Los vínculos de los funcionarios del Minvu tras la presunta red de corrupción

De los 21 imputados en la causa que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte por la presunta red de corrupción en el Ministerio de Vivienda (Minvu), cuatro son funcionarios de esa repartición y están en prisión preventiva desde el fin de semana.

La investigación, que se inició en 2018 debido a unos reportes de la Unidad de Análisis Financiero, es llevada por el Ministerio Público en conjunto con la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI.

De los imputados que trabajaban en el Minvu, todos ejercían sus funciones en el segundo piso del ministerio, donde se encuentra la División de Informática, específicamente en lo que tiene que ver con la plataforma tecnológica de subsidios. Desde ahí se hacían cargo de labores operativas informáticas, pero no tenían ninguna injerencia en la asignación de subsidios habitacionales.

El viernes de la semana pasada, cuando se destapó el caso, la cartera inició un sumario contra los cuatro funcionarios.

La jefa del grupo era la funcionaria María Cristina González Ilarrázabal, quien ingresó a trabajar al Minvu en junio de 2004. Pese a que González es quien tenía el cargo más alto, según los antecedentes dados a conocer por el Ministerio Público en la formalización, el funcionario Marco Andrés Rivas sería quien "dirigía" el entramado de presuntos ilícitos y quien hacía el contacto con las empresas externas al Minvu.

Según fuentes de la causa, Rivas, cuya profesión es ingeniero informático, en su rol de evaluador de ofertas de servicios tecnológicos generó que una serie de empresas, que funcionaban como pantalla de otras firmas de las cuales Rivas era socio, se adjudicaran contratos de desarrollo informático. Con esas compañías el imputado concertaba el pago de un monto de dinero a cambio de garantizar que dichas sociedades obtendrían las licitaciones.

Ese "modelo de negocios" implicaba que Rivas, con acuerdo del resto de los funcionarios, les pagara una comisión para que no alertaran sobre las irregularidades y dieran curso a las adjudicaciones sin denunciar que varias de las firmas tenían vínculos con él y no cumplían con los requisitos. Ahí es donde entraban González y Cristián Labra Peña, Alejandro Jara y Marco Duarte. Este último dejó de trabajar en el Minvu a fines del año pasado.

Quienes conocen la forma en que operaban estos funcionarios comentan que ellos mismos tenían las claves de Chile Compra -la plataforma digital para realizar compras públicas- y a través de ese sistema habrían vulnerado los controles. Al tener todo el manejo de los llamados que ellos mismos publicaban, les avisaban a las empresas con quienes tenían vínculos para que presentaran sus ofertas y así mantener el control del sistema. Las mismas fuentes señalan que, en general, quienes trabajaban en esta unidad abrían compras por un monto menor a 1.000 UTM para evitar las licitaciones, lo cual genera que las adjudicaciones sean más discrecionales.

En la formalización, la fiscalía detalló que Rivas, desde 2014 hasta la fecha, recibía una remuneración que fluctuaba entre $ 1,8 y $ 2,5 millones. Por los pagos que se producían con las empresas a quienes favorecía, el Ministerio Público acreditó ante el tribunal la recepción de casi $ 500 millones. Ese dinero, posteriormente, habría sido lavado mediante la adquisición de varios bienes. Entre ellos, los persecutores listaron una serie de propiedades, vehículos, testaferros e inversiones.