Las cinco autoridades del gobierno de Boric que han caído en medio de la crisis por líos de platas políticas

Son cinco las autoridades de la administración del Presidente Gabriel Boric que han tenido que abandonar su cargo desde que inició la crisis desatada por las irregularidades y posibles delitos de corrupción en la suscripción de convenios entre reparticiones públicas y fundaciones cercanas al oficialismo.

El recuento de autoridades que han salido del gobierno por su eventual responsabilidad política, administrativa e incluso penal deja al Ministerio de Vivienda y Urbanismo como la cartera más perjudicada hasta ahora: tres de sus autoridades renunciaron a su cargo desde el inicio del caso que remece a las fuerzas de gobierno.

Y es que fue precisamente en esa cartera donde saltó la primera alerta y estalló el caso Democracia Viva, fundación representada por el exmilitante RD Daniel Andrade -en ese entonces pareja de la diputada Catalina Pérez- que suscribió convenios por $426 millones con el Serviu de Antofagasta, contratos que dependían de la aprobación del exseremi Carlos Contreras (exRD), antiguo jefe de gabinete de la parlamentaria.

Contreras fue la primera autoridad de Vivienda en caer, pero no la última. Días después de la salida de Contreras de la Secretaría regional de Antofagasta, se concretó la salida de la subsecretaria del ramo, Tatiana Rojas, el pasado 24 de junio.

La caída de Rojas se dio luego de la la filtración de un correo electrónico que recibió el pasado 2 de mayo desde la Asociación de Funcionarios del Serviu, en el que le informaron sobre las particularidades de la fundación Democracia Viva y sus lazos con el ministerio que encabeza Carlos Montes, confirmando que estaba al tanto de las irregularidades y que “no alcanzó” a advertirle al titular del Minvu.

“Puse en campaña de recopilar todos los antecedentes necesarios para poder tener información clara al respecto. Lo que yo hice en ese minuto es enviar un correo solicitando a la autoridad máxima de la región que me reportara detalladamente punto por punto lo que en esa acusación se exponía”, aseguró Rojas en ese entonces.

Trece días más tarde, se concretaría la salida de otro seremi de Vivienda, esta vez del Maule. Y es que La Tercera reveló que la autoridad del Minvu en esa región -Rodrigo Hernández- había cerrado en diciembre de 2022 un contrato por $89 millones con la ONG Urbanismo Social, en la que había ejercido como asesor jurídico antes de arribar al gobierno. Además, entre octubre y noviembre, esta misma ONG se adjudicó contratos por más de $ 577 millones con la Seremi de Antofagasta.

“Él aparece involucrado más allá de la obligación de inhabilidad que tiene, a propósito de la firma de una solicitud de darle vigencia al organismo Urbanismo Social. Al repetirse otro caso de la misma naturaleza, un segundo caso, lo que corresponde es que el seremi deje de ser ahora seremi”, explicó en ese entonces el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS).

Los últimos dos casos corresponden a funcionarias del Ministerio de las Culturas y las Artes, a cargo del ministro Jaime de Aguirre: la subsecretaria Andrea Gutiérrez y la seremi RM Alejandra Jiménez, quienes renunciaron a su cargo por -al igual que las otras autoridades- suscribir contratos con fundaciones a las que estuvieron vinculadas en el pasado.

Por ambos casos, La Moneda activó un sumario en contra de las exautoridades para determinar eventuales responsabilidades administrativas por no abstenerse ante al conflicto de interés que implicaba firmar traspasos de recursos hacia instituciones a las que estuvieron ligadas.

En el caso de Gutiérrez, el sumario se instruyó producto de dos convenios firmados por la subsecretaria con la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan), organización donde ofició como directora de Cultura antes de que llegara al gobierno.

Mientras que en el de Jiménez -cuya renuncia se concretó ayer-, la exseremi habría puesto su rúbrica en dos transferencias de fondos a la ONG El Circo del Mundo Chile por un total de $10.247.128, organización donde fue cofundadora y directora académica hasta antes de asumir como seremi, según reveló el medio Ex-Ante.

La Tercera le consultó al ministro Jaime de Aguirre sobre si consideraba que en el caso de las dos exautoridades de su cartera podrían configurarse delitos de corrupción, a lo que el secretario de Estado respondió que su “impresión” era que se solo trataba de “errores graves”.

“Cometieron un error grave, aquí se están efectuando sumarios al respecto que nos iluminarán sobre todos los detalles que aquí han ocurrido. Mi impresión es que ellas renunciaron por voluntad propia, por un error cometido en algunos casos involuntarios o voluntarios, da lo mismo. La ley, sobre todo en las autoridades, debe ser respetada por todos”, respondió el ministro De Aguirre.