“No fue posible diferenciar a las personas con cero ingresos declarados”: los lastres con que carga el primer informe del CAE

Una serie de cuestionamientos e interrogantes se abrieron ayer tras conocerse el “Primer Informe del Crédito con Aval del Estado: características de la población deudora e impactos”, que entregó el Ministerio de Educación y que analizó los datos de 668.892 personas que están en etapa de pago hasta diciembre de 2020 (operación renta del 2021).

El informe de 30 páginas, entre otros resultados, arrojó que el 69% de los deudores en etapa de pago posee ingresos mensuales inferiores a $ 750.000 (cerca de 465 mil personas) y el 81% tiene ingresos menores a $ 1.000.000. Y también plantea que el 38% de los deudores del CAE gana menos de 250 mil pesos mensuales, con un promedio de ingreso de $ 47.146 pesos.

Pero más allá de las cifras, la caracterización de los deudores sigue recibiendo críticas por la base de datos que se utilizó y por la “decisión metodológica” con que se hizo.

“Hubo una decisión metodológica, nosotros no estamos cuestionando los datos ni las fuentes del SII o la Dipres. Es la decisión de asumir que las personas que declaran cero ingresos en realidad viven con cero ingresos o que están en una situación de vulnerabilidad o pobreza equivalente a no tener ingresos, y eso no se condice con la realidad, con los datos de la encuesta Casen ni de otros estudios”, sostiene Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

El informe se realizó tomando en consideración a los deudores en etapa de pago del CAE, presentándose -según se lee en este mismo- “antecedentes referidos a sus respectivos niveles de ingresos mensuales promedio declarados, a partir del cruce entre la información individualizada de las personas deudoras proporcionada por la Comisión Ingresa y la base de datos de ingresos brutos totales aportada desde el Servicio de Impuestos Internos (SII), correspondiente a la Operación Renta del año 2021″.

“La única interpretación que queda hacer es que el ministerio eligió una forma de interpretar los datos que induce a error”, añade Rodríguez.

En su informe, el Mineduc señaló algunas “cautelas” y “limitaciones” que había que tener a la hora de interpretar los resultados obtenidos. La primera de ella fue que los ingresos observados para 2020 corresponden a la mensualización de la renta en un año particularmente complejo, en que se vio fuertemente afectado el empleo formal.

Y la segunda, que con los datos de ingresos de deudores que se tuvieron “no fue posible diferenciar a las personas con ingresos declarados como cero o no declarados del resto del primer tramo, que va desde $ 0 a $ 250.000″. Además, la cartera estimó en el informe que al menos un 10% del universo de los deudores no posee ingresos formales y que futuros análisis sobre este subconjunto de deudores deberán ahondar en posibles factores explicativos.

Y considerar a los informales “es un error aún más grave”, dicen desde distintos centros de investigación.

“Es altamente relevante” conocer el dato de los informales, dijo a La Tercera Julio Labraña, investigador asociado del Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE) de la Universidad Diego Portales. “No sabemos cuánto ganan esas personas, efectivamente. Probablemente no ganan demasiado, pero no es un cero”, añade.

Ayer, en el Congreso, al ser interpelado por el diputado UDI Jorge Alessandri, el ministro Marco Antonio Ávila sostuvo que “más que un error (la información) es una primera fotografía que cruza el RUT de los deudores con los datos del SII”, y añadió que “es el primero de varios, no será el único, vendrán otros para llegar a un buen plan” de Condonación a la Deuda Educativa, tal como se establece en el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Ávila añadió que “nosotros sólo cruzamos datos, no los inventamos. Queremos hacer una buena caracterización del deudor para el año 2023, cuando se presentará el plan después de la reforma tributaria”.

Rodríguez dice que “todo se pudo haber evitado con una mayor transparencia y con un análisis de lo que se estaba comunicando a la opinión pública, donde viene el sentido de responsabilidad de las autoridades a la hora de comunicar cifras (...) Aquí lo que se quiso instalar fue que el 40% de lo beneficiarios con el CAE vive igual que una persona en situación de calle. Y eso es irresponsable. Eso no es permisible cuando es una autoridad la que habla”.

Desde el Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios del SII, que estuvo a cargo de la recopilación de datos, señalan que la institución recibió un requerimiento de la Subsecretaría de Educación Superior el 1 de junio, 47 días antes de dar a conocer el informe, y que la respuesta a través de un oficio se entregó 10 días después.

“Nos pidieron un ordenamiento por tramos de rentas, con RUT de las personas aportados por ellos mismos. La consulta fue específica por el año 2020. Ellos definieron la estructura y los parámetros con que se construyeron los tramos y los cálculos”, señala una fuente que conoció la solicitud. Y agrega que ese año fue especialmente duro, con pandemia y desempleo.

La respuesta, bajo total reserva, basada en el Artículo 35 del Código Tributario, se entregó con datos encriptados, con claves, resguardos y acceso a una plataforma que se descarga y sólo pueden revisar las personas autorizadas.