Manuel Inostroza, exconsejero ADP y salida de Amor: “Estamos frente a una aplicación desmedida de la confianza política”

Manuel Inostroza
Foto Juan Farias/ La Tercera

La destitución de Isabel Amor como directora regional del Sernameg en Los Ríos a solo 48 horas de su nombramiento ha generado preocupación en el Consejo de Alta Dirección Pública y en uno de sus exmiembros, que advierte sobre el impacto negativo que estas decisiones podrían tener en la estabilidad y credibilidad del sistema de selección de altos directivos públicos.


Una preocupación transversal ha surgido en el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) tras la desvinculación de Isabel Amor de su cargo como directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) en Los Ríos apenas 48 horas después de haber sido designada. Desde el consejo expresan que la “pérdida de confianza” argumentada por el gobierno para justificar su decisión carece de fundamento, ya que participaron en el proceso de selección. Advierten, de hecho, que este tipo de acciones podría llevar a una “desacreditación” de la institución que provee de cargos públicos al Estado.

La controversia en torno a la desvinculación de Amor está lejos de acabarse. Desde el Ejecutivo han señalado que la medida se debió a la pérdida de confianza en ella y transparentaron que se dio, entre otras cosas, tras la revisión de un borrador de entrevista en el que, como autoridad, relativizaba los hechos de derechos humanos por los que fue condenado su padre. Sin embargo, Amor afirmó que la verdadera razón de su salida está vinculada a su relación familiar, específicamente por ser hija de Manuel Amor Lillo, médico condenado como cómplice de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

El exconsejero de ADP por dos periodos consecutivos, Manuel Inostroza, es tajante.

Estamos frente a una aplicación desmedida de la confianza política y por eso considero que es necesario eliminarla. Si no se detiene aquí, esto sentará un precedente que podría ser perjudicial, incluso fatal, para el sistema de alta dirección pública”, cree. Y aporta un dato en esa línea: “Los estudios que hemos llevado a cabo muestran que entre un 50% y un 70% de estos directivos se desvinculan cuando hay cambios de gobierno. Comparado con países sajones, los rangos de cambio en los niveles directivos oscilan entre un 5% y un 10%, dependiendo de si el gobierno entrante es del mismo color político o de signo distinto”.

Señala, además, que dada la situación de su padre mencionados por ella, los protocolos del sistema de Alta Dirección Pública “debieron haberlo advertido. Además, ella misma ocupaba un cargo ADP como directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, un puesto también seleccionado bajo este sistema. Por eso resulta muy extraño todo esto”.

Pero también una de las consejeras más antiguas de la entidad, Bettina Horst, expresa su opinión con La Tercera, la que ya fue compartida por tres de los otros cuatro consejeros a través de una carta a El Mercurio. Ahora ahonda en las posibles consecuencias de esta decisión gubernamental: “Este caso es inusual y por eso ha generado tanto revuelo que desvinculen a alguien a los dos días de asumir. Eso es lo que ha encendido las alarmas”.

Horst explica que “esto trae consigo preguntas sobre el incentivo para que alguien con un trabajo estable renuncie para asumir un cargo público, sabiendo que podría ser despedido en poco tiempo. Esto claramente desincentiva y genera ruido en el sistema, afectando la disposición de personas cualificadas para ingresar a la administración pública, considerando la precariedad que puede haber”.

La consejera defiende el proceso de selección de Amor, dando cuenta de que el sistema de ADP funcionó bien. “Se busca un equilibrio entre confianza y mérito, y en cuanto al mérito, se cumplieron todos los pasos”, dice.

Además, menciona que Amor estaba en el radar del gobierno desde las últimas entrevistas para el cargo. “El comité encargado de este tipo de concursos está integrado por un representante de la ministra de la Mujer (Antonia Orellana), uno del Sernameg y uno del Consejo de ADP. Había dos personas del gobierno en el proceso, por lo que es muy curioso que, a pesar de eso... al final del día no es que la Alta Dirección Pública imponga un nombre a la administración. Hay mucha injerencia del gobierno y que a los dos días la reprueben debilita el sistema a futuro”, sentenció.

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