, los investigadores del caso que afecta al Presidente no se dan por aludidos y aseguran que seguirán adelante con las pesquisas como si se tratara de un ciudadano común.

Las fricciones, se cree, continuarán, aunque de ambos lados ponen paños fríos: esta semana sólo se sacaron chispas, no alcanzó a encenderse el fuego.