Ministro de Obras Públicas asegura que se reunirán con concesionarias para evaluar futuros estándares: “Sin duda hay harto que mejorar en cuanto a las políticas de emergencia”

Luego de que el pasado miércoles en la tarde se registrara una congestión kilométrica que se alargó hasta la mañana del jueves, con más de 12 horas de duración, en la Ruta 5 Sur; el debate en torno al sistema público privado de movilidad que rige en Chile, sobre todo relacionada al rol de las concesionarias, ha tomado fuerza y ha puesto en alerta al Ministerio de Obras Públicas.

En esa línea, el jefe de la cartera, Juan Carlos García, apuntó el pasado viernes que se realizarían cambios en el modelo de movilidad actual para evitar futuras congestiones, indicando que “se les ha pasado todas las atribuciones a las concesionarias y es necesario revisar el sistema”. Sobre todo, García ha sido consistente en la afirmación de que la situación es inevitable frente al aumento en la adquisición de vehículos por parte de los chilenos.

En tanto, este domingo indicó que mañana (lunes) tendrán una reunión mañana con el subsecretario del Interior, Carabineros y las concesionarias “para evaluar las medidas”. Asegurando que, tras el encuentro, se informarán “cuales son las políticas que implementaremos de aquí en adelante, porque sin duda hay harto que mejorar en cuanto a las políticas de emergencia por parte de las concesionarias”.

Al respecto, expresó que ya han estado trabajando en “entregar respuestas más eficaces, sobre todo de parte de las concesionarias”, que son quienes operan las autopistas en las principales rutas del país y que deben contar con planes de emergencia en caso de algún incidente que eviten entorpecimiento en la circulación vehicular.

“Si hay una congestión importante que supere los tramos normales, se podrán tomar medidas adicionales. Eso significa, por ejemplo, si tuviésemos una situación similar a la del jueves, dar la opción de retorno”, explicó García.

Sin embargo, aclaró que no se refieren a “cambios en los contratos” en la asociación público privada actual, sino que a “mejorar estándares de seguridad para los ciudadanos”. Lo que podría realizarse con “diferentes medidas en infraestructuras y en condiciones de coordinación desde las concesionarias con los servicios públicos, especialmente con Carabineros”.