La Moneda recuerda que el estallido produjo una pérdida de US$ 3 mil millones, equivalente a un mes del IFE

Mantener el rechazo a la violencia, reconocer las demandas sociales, la agenda social en curso y valorar la salida institucional-constitucional son algunos de los elementos que destaca una minuta elaborada por la División de Estudios de la Segpres y que, a través del ministro Juan José Ossa, se distribuyó al comité político y a los partidos oficialistas con el fin de aunar un discurso ante una nueva conmemoración del estallido social.

En total, son cinco aspectos que se solicitan a tener en cuenta: la violencia y daño desatado que debe seguir siendo objeto de rechazo; las demandas sociales y la agenda social en curso; la salida institucional-constitucional a la crisis del 18-O; la agenda de seguridad y reforma a Carabineros con apego a los DD.HH. y, finalmente, las iniciativas impulsadas..

En cada uno de estos puntos, el Ejecutivo entrega contexto, datos recopilados desde los ministerios relacionados a cada una de las materias y da conocer los avances y el estado de trámite de los proyectos que se han presentado al Congreso como respuesta al estallido.

En este punto la Segpres realiza un balance de lo que fueron los daños efectuados entre el 19 de octubre de 2019 y el 24 de marzo de 2020. “Se produjeron 2.897 eventos graves, siendo el lunes 21 de octubre el día con el máximo de 350 eventos y un promedio de 105 durante el mes de octubre (cifras interior en web Subsecretaría de DD.HH.)”, señala el documento.

En la misma bajada, entrega las pérdidas económicas que implicaron esos daños: en cuanto al Metro, el monto asciende a US$ 255 millones y en la Red Santiago, cerca de US$ 6 millones. Además, añade que fueron al menos 14 mil las mipymes afectadas a lo largo del país, según el catastro “Levantemos tu pyme”, de Economía.

“Como consecuencia de la violencia: se estima que el 18-O produjo una pérdida de US $3 mil millones del PIB del país. Esta cifra equivale al menos a un mes de entrega del IFE universal para más de 16 millones de personas (US$2,8 mil millones) y a casi un tercio de las primas de seguros del terremoto del 2010 (US$8mil millones)”.

Respecto de este tema, en el gobierno reconocen que las demandas de la gente se expresaron con claridad, sobre todo en la marcha del 25 de octubre, que convocó a más de un millón de personas.

Junto con ello, el documento entrega un balance de los avances de la Nueva Agenda Social que el Presidente Piñera presentó cuatro días después del estallido.

“Transcurridos 2 años, se reporta un logro del 70% de las medidas de la agenda social, es decir se ha puesto en marcha al menos dos de cada tres compromisos por Chile. Si bien, 4 de las 22 iniciativas que requerían paso por el Congreso se despacharon en menos de dos semanas, el tiempo promedio para el despacho del total de proyectos, alcanza los 150 días”.

Entre las medidas cumplidas destacaron la reducción del precio de los medicamentos, el Ingreso Mínimo Garantizado y el nuevo tramo de impuestos con tasa de 40% para ingresos sobre 15 millones de pesos. En cuanto a la población de personas mayores, se incluyen el cumplimiento de la eliminación del pago de contribuciones en ciertas condiciones, la reducción a la mitad de la tarifa del transporte público para este segmento y, en materia de pensiones, el aumento del Pilar Solidario.

Aquí la Segpres repasó los hechos que acontecieron a partir del 12 de noviembre, destacando que tras una dura jornada de protestas y violencia, el Mandatario hizo un llamado a los sectores políticos a dialogar para alcanzar un Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Este anuncio, señala el documento, permitió encauzar institucionalmente la crisis.

“El 15 de noviembre 2019, ese llamado del Presidente se materializó en un acuerdo que firmaron todos los partidos de Chile Vamos y de la oposición -a excepción del Partido Comunista y algunos del Frente Amplio- y que terminó siendo el puntapié inicial del proceso constituyente”.

En este ámbito señala que, a propósito de la violencia, el gobierno alistó una serie de leyes necesarias para el resguardo del orden público. Sin embargo, asegura el documento, “pese a su urgencia, no lograron concitar el apoyo de sectores en el congreso, expresándose aquellos sectores que son ambiguos cuando se trata de rechazar la violencia y promover el orden y la paz”.

Se afirma que del total de 14 medidas que tiene la agenda de seguridad en el contexto del 18-O, son ocho las que se han cumplido, equivalentes al 57% del total.

Sobre este tema también el gobierno apuntó a que se inició una serie de cuestionamientos a la labor policial y acusaciones a las violaciones de los DD.HH. Para enfrentarlos, el documento expresa que se abordó con responsabilidad, solicitando la visita de organismos internacionales que pudieran analizar y monitorear la situación del país.

Además de eso, agregan que se convocó a un consejo para la reforma en diciembre de 2019, lo que después se tradujo en la reforma a Carabineros que hoy ya está en marcha.

Entre los principales ejes de esa reforma destacan: “Se actualizaron al menos cuatro protocolos de las policías destacando el de control del orden público en septiembre de 2021 y el empleo de escopetas antidisturbios, entre otros. Se crearon nuevas Unidades de Control del Orden Público (COP), en reemplazo de las Fuerzas Especiales y la nueva Dirección de Derechos Humanos y Familia en Carabineros”, explica el detalle del documento, entre otras medidas.

Finalmente, el último punto de la minuta de la Segpres enumera en una tabla las medidas legislativas y administrativas tanto de la agenda social como de la agenda de seguridad. En cada una de ellas aparece el tipo política pública: si es de carácter legislativo o de gestión. Aparece también la fecha de ingreso y despacho de cada una, y el estado en que se encuentran. Así, en cuanto a la agenda social son 30 los proyectos enviados, de los cuales 22 su estado es “cumplido”.

De la agenda de seguridad, en tanto, el total de medidas ingresadas son 14: ocho aparecen como cumplidas mientras que seis se encuentran en aun en trámite.