Los hitos en los 10 años de la Ley de Transparencia

Cuando la Ley de Transparencia fue publicada en el Diario Oficial el 20 de agosto de 2008, muchos sabían que se les vendría más de un dolor de cabeza. No solo porque la legislación dejaba expuesta información que hubieran preferido que no saliera a la luz pública, sino que también porque se establecía un plazo de 21 días para que los datos llegaran a manos de quien los había solicitado.

Fue así como la ciudadanía se fue acostumbrando a que desde entonces la información comenzaba a estar de su lado.

Desde 2009 a la fecha se han realizado 476.699 solicitudes de acceso a la información a través del sitio web dispuesto para estos fines: municipalidades, ministerios y hospitales, todos han sido consultados en alguna ocasión.

Entre estas solicitudes han aparecido datos que dejan al descubierto casos de corrupción, decisiones tomadas con arbitrariedad y un sinfín de irregularidades, que antes hubieran permanecido en la opacidad sin esta herramienta.

Por lo anterior, y para conmemorar el aniversario número 10 de la legislación, desde el Consejo para la Transparencia crearon un libro llamado "¿Cómo la Ley de Transparencia ha permitido detectar casos de corrupción e irregularidades en el Estado chileno?". En el texto figura un listado con 10 escándalos mediáticos dados a conocer por distintos medios de comunicación, gracias a solicitudes de acceso a la información.

El incumplimiento en las condiciones de uso de terrenos realizado por Cema Chile, el famoso episodio de los "concejales on tour", el alza "exprés" en los sueldos de algunos funcionarios de Gendarmería y las irregularidades detectadas en la construcción del mall Costanera Center, son solo algunos de los casos que figuran el listado (ver recuadros).

Sin embargo, en estos 10 años también ha habido solicitudes que por complejas, específicas o mal planteadas no han tenido una respuesta: 25.410 de ellas han ingresado al Consejo para la Transparencia y en 681 casos se han interpuesto recursos de ilegalidad, ya sea por parte de las instituciones o de quien solicita los datos.

En promedio, durante 2017 81% de los órganos centrales del Estado fueron fiscalizados por su acceso a Transparencia Activa (actualización mensual de datos relevantes). Un 74% de los municipios también fue sometido al mismo procedimiento.

Tras una década en funcionamiento, desde el Consejo ya planean las primeras modificaciones para la legislación. "Empezamos un trabajo de conversación con el Poder Ejecutivo con el fin de analizar la ley y ver qué modificaciones se requieren para los próximos años. Lo importante es desfragmentar el sistema e incorporar distintos organismos que hoy no están", explicó el presidente del consejo, Marcelo Drago (ver entrevista secundaria).

El pasado jueves, las conversaciones se hicieron realidad. Así lo explicó en la ocasión el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, quien afirmó que "iniciamos un trabajo formal para presentar una reforma a la Ley de Transparencia en una mesa técnica en donde participa el Consejo para la Transparencia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia"

Por su parte, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, valoró la política, afirmando que es "sin duda la reforma más profunda que ha sufrido el Estado, la modernización más radical que se ha hecho, ha cambiado el hábito de los chilenos y se ha constituido en un ejemplo internacional por la profundidad que tiene, con todo necesita una actualización".

Cema Chile

El Centro de Investigación Periodística, Ciper, publicó en 2012 un reportaje que relataba la cesión gratuita del Estado de 113 propiedades a la Fundación de Centros de Madres. La entidad fue presidida por Lucía Hiriart, esposa de Augusto Pinochet. Según la documentación del Consejo, 111 donaciones fueron autorizadas por el propio Pinochet. La información que publicó Ciper permitió descubrir que por las ventas de los terrenos Cema habría ganado US$ 7,7 millones.

Mal uso de casas fiscales

El sitio web de Radio Bío Bío realizó una investigación que revelaba cómo algunos funcionarios públicos del Gobierno Regional del Biobío, en 2017, habían accedido al beneficio de arriendo de viviendas fiscales. El reportaje relataba que los empleados fiscales pagaban 60 mil pesos mensuales y tenían sueldos que en la mayoría de los casos superaba los 2 millones. Se trataba de 188 viviendas. Radio Bío Bío, al igual que otros medios, solicitó la información vía Ley de Transparencia.

