Leonor Varas, directora del Demre de la U. de Chile: “Justicia es no vender una ilusión, por eso los cambios son graduales”

La mañana de hoy estará marcada por la expectación ante un posible boicot a la Prueba de Transición (PDT), convocado por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), cuyas protestas el año pasado dejaron a 82 mil jóvenes sin rendir la PSU y que incluso obligaron a suspender el test de Historia. En esta entrevista, la directora del Demre de la Universidad de Chile, Leonor Varas, argumenta por qué hoy no es posible un acceso universal a las universidades, como piden los escolares.

La Prueba de Transición enfrenta un nuevo llamado a boicot de la Aces. ¿Cree que es un peligro real?

Hasta ahora no lo he visto como un llamado claro al boicot, creo que han manejado las cosas de un modo distinto al año pasado. Pero no puedo saberlo. Me da la sensación de que buscan poner sus demandas en el debate, con lo que les ha ido bien. Además, con la situación política actual, después del plebiscito, pensando en la Constitución, el momento político en Chile es muy distinto al que teníamos en enero y creo que aprovecharán este momento, y no forzarán algo que tiene bastante rechazo. Lo que vemos hoy en las redes sociales es que hay muchos jóvenes enojados con la Aces frente a la posibilidad de que tengan que dar una prueba en malas condiciones. Además, ya hubo un cambio en las pruebas, con una gran reducción de contenidos. El principal factor de inequidad de la PSU era que medía todos los contenidos mínimos obligatorios del currículum, y eso, en un país donde tenemos desigualdad de oportunidades, hacía que a un sector de la población le preguntásemos materias que nunca les enseñaron. Eso se acabó y es extraordinario. Pero una demanda como la de la Aces, si llega a tener éxito, lo que pasa por grandes consensos, no se concretaría tan rápido y eso significaría rechazar las mejoras que se están haciendo y que pierdan esta generación y las siguientes.

¿Se refiere a la demanda de acceso universal y sin selección a las universidades?

Claro, sobre eso no solo no hay consenso, sino que no hay condiciones. Tendrían que estar de acuerdo las universidades y derogarse una ley que se aprobó hace poco (Ley de Educación Superior). Eso no va a ocurrir tan rápido.

¿Qué llamado haría a los jóvenes de la Aces?

Los hemos invitado a discutir y no han querido. Puedo pensar que su interés sea poner sus temas en el debate, lo que no está mal. El problema es que eso no debe dañar las oportunidades de sus compañeros y compañeras, ni un sistema que con todo está funcionando de la mejor manera en que puede funcionar, y con cambios que realmente costó mucho hacer.

Luego de la Prueba de Transición, que durará dos años, ¿qué cambios vienen?

La gran modificación es cambiar el enfoque de una prueba de contenidos, hacia una prueba donde se evalúen competencias. Es decir, será una integración de habilidades y contenidos con enfoque en la resolución de problemas en distintos contextos. Para poder ver qué somos capaces de hacer con los contenidos aprendidos, tenemos que estar seguros de que sí fueron enseñados.

Esta vez se permitió que las universidades dieran menos ponderación a la PDT a favor del NEM y el ranking, pero pocas lo hicieron. ¿Cree que no pusieron de su parte para tener un acceso más justo?

No es tan claro que con eso (el cambio de ponderación) se haga justicia. No es tan evidente, porque también es justo que las universidades acepten el ingreso de personas que son capaces de sacar adelante la prueba. Ese es uno de los problemas del acceso universal, al que se le critica que es una venta de ilusiones. El principio que está detrás de que se obligue a las universidades estatales a seleccionar con pruebas es que no ingresen a personas que luego van a botar, porque al no estar bien seleccionados, no las pueden sacar adelante. Ese compromiso es distinto, dependiendo de la carrera y la universidad. Justicia también es no vender una ilusión, por eso los cambios son graduales y hay que monitorearlos, porque la educación involucra recursos también. Y aquí no solo se puede botar plata, sino que también la dignidad de las personas. A una persona que ingresa a la universidad por la puerta ancha, y al cabo de un año sale eliminada, es un fracaso y eso tiene costos en su vida. Es difícil decir qué es justo, yo creo que lo justo va más allá de un acceso amplio, tiene que ser ajustado y pertinente.

Considerando que el año escolar fue muy irregular, producto de la crisis sanitaria, y que la prueba se dividirá en dos grupos, ¿está asegurado que la medición será objetiva para todos?

Sí, por supuesto, porque en el proceso pasado ya tuvimos tres aplicaciones de la PSU y creamos un método para que, independientemente de si el postulante rendía la prueba en cualquiera de las oportunidades, a igual desempeño le toque el mismo puntaje. Respecto de perjuicios por la pandemia, las pruebas de selección lo que hacen es ordenar a las personas de una generación en una escala, y los resultados se ajustan al puntaje, que va de 150 a 850 puntos, con una media de 500. Lo que preocupa, como injusticia, es lo que pase con las brechas. En la última PSU pensamos que iban a explotar las brechas, porque los sabotajes estuvieron localizados en ciertas comunas. Pero no pudimos probar que hubiera un perjuicio.