Ludmila Palazzo (Unicef), sobre reforma al sistema de adopción en Chile: “La gratuidad tiene que ser asegurada en el proceso en todas sus etapas ”

Ludmila Palazzo, experta en protección de la niñez, Unicef.
Ludmila Palazzo, experta en protección de la niñez de Unicef.

La especialista en protección de la niñez de Unicef afirma que desde el organismo se valora el proyecto presentado por la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Aunque recalca la necesidad de ajustar las indicaciones relacionadas con gratuidad del servicio, involucramiento de entidades privadas y adopción por familias de acogida. "Siempre hay aspectos que mejorar", dice.


La semana pasada el Gobierno reactivó el proyecto de reforma integral al sistema de adopción en Chile. Fue en ese contexto que la ministra de Desarrollo Social y Familia (Mideso), Javiera Toro, presentó indicaciones a la iniciativa que lleva en el Congreso desde 2013 y que hoy se encuentra en segundo trámite constitucional con calificación de suma urgencia. En rigor los cambios serían cuatro incorporación del subsistema de adopción en el sistema de garantías; protección integral; plazo de tres años para adopción y revinculación familiar en plazo de 12 meses; derecho a conocer orígenes e identidad.

Si bien la titular señaló que tales indicaciones establecen una actualización de la institucionalidad de la niñez y adolescencia, además de evitar largos procesos de protección, la especialista en protección de la niñez de Unicef, Ludmila Palazzo, expresa a La Tercera la necesidad de subsanar aspectos relacionados con la gratuidad del servicio, involucramiento de entidades privadas y adopción por familias de acogida que de mantenerse como están “pueden ser un peligro en materia de adopción”.

¿Cuál es su opinión sobre el escenario de adopción actual en Chile?

Esta reforma es muy necesaria por lo que tenemos hoy como sistema de adopciones y también porque en los últimos años el país ha evolucionado mucho respecto a otras normativas: el sistema de protección integral, con la ley de garantías; la creación del nuevo servicio de protección especializada y otras reformas en curso como la reforma de tribunales de familia. Así que amerita reformar integralmente el sistema de adopciones para mejorar y alinearlo a los estándares internacionales existentes en esta materia y también armonizarlo con las normativas actuales del país.

¿Qué cambios trajo la reforma del sistema de adopciones anunciado por la ministra Javiera Toro?

El proyecto se enfoca en el interés superior del niño y desde Unicef lo valoramos. Ahora, es importante que el proyecto, las indicaciones y la discusión también vengan a concretar de mejor manera qué significa en materia de adopción asegurar el interés superior del niño sobre todo cuando es el juez quien tiene la decisión final. Para operacionalizar este principio va a ser necesario alinear el proyecto con lo que define la ley de garantías y otros estándares como la Convención sobre los Derechos del Niño. Algunas de las excepciones que aún se mantienen en el proyecto y en las indicaciones pueden dificultar la consideración primordial del Interés Superior del Niño.

¿En qué sentido?

Por ejemplo, desde los estándares internacionales se dice que para resguardar el interés superior del niño en materia de adopción hay que asegurar que todos los otros intereses sean eliminados. O sea, que no puede haber ningún otro interés de ninguna otra parte en materia de adopción. No de la familia que quiere adoptar, no de los abogados, no del servicio de protección especializada. Esos intereses deben ser irrelevantes frente al interés superior del niño.

¿Qué ajustes necesita el proyecto para asegurar el interés superior del niño?

En esta materia de cómo asegurar el interés superior del niño el proyecto de ley que reforma el sistema de adopciones en Chile necesita aún algunos ajustes en sus indicaciones. Por ejemplo, gratuidad. Este es un ámbito que tiene que ser asegurado en el proceso de adopción en todas sus etapas y en todos los servicios y procedimientos asociados, sean estos legales o sociales, como por ejemplo el trabajo con una familia para preparar o evaluar su idoneidad para adoptar. Todo ese proceso tiene que ser asegurado por el Estado de manera gratuita para que no exista ningún incentivo financiero o discriminaciones respecto a las familias que son candidatas a adopción.

Cambios procesos de adopción. Foto referencial.
Cambios procesos de adopción. Foto referencial.

¿Como cuáles?

En la indicación del artículo 4 inciso 5 que dice relación con el pago por servicios profesionales que se presten durante el curso de los procedimientos regulados en esta ley, ya sean de carácter legal, social o de ámbito de la salud. La excepción en estos procedimientos podría ser mal utilizada. Hay otro punto relacionado con el involucramiento de entidades privadas en los procesos de adopción. De acuerdo con otras normativas nacionales, muchos países han eliminado la posibilidad de involucramiento de entidades privadas en el proceso de adopción para evitar conflictos de interés.

¿En Chile los organismos colaboradores deberían abstenerse del proceso de adopción?

Como Chile tiene ese modelo de financiamiento del servicio de protección especializada que incluye la adopción, además de otros tantos servicios que funcionan con subvención a organismos colaboradores, eso también significa un riesgo enorme de conflicto de interés porque muchos de esos mismos proveedores son los que tienen a los niños en cuidado alternativo. Si yo soy el servicio que tiene a los niños en cuidado alternativo también seré el servicio que mantiene un departamento o programa de adopción, en principio no hay una correcta división entre funciones y roles. Es importante que un servicio o programa de adopción no esté vinculado al mismo servicio de protección especializada y a sus mismos proveedores. Idealmente el mecanismo de adopción debiera ser independiente del servicio de protección especializada y estar amparado por el sistema de justicia, por tratarse de un procedimiento judicial.

Expertos en la materia han recalcado la importancia de precisar el carácter distinto del proceso de adopción con respeto a los programas de familia de acogida.

Ese también es un tema delicado que necesita bastante reflexión durante la discusión del proyecto. Si bien por un lado se puede entender el hecho de que si una familia es idónea, tiene el cuidado de un menor y el niño se encariña con ella ¿por qué no dar el chance de adopción teniendo todos esos argumentos? Tenemos estándares que dicen que la adopción es un procedimiento con una finalidad específica y lo mismo sucede con la familia de acogida, las que se encargan de entregar un cuidado familiar alternativo mientras el niño vuelve a revincularse con su familia. Entonces por eso es muy importante que las familias que quieren adoptar lo hagan vía otro proceso. Adoptar es un proceso y acoger es otro, este estándar viene para resguardar los riesgos de conflicto de interés aunque el proyecto prevé una excepción temporal que tiene que estar el niño en una familia de acogedora por más de 18 meses que no puede ser la primera acogida y todas estas precisiones, pero aún así existen riesgos.

¿El proyecto presentado busca asegurar la protección de menores en el proceso de adopción?

Sin duda, pero siempre hay aspectos a mejorar y por lo tanto es una oportunidad para Chile. Si el país decide reformar el sistema de adopción después de haber hecho reformas significativas en materia de protección especializada, Chile debiera seguir armonizando la normativa nacional a los estándares internacionales.

¿Unicef busca ser parte de próximas reuniones para precisar la reforma?

Como organismo internacional que vela por los derechos de niños, niñas y adolescentes, apoyamos al Estado y a las organizaciones para alinear la normativa a los estándares internacionales. En este sentido también estamos a disposición del Parlamento para asegurar que su rol de legislar en favor del interés superior del niño sea cumplido. Unicef viene trabajando, en conjunto con la Subsecretaría de la Niñez, sobre la reforma de adopción y anteriormente con el Ministerio de Justicia. Estamos seguros de que el país y el gobierno de Chile tiene los conocimientos, recursos y capacidad de contar con una ley de adopción alineada a los estándares internacionales.

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