Ley de Migraciones: Defensoría de la Niñez alerta sobre iniciativa que prioriza acceso a la educación de chilenos por sobre extranjeros

En la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados prosiguió el debate del proyecto que modifica la actual Ley de Migración y Extranjería. Esta jornada fue invitado el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, para hablar sobre los puntos que afectan a niños, niñas y adolescentes (NNA).

Durante su presentación, Quesille efectuó recomendaciones respecto a dos artículos que se ven desde el punto de la niñez. Sin embargo, realizó una alerta por una indicación ya aprobada. Esta corresponde a la iniciativa que señala que el Estado garantizará el acceso a educación para extranjeros menores de edad. Sin embargo, indica que “tal derecho no podrá denegarse a causa de su condición migratoria, pero sí podrá priorizarse para asegurar el derecho de los nacionales”.

Por ello, el defensor de la Niñez planteó que “puede contribuir a generar algunas dificultades al momento de compatibilizar este proyecto de ley con el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”.

“La falta de matrícula, los cupos, verdad, las listas de espera, no es un problema que está asociado directamente a la migración”, explicó Quesille, añadiendo que “es un problema de política pública educacional respecto del cual el Ministerio de Educación se debe hacer cargo para asegurar un derecho y garantizarlo”.

“Por lo tanto, creemos que, en definitiva, sostener esta indicación podría implicar escenarios importantes de discriminación arbitraria contra niños, niñas y adolescentes”, aseveró.

El defensor de la Niñez reiteró que esto no es un tema de política migratoria, sino que es un tema de “política educacional”, y que ellos como Defensoría también están involucrados, sin hacer una diferencia entre si es extranjero o no.

No obstante, aclaró que “la agenda de la Defensoría de la Niñez no es la migración, o como se dice muchas veces por ahí, no es la migración de puertas abiertas e indiscriminadas, sino que simplemente la obligación que tiene el Estado de contar con una política migratoria que permita justamente garantizar la seguridad de Niños, Niñas y Adolescentes en todos los contextos y sin discriminación”.