Minvu se sale a defender por detección de irregularidades en seremis: “No vamos a tolerar actos de corrupción”
La cartera asegura que las recomendaciones que se plantean por la Contraloría en sus auditorías "ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran ejecutadas”.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) emitió una declaración a propósito de los informes de la Contraloría General de la República sobre las transferencias de recursos efectuadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios de la cartera, entre 2021 y 2023.
“Nuestro mensaje seguirá siendo claro y enfático: no vamos a tolerar que se cometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas. Vamos a perseguir todo tipo de irregularidad y pondremos todos los antecedentes a disposición de las instituciones correspondientes, quienes serán las encargadas de establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales”, señaló la secretaría de Estado que encabeza el ministro Carlos Montes.
La Tercera informó que el ente fiscalizador detectó que las irregularidades del caso Democracia Viva en Antofagasta se repitieron en contratos de las seremis con otras fundaciones de todo Chile.
Según el comunicado del Minvu, entre el martes 7 y el miércoles 8 de noviembre, sus secretarías regionales ministeriales fueron notificadas de los informes de auditoría que llevó adelante el órgano que encabeza Jorge Bermúdez.
La cartera asegura que “las recomendaciones que se plantean ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran ejecutadas”.
“Desde un principio, planteamos que el modelo de transferencias de recursos del Programa de Asentamientos Precarios, que inicia su relación con instituciones sin fines de lucro en 2019 y que fue utilizado por las últimas administraciones ministeriales, incluyendo ésta, requería de un estándar mayor de control”, señalaron.
De acuerdo al Minvu, “dicho modelo presentaba deficiencias que abrían la puerta a la corrupción, como en el caso de Democracia Viva, entre ellos, la falta de un proceso de concursabilidad para las fundaciones, lo que llevaba a no exigir antigüedad y experiencia comprobable a dichas organizaciones y sus equipos; la ausencia de un registro de fundaciones; la no estandarización de los convenios de transferencias; la falta de obligatoriedad en la exigencia de boletas de garantías; y una deficiente forma de rendir los recursos, entre otras falencias”.
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.