Hernán Larraín enviará proyecto para limitar prisión preventiva

A ocho días de asumir como ministro de Justicia y Derechos Humanos, el actual senador UDI Hernán Larraín comenzó a informar las primeras medidas de su futura gestión. Terminada la reunión que mantuvo hoy con el Comité Asesor para la Reinserción Social, el futuro titular de la cartera comunicó que el nuevo gobierno presentará un proyecto de ley para regular el uso de la prisión preventiva.

En este sentido, el congresista dijo entender que esta medida cautelar "es una necesidad cuando se trata de personas que efectivamente son un peligro para la sociedad". No obstante, aseveró que en ocasiones "se hace mal uso de ella y se olvida la presunción de inocencia".

De acuerdo con Larraín, el 40% de los imputados que cumplen prisión preventiva termina sus procesos penales sin una pena privativa de libertad y, por lo tanto, aseguró, "han estado ahí de forma injusta".

Al respecto, la autoridad señaló la necesidad de evitar que personas que sean un peligro para la sociedad estén en libertad, pese a no ser condenadas, pero al mismo tiempo se debe respetar el principio de inocencia. "Ese equilibro es lo que nos debe llevar a fijarles buenos criterios a los jueces para que puedan aplicar la detención de personas que todavía no están condenadas, que están solamente imputadas en casos muy precisos", sostuvo. Y advirtió que estos cambios los impulsarán a través de un proyecto de ley.

El defensor nacional Andrés Mahnke dijo coincidir "totalmente con el diagnóstico" del futuro ministro.

"El uso de la prisión para las personas investigadas es excesivo y se ha desnaturalizado. No se trata de pasar de un extremo a otro y suprimirla, sino de buscar el equilibrio entre los objetivos del proceso, brindar seguridad y cautelar los derechos y dignidad de las personas amparadas por la presunción de inocencia", señaló la autoridad.

En relación con aquello que debería resultar imprescindible en el texto legal que prepararía la nueva administración, consideró necesario "examinar las causales de esta medida cautelar, su duración y la frecuencia de su revisión, que hoy incluso puede extenderse a más de dos años".

De acuerdo con el abogado penalista Julian López, "cualquier iniciativa que tienda a restringir y racionalizar el uso de la prisión preventiva es una buena noticia. Pero es importante que durante la tramitación de este proyecto no se produzcan distorsiones que desvirtúen el propósito original".

Juan Enrique Vargas, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, valoró el anuncio al advertir que esta medida cautelar "ha ido creciendo de forma sostenida durante los últimos años, revirtiendo lo que se había logrado regularizar con el nuevo sistema de justicia criminal".

Para Vargas, la aplicación de una serie de modificaciones posteriores a la Reforma Procesal Penal "fue restando a los jueces la posibilidad de apreciar si la prisión preventiva se justifica o no".

"Situando en el juez realmente la decisión de si corresponde o no la libertad, debiera tenderse a un uso mucho más racional de la misma", indicó.

El nuevo ministro también ratificó lo incorporado en el programa del presidente electo, Sebastián Piñera, de promover la instalación de tribunales que se dediquen al seguimiento de la ejecución de la sanción.

"Cuando un juez de garantía o los tribunales en general dictan las sentencias definitivas respecto de un caso, se olvidan de lo que viene y resulta que ahí hay un trabajo que debe continuar", señaló el próximo secretario de Estado, quien aseguró que ante ello impulsarán "a la brevedad nos sea posible" un proyecto de ley que instale en Chile los jueces de ejecución de penas.