La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó preocupación por los recientes hechos de violencia en La Araucanía y llamó a hacer una investigación “pronta, independiente y exhaustiva”.

El representante para América del Sur del organismo dirigido por Michelle Bachelet, Jan Jarab, señaló que “el diálogo participativo y de buena fe es el único camino frente a las continuas tensiones sociales” en la novena región y se mostró alarmado frente a recientes expresiones de odio, discriminación racial y violencia por parte de civiles contra mapuches.

“Instamos a la investigación pronta, independiente y exhaustiva de los hechos, especialmente de las alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial y las expresiones de carácter discriminatorio contra el pueblo mapuche. Sin embargo, también resulta fundamental abordar la problemática desde un enfoque multidimensional, con énfasis en la interculturalidad,” indicó.

En esa línea, agregó que para encontrar soluciones duraderas hay que abordar las causas profundas de las tensiones “entre ellas la discriminación estructural y los asuntos pendientes en el ámbito de derechos humanos de los pueblos indígenas. Una respuesta puramente centrada en la seguridad pública alimentaría lo que ya es un proceso crónico de tensión, desconfianza y conflictividad, no exento de violaciones a los derechos humanos”.

Por otra parte, Jarab indicó que a su oficina le preocupa la situación de salud de varios comuneros mapuches privados de libertad que actualmente realizan huelgas de hambre, y consideró urgente superar dicha situación a través de diálogos participativos.

Por esto, el representante saludó la reciente aprobación, por parte de Gendarmería de Chile, de disposiciones referidas a pertinencia cultural y religiosa en el ámbito penitenciario. Dicho ajuste normativo -que recoge estándares internacionales relevantes en materia de interculturalidad- surgió del diálogo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y varios actores sociales e institucionales, incluida la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“A pesar de la tensión estamos convencidos de que es posible encontrar acuerdos, de la mano del cumplimiento de las normas internacionales, incluido el Convenio 169 de la OIT. Nuestra Oficina continúa a disposición para apoyar en la búsqueda de estas soluciones, con base en los derechos humanos”, concluyó.

La bancada de diputadas y diputados del PPD solicitó a Michelle Bachelet, como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, enviar observadores a la zona de conflicto y llamar a la constitución de una mesa de diálogo.

Así lo indicó el parlamentario Raúl Soto, quien manifestó que “el gobierno no está garantizando el diálogo y el respeto a los derechos humanos en La Araucanía, más bien está permitiendo la autotutela y el enfrentamiento entre chilenos. Ante eso solo queda solicitar ayuda internacional, y que sea la alta comisionada quien envíe veedores a la zona, y promueva el diálogo necesario para una salida política”.

En tanto, la diputada y representante de la provincia de Malleco, Andrea Parra, sostuvo que “este clima de inseguridad en la Araucanía no puede seguir. Si el Gobierno no quiere asumir el rol al que está obligado por mandato constitucional, resguardando el orden y garantizando el derecho a manifestarse pacíficamente, nos vemos obligados a recurrir a instancias superiores. Acudiremos a la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, como una forma de presionar a un gobierno que se rehúsa a cumplir sus funciones”.