Ley de Usurpaciones: ministro Elizalde dice que se hará uso del veto para “perfeccionar” el proyecto aprobado en el Congreso

Este jueves, el ministro secretario de la Presidencia, Álvaro Elizalde, se refirió a las observaciones que presentará el Ejecutivo a la ley de usurpaciones que fue aprobada en el Congreso Nacional.

El gobierno debe enviar a más tardar el próximo 29 de septiembre sus observaciones al proyecto de ley que endurece las medidas en contra de la usurpación de propiedades, que fue despachado el 30 de agosto pasado por el Congreso.

De acuerdo a la Constitución actual, el Presidente de la República, Gabriel Boric, tiene un plazo de 30 días para devolver el texto al Poder Legislativo con sus respectivas observaciones, también llamadas “vetos”.

Al respecto, el titular de la Segpres señaló: “Hemos sido claros desde el primer día: en el caso de la ley de usurpaciones nosotros creemos que se requiere una nueva ley que entregue herramientas al imperio del derecho con celeridad y proteja a quienes han sido víctimas de estos delitos, pero que respete un principio básico, que en Chile los conflictos jurídicos entre particulares no se resuelven a través de la violencia”.

En ese sentido, aseguró que “este principio no esta resguardado en el texto aprobado en el Congreso Nacional y por eso fuimos muy explícitos para señalar que íbamos a vetar esta iniciativa para perfeccionarla, corregirla”.

“Somos partidarios de una ley que esté a la altura de lo que se requiere, que proteja adecuadamente a quienes son víctimas de estos delitos y que establezca mecanismos expeditos para el restablecimiento del imperio del derecho, pero bajo ninguna circunstancia una ley que promueva la violencia entre particulares, recalcó.

Sobre el plazo para presentar las observaciones, para lo que restan solo ocho días, Elizalde dijo que “se van a presentar obviamente en el plazo correspondiente”.

Asimismo, reveló que “se han tenido reuniones con el oficialismo”, entre quienes hay acuerdo -aseguró- y adelantó que durante la jornada de este jueves “se van a tener también reuniones con representantes de la oposición”.

De todas maneras, el ministro de Estado prefirió no entregar detalles de la “fórmula técnica” que tendrá el veto.

Según han manifestado desde el Ejecutivo, el objetivo principal del veto es eliminar la “legítima defensa privilegiada”, que le otorga a un privado el derecho de poder recuperar por la fuerza propia (sin auxilio de Carabineros) su propiedad usurpada. Ese principio, sumado a la figura de la “flagrancia permanente”, es decir mientras dure la toma, el delito se sigue cometiendo, permite a particulares proceder en cualquier momento para rescatar sus inmuebles.

Si el gobierno presenta un veto sustitutivo “global”, es decir, un documento que reemplace todo el texto que aprobaron el Senado y la Cámara, esto obligará al oficialismo y a las fuerzas opositoras y no alineadas (como la DC, PDG, Amarillos y Demócratas) a votar la propuesta del gobierno como si fuera un paquete cerrado.

De ser así, el planteamiento gubernamental requiere sólo de una mayoría simple en ambas ramas del Congreso para ser aprobado. Sin embargo, si es rechazado, no habría ley, por el mismo hecho de que el veto reemplaza en forma íntegra el escrito despachado por el Parlamento.

En caso de que fuera desechado este veto presidencial, la Constitución da una última chance, que los senadores y diputados reúnan dos tercios de ambas cámaras para imponer el texto original que el Presidente se resistió a promulgar. No obstante, reunir dos tercios del Congreso (33 senadores y 89 diputados) es una tarea casi imposible para la oposición.