Los hitos que marcaron el secuestro de exmilitar venezolano Ronald Ojeda

Tras nueve días desaparecido, este viernes el cuerpo del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno (32) fue encontrado en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana, enterrado en las cercanías de un campamento.

De acuerdo con lo detallado por la Policía de Investigaciones (PDI), los restos fueron hallados bajo una capa de cemento, a 1,40 metros de profundidad y los trabajos incluyeron maquinaria pesada para desenterrar el cadáver.

Esto, tras diligencias realizadas por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana y la PDI, quienes detuvieron a un sujeto venezolano de 17 años implicado en el caso. Esto llevó a que los equipos especiales llegaran hasta un campamento en la comuna de Maipú -específicamente en camino a Melipilla con Av. Pajaritos-, donde tras una serie de indagaciones encontraron el lugar donde estaba enterrado el cuerpo.

Según lo informado, el único detenido será formalizado el sábado a las 11 de la mañana en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, en el Centro de Justicia de Santiago. El cargo: secuestro con resultado de muerte. Sin embargo, desde la PDI indicaron que hay otros dos sujetos vinculados con el crimen que estarían identificados.

Revisa aquí los hitos que han marcado el caso:

Alrededor de las 3.15 de la madrugada del pasado 21 de febrero, el exteniente coronel venezolano Ronald Ojeda fue secuestrado en su domicilio en la comuna de Independencia por cuatro individuos encapuchados que simularon ser detectives de la Policía de Investigaciones (PDI). Las cámaras de seguridad registraron que los sujetos utilizaron cascos, chalecos antibalas y armamento a la hora de sacar al exmilitar.

Lo retiraron del lugar amarrado y en ropa interior y lo trasladaron hasta un lugar desconocido en un vehículo Nissan Versa que posteriormente fue encontrado en Renca, a solo 19 minutos del departamento de Ojeda. Este fue periciado por la PDI ya en la mañana del día siguiente, a las 11.00 am, unas ocho horas después de los hechos.

Tras ello, las indagatorias se centraron en tres líneas investigativas: una operación de agentes de inteligencia de Venezuela, un ajuste de cuentas por parte del crimen organizado o bien un autosecuestro.

Desde el gobierno, el primero en responder sobre el tema fue el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, el 22 de febrero. “El gobierno se hace cargo de todas las hipótesis posibles, en ese contexto, durante la mañana el gobierno le ha pedido a las policías que refuerce los controles fronterizos. Tanto a Carabineros de Chile, que tiene a cargo el control de las fronteras, como a la Policía de Investigaciones, que tiene a cargo el control migratorio”.

Además, ese mismo día, el Presidente Gabriel Boric interrumpió sus vacaciones y participó de manera telemática en una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá; el canciller Alberto van Klaveren; el titular de Justicia, Luis Cordero; y el subsecretario Monsalve para reunir los primeros antecedentes que manejaban hasta ese momento.

El gobierno anunció tras esa reunión que presentaría una querella por el caso, además de comenzar a realizar gestiones diplomáticas por medio del embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, realizar un reforzamiento de los controles fronterizos y un aviso a la Interpol.

Este hecho se materializó finalmente el 27 de febrero, cuando el ministerio de Interior ingresó la querella al 3° Juzgado de Garantía de Santiago “contra todos de quienes resulten responsables, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, por los delitos de secuestro, porte ilegal de arma de fuego y cualquier otro ilícito que pueda configurarse a partir de los hechos investigados por el Ministerio Público”.

El 22 de febrero, al día siguiente de que se conocieran los hechos, Diosdado Cabello, reconocido como el “número 2 del chavismo”, rechazó la hipótesis de que su país hubiese estado involucrado en el secuestro del disidente al régimen de Nicolás Maduro e ironizó al respecto. “Es que nosotros somos unos campeones. Si nosotros podemos hacer eso, ¿Quién nos para en este mundo?”, dijo.

El 25 de enero, el medio venezolano La Razón planteó la hipótesis de que el convenio firmado entre Chile en enero de este año para promover y mejorar “la relación en materia de colaboración policial entre Chile y Venezuela” abrió la puerta para que se concretara el secuestro. Dicha idea fue rechazada al día siguiente por el subsecretario Monsalve, quien la catalogó derechamente como “una total mentira”.

El 26 de enero el Gobierno realizó una solicitud expresa al director de la PDI, Sergio Muñoz, para la disposición, dentro de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), de un equipo únicamente abocado al caso del exmilitar venezolano. La unidad está integrada por efectivos de la BIPE-Antisecuestros, quienes reciben la colaboración de detectives de otras unidades especializadas de la institución. Todos, a cargo del subprefecto Hassel Barrientos.

Tres días después de conocerse el caso, comenzaron a llegar las primeras críticas al gobierno por el manejo de la situación. Desde Renovación Nacional expresaron su “mayor preocupación por la seguridad e integridad de diversos exiliados o refugiados de la dictadura de Nicolás Maduro en nuestro país”. Luego enfatizaron que el Estado tiene “la calidad de garantes de su seguridad, por lo que exigimos al gobierno la adopción de las medidas de resguardo necesarias”.

El 27 de febrero, Tohá criticó la opción de realizar una sesión secreta de la Cámara de Diputados por el tema y la calificó de “un sinsentido total”. Esto, reforzando el hecho de que la investigación se mantiene en carácter de secreto.

El 28 de febrero, la ministra del Interior se reunió con los líderes de los partidos de oposición para poder recabar antecedentes por el caso. Tras la reunión, las principales críticas estuvieron dirigidas a la figura de Juan Andrés Lagos, dirigente del Partido Comunista y asesor en el ministerio del Interior, luego que éste cuestionara la hipótesis de que el régimen de Maduro pudiera estar involucrado en el secuestro.

El tono de las críticas contra el Partido Comunista (PC) y la participación de algunos de sus miembros en materias relacionadas a la investigación siguió aumentando.

El 1 de marzo, desde Republicanos, solicitaron que la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), se restara de las reuniones sobre el caso. “Al tratarse de los máximos intereses del Estado, consideramos que la ministra Vallejo y su partido carecen de la independencia suficiente para representar de manera imparcial los intereses del Estado de Chile”.

De igual forma, al día siguiente, la ministra Tohá se reunió con la directiva de Amarillos por Chile, desde donde matizaron las críticas hacia el PC. Al respecto, el diputado Andrés Jouannet, aseguró que “aquí no es llegar y andar enlodando partidos y tratando de instalar películas que no son”.

Al mismo tiempo destacaron la respuesta desde el gobierno, donde les señalaron que la investigación avanzaba y pidieron despejar las dudas sobre la intervención de agentes extranjeros en suelo nacional.