Especialización Médica

En un nota publicada en 2016, El Mercurio dio a conocer los casos de médicos que realizaron becas de especialización con fondos estatales. Sin embargo, ninguno de ellos había cumplido con la retribución de dicho beneficio. Gracias a la información obtenida, se pudo conocer que entre 2008 y 2015 se había inhabilitado a 63 médicos por no cumplir con la beca. Además que 28 becarios fueron llevados a la justicia por el Estado. En su momento, el Colegio Médico respaldó las demandas en contra de quienes no habían cumplido.

Costanera Center

En otro de los reportajes de Ciper Chile se dieron a conocer las gestiones de la ONG Defendamos la Ciudad por las supuestas anomalías de los permisos de edificación y estacionamientos del mall Costanera Center.

Aunque al comienzo no habían podido acceder a la información, pues la empresa se negaba a entregarla, el Centro que dirige la periodista Mónica González, gracias a la entrada en vigencia de la ley, obtuvo antecedentes de gestiones irregulares que, según Ciper, había en la construcción .

Pagos irregulares

Tras la publicación de sitios web de Transparencia Activa, se detectaron pagos irregulares de horas extras en el 2013. A partir de eso, en Mega se realizó un chequeo de información en la Municipalidad de Quilicura , donde se encontró el pago de 500 mil horas extra , que equivalían a alrededor de $1.500 millones de pesos, en dos años. La información entregada por Ahora Noticias permitió saber que una cantidad importante de funcionarios duplicaban sus sueldos con esa medida.

Gobernadora de Chiloé

En 2014, el diario La Tercera publicó una información que denunciaba que la gobernadora de Chiloé estaba calificada como "indigente" en la Ficha de Protección Social (FPS).

De esa manera, utilizaba los recursos del Estado y se ubicaba dentro del 1 % más pobre del país. Dicha información se destapó por un certificado que había sido emitido por el Ministerio de Desarrollo Social, al que accedió este diario. La gobernadora en 2007 había sido funcionaria del Registro Civil y ganaba un millón de pesos.

Administrador municipal

En 2017, el diario Atacama de Copiapó denunció que el administrador municipal de la comuna de Tierra Amarilla, tenía dobles contratos con el propio municipio. Según la publicación de la época, el funcionario había ganado más de 30 millones de pesos. La cifra se sumaba a la remuneración que había obtenido como empleado fiscal. La información que permitió realizar el reportaje se hizo a través de Transparencia Activa.

Al caso del administrador se sumaron también los cuestionamientos al alcalde de la época.

Concejales viajeros

En julio de 2013, el programa Contacto denunció cómo concejales de distintos municipios viajaron dentro y fuera de Chile para recibir supuestas capacitaciones. La investigación del espacio televisivo, que realizó 345 solicitudes de transparencia, dio cuenta de que entre 2014 y 2015 los municipios habían gastado 8 mil millones de pesos en estos ítems. No se pudo constatar si ese era realmente el total utilizado, pues 42 municipios no respondieron a las preguntas que hizo el programa de investigación.

Aumentos exprés

En 2016, la prensa dio a conocer el caso bautizado como "jubilazo", donde se reveló el monto de varios exfuncionarios de Gendarmería que se habían retirado con montos altos, como sucedió con Miriam Olate, la exesposa del entonces Presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade. El Mercurio revisó las diferencias de remuneraciones en 198 funcionarios de esa institución que habían jubilado entre 2014 y 2016, La publicación detectó que el 71% de las pensiones revisadas era superior al monto máximo establecido por la Contraloría.

Médicos sin control

Ciper Chile y la revista Qué Pasa publicaron un reportaje donde se pudo conocer que los médicos en el sector público no cumplían los horarios de trabajo que establecían sus contratos: se investigó a San Borja, Barros Luco, Félix Bulnes, Salvador y Sótero del Río. La recopilación se hizo a través de la Ley de Transparencia y se pidió copias de los libros de asistencia del año 2009. Lo que hizo Ciper fue detectar cómo los facultativos incumplían sus horarios en el sistema público, pues se superponían con los de sus consultas privadas.