Los peligros de trabajar en dos ruedas

Fue una mujer la que llamó a Carabineros desde la calle El Recurso, en Buin. Dijo que afuera de su casa se encontraba una persona herida. Cuando los uniformados llegaron, a las 20.23, vieron a un hombre sin vida, con las marcas del impacto de dos balas en su abdomen. Al revisar sus documentos, se dieron cuenta de que su carné de identidad decía que se llamaba Jorge Lecaros.

La testigo señaló que había salido de la casa dos horas antes, al sentir el ladrido de los perros en el jardín. Entonces, vio a un repartidor que venía en una moto Yamaha y una mochila verde de Uber Eats. El sujeto dijo que traía un orden de sushi, pero ella respondió que era un error, que no había pedido nada. Cerró la puerta, porque sintió temor de ese hombre alto y fornido. Tres minutos después, escuchó siete disparos que venían de la calle y el ruido de dos autos y una moto corriendo a gran velocidad. Al asomarse a la ventana, la mujer vio que el repartidor estaba tirado en el suelo.

El homicidio ocurrió el 24 de junio, pero aún no hay certezas sobre quiénes son los responsables. Al día siguiente, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, lamentó lo sucedido: “Extrañamente, apareció un sujeto, suponemos, al menos, quien disparó y dio muerte al repartidor. Fue una emboscada”.

La investigación busca aclarar cómo se organizó el asalto. En el lugar no había cámaras de seguridad. “Era una persona con metas, que amaba andar en moto y por eso trabajaba repartiendo comida. Su familia está destrozada”, dice un amigo de Juan Lecaros, quien pidió mantener en reserva su identidad.

Desde que empezó la cuarentena, los delivery han sido catalogados como un servicio esencial y han funcionado en todo momento. Son de los pocos gremios que no han sufrido cambios significativos. De hecho, la carga de trabajo en aplicaciones es mayor por la gran demanda de usuarios.

Según los datos del especial Puertas Adentro de La Tercera, los pedidos en Rappi subieron un 250% y en Uber Eats un 100% durante el confinamiento. El problema, aseguran los repartidores, es que esta nueva realidad ha venido acompañada de la inseguridad por el aumento de robos con violencia que los afecta. Les quitan motos y celulares.

En la Subsecretaría de Prevención del Delito señalan que no hay cifras respecto de este tipo de delitos, ya que no clasifican los robos según la ocupación de las víctimas. Tampoco hay en el Ministerio Público o en Carabineros. Al ser trabajadores sin contrato, a las autoridades les resulta complejo seguir caso a caso.

Las únicas cifras disponibles son las órdenes de investigar que llegan a la PDI respecto de personas que informaron ser repartidores. Desde marzo a junio de este año se ingresaron cinco robos con intimidación y dos por robos con violencia.

Las autoridades han entregado la recomendación a los conductores de estar atentos a las condiciones del tránsito.

Frente a la poca seguridad, los repartidores han intercambiado sus propias medidas de prevención. Intentan no aceptar pedidos previos al toque de queda y evitan comunas consideradas “peligrosas”. Para evitar zonas de mayor riesgo, sin embargo, tienen una gran dificultad: las aplicaciones impiden que los nuevos repartidores elijan los lugares donde quieren trabajar. El algoritmo los dirige siempre a comunas con menor demanda, las menos deseadas. Únicamente los más antiguos -y mejor calificados- pueden elegir a dónde ir.

Los trabajadores que deben conducir solos por las calles hoy hacen frente al creciente riesgo de ser asaltados. Pese a ser un servicio esencial en medio de la pandemia, no hay medidas que les permitan trabajar con seguridad. Además, señalan que lo más complicado es que las aplicaciones no se hacen responsables frente a estos hechos.

“Si me roban no hay ningún tipo de protección de parte de las empresas. No hay seguros contra accidente ni garantía social. Jamás lo ha habido”, dice Daniel Lara, repartidor de Pedidos Ya.

Algunos trabajadores han optado por medidas extremas, formando grupos de autodefensa para perseguir a los ladrones y recuperar las motos robadas. El domingo 7 de junio, un grupo de personas llegó con palos y piedras a una casa del barrio Yungay para enfrentar a un vecino que, supuestamente, había robado una bicicleta. Según testigos, se formó una persecución con disparos incluidos. Estos mismos enfrentamientos se han repetido en varios lugares de Santiago.

Uber Eats informó a La Tercera que cuentan con una serie de herramientas para sus colaboradores. Entre ellas está un área de soporte disponible durante todo el día, un botón dentro de la aplicación para llamar al 133 y la configuración de un “contacto de confianza”. Todos los viajes, aseguran, cuentan con un seguro de accidentes personales y de responsabilidad civil.

“Tenemos el caso de un repartidor que fue a entregar una pizza desde Recoleta a Huechuraba. Un grupo de personas lo asaltó para quitarle sus cosas y el pedido. Una de las balas quedó en su cuerpo. Y la aplicación para la que trabaja le cobró el valor de la pizza que no fue entregada. Ahora ha vuelto trabajar, aún con la bala en el cuerpo”, comenta Daniel Lara, quien también es vocero de Riders Unidos, la primera plataforma que agrupa a trabajadores de repartos.

Es la primera vez que se organizan de esta manera en Chile, replicando lo que está sucediendo en varios países. Como no existe un contrato, son lo más parecido a un sindicato al interior de un gremio que se siente totalmente precarizado. Para ellos, la inseguridad es solo una parte de los problemas que los afectan. Acusan la falta de una regulación laboral clara como la principal queja.

Según sus cálculos, un repartidor debe trabajar cerca de 13 horas durante los siete días de la semana para ganar un sueldo mensual que varía entre 500 mil y 600 mil pesos.

“Nos sentimos expuestos en la calle, no tenemos ningún tipo de protección social, ni las más mínimas garantías. Estamos exigiendo una relación laboral, estas empresas lo sustituyeron por algoritmos. A través de la aplicación nos dan órdenes, no tenemos autonomía para ser independientes como tal, como lo fomentan. No tenemos acceso a seguros, cotizaciones ni licencias médicas”, señala Lara.

Riders Unidos está preparando un paro nacional de repartidores para el viernes 28 de agosto. Lo hacen para apoyar a un grupo de siete repartidores que presentó una demanda colectiva ante el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago en contra de Pedidos Ya, tras haber sido desvinculados de la aplicación. La acción busca que se declare la nulidad del despido y el reconocimiento de la relación laboral. La demanda es patrocinada por la Fundación Instituto de Estudios Laborales y cuenta con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores. “En consideración al proceso judicial al que se hace referencia, como PedidosYa no nos referiremos a su desarrollo, considerando que es un proceso en curso”, dicen desde la empresa.

A fines de julio se realizó la audiencia preparatoria, en la que ambas partes revelaron las pruebas documentales, testimoniales y confesionales que ofrecerán en el juicio, que fue agendado para el 2 de noviembre.

“La autonomía desapareció. Ahora te exigen horas de conexión, porcentaje de aceptación, si no llevas un pedido te lo cargo a la cuenta. Una serie de elementos donde estamos bajo un sistema de subordinación y dependencia que no tiene ningún tipo de regulación. Siguen aplicando condiciones como les parece y nosotros dependemos de la buena o mala voluntad del sistema. Toda la responsabilidad recae sobre el conductor”, comentan desde Riders Unidos.