Ministro Cordero por caso Hermosilla: “Con la ley nueva, estos hechos podrían ser sancionados con una pena entre 3 y 10 años”

LUIS CORDERO, MINISTRO DE JUSTICIA
Ministro Cordero por caso Hermosilla: “Con la ley nueva, estos hechos podrían ser sancionados con una pena entre 3 y 10 años”. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

La aplicación de la nueva ley de Delitos Económicos aún está en duda, ya que los hechos registrados en el audio revelado por CIPER serían previos a la promulgación de la normativa que endurece las sanciones para los llamados delitos de "cuello y corbata".


Este viernes, el ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la investigación que lleva adelante el Ministerio Público sobre eventuales coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero, luego de que CIPER revelara el audio que involucra a los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos y al empresario Daniel Sauer en la supuesta trama de sobornos.

En el marco de las pesquisas, la fiscalía allanó el domicilio del empresario Daniel Sauer, la oficina del abogado Luis Hermosilla, tomó declaración a María Leonarda Villalobos y reunió antecedentes desde el SII, quienes accedieron a la diligencia de manera voluntaria.

A raíz del caso, uno de los debates que surgió es la posible aplicación en estos hechos de la nueva ley de Delitos Económicos, legislación que endurece las sanciones en contra de los denominados ilícitos de “cuello y corbata” y que fue publicada el 17 de agosto en el Diario Oficial.

Sin embargo, su aplicación estaría en duda, ya que el encuentro que quedó registrado en el audio ocurrió la tercera semana de junio; es decir, antes de la entrada en vigencia de la nueva legislación.

luis hermosilla
Luis Hermosilla. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

Para el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien participó de forma activa en la tramitación de la nueva normativa, “el caso devela la importancia de haber dictado la ley de Delitos Económicos”.

Ahora viene la discusión de si se aplica en este caso, que va a depender de una cuestión de temporalidad, pero sí que permite contrastar muy fácilmente lo que sucedería sin la ley. (...) Si nosotros aplicáramos la ley nueva, dado que existen delitos funcionarios acá, estos mismos hechos podrían ser sancionados primero en una relación de pena entre 3 y 10 años con pena de cumplimiento efectivo, con beneficios acotados”, explicó el ministro Cordero en conversación con Radio Infinita.

En ese sentido, según explicó el secretario de Estado, con la nueva norma no “concurren un tipo de atenuante como la irreprochable conducta anterior, es decir es un sistema mucho más severo porque la ley de Delitos Económicos lo que busca más que el aumento de penas, es el cumplimiento efectivo de la pena, para desincentivar...”

Y agregó: “Quiero decir que este tipo de delitos se perfeccionan en el caso del soborno por el ofrecimiento, no es necesario que alguien hubiera pagado. Y en el caso del funcionario público, en el caso de haberlo aceptado o en el caso de haberlo solicitado aunque no lo perciba, eso ya es delito.

En esta legislación se contempla la “cooperación eficaz”, la cual señala en su artículo N° 64 que “se entiende por ella el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de estos delitos, o facilite el comiso de los bienes, instrumentos, efectos o productos del delito”.

Además, se consigna que “si el Ministerio Público pidiera el reconocimiento de la atenuante de cooperación eficaz en su formalización o en su escrito de acusación, y ella fuere procedente conforme al inciso primero, el juez estará obligado a reconocerla. El Ministerio Público podrá celebrar acuerdos vinculantes con el cooperador que reconozcan la atenuante en cuestión”.

Es esta línea que seguiría la estrategia judicial adoptada por la defensa de Leonarda Villalobos, para así poder acceder a una rebaja de penas, en el caso de que el caso avance a un juicio oral.

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