Organizaciones animalistas y profesionales en picada por rechazo de la Cámara a la prohibición de carreras de perros

Manifestacion por la prohibicion de las carreras de Galgos fuera del Congreso 13/8/24
Sebastian Cisternas/Aton Chile

"Es una práctica que consideramos cruel e inhumana". El sentir de entidades proanimales que se muestran desilusionadas del resultado de la votación en la Cámara de Diputadas y Diputados.


Con 58 votos a favor, 68 en contra y 13 abstenciones, este martes la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto que modificaba la Ley 20.380 sobre protección de animales y cuyo objetivo era prohibir y sancionar la organización de carreras de perros, graficadas en las de galgos.

La propuesta, que ahora pasó a archivo y podría volver a discutirse en un año, buscaba sancionar a los organizadores con presidio menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días) y multas de 2 a 30 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), así como se castigaba con una multa de 2 a 20 UTM a quienes promovieran o difundieran estas carreras.

Como se anunciaba, la jornada de votación no estuvo alejada de las polémicas y las críticas. Horas antes de que la Cámara diera por iniciada la votación, decenas de galgueros se apostaron a la entrada del Congreso para hacer sus descargos contra el proyecto, portando banderas chilenas y símbolos del rodeo y las tradiciones patrias.

Pero también llegaron hasta las puertas del Parlamento dirigentes animalistas y organizaciones en contra de las carreras de perros, acompañados de algunos de los diputados que empujaron el proyecto en cuestión: Mónica Arce (Ind.), Alejandro Bernales (PL), Daniella Cicardini (PS), Viviana Delgado (Ind.-PL), Félix González (Ind.-FA), Pamela Jiles (PH), Daniel Melo (PS), Vlado Mirosevic (PL), Camila Musante (Ind.-PPD) y Marisela Santibáñez (Ind.).

Y fue pasado el mediodía que las organizaciones animalistas y de protección hacia los perros galgos vieron cómo finalmente la Cámara votó en contra del proyecto, ante lo cual expresaron su rechazo y decepción. “Representa un retroceso significativo en la lucha por los derechos y el bienestar de los animales, en especial de los galgos, que continuarán expuestos a una práctica que consideramos cruel e inhumana”, asegura a La Tercera la vocera de Fundación Galgos Chile, Karen Cossio.

Y se extiende: “Las carreras de perros han operado durante años en Chile, permitiendo que numerosos galgos vivan únicamente para maximizar su rendimiento en competencias de alta velocidad. Hemos sido testigos directos de los daños físicos y emocionales que esta actividad les provoca. Estos animales son forzados a correr más allá de sus límites naturales, estimulados con anabólicos y drogas para mejorar su rendimiento, y expuestos a situaciones de competencia que frecuentemente resultan en lesiones y fracturas debido a colisiones entre ellos”.

Y es que para Cossio, “el maltrato hacia un galgo de carreras no se limita a la competencia; se extiende a las actividades de preparación y, al término de su vida ‘útil’, cuando sufre el impacto más severo: al enfermarse o lesionarse, suelen ser abandonados o, en el peor de los casos, sacrificados porque ya no pueden competir”.

Del mismo modo, la Organización Almas Callejeras expuso en sus redes sociales: “La tristeza e impotencia nos inundan. Hoy martes 13 de agosto fue rechazada la ley que prohibía las carreras de perros galgos. Todos los diputados del distrito 20 se abstuvieron y rechazaron. En un año más se puede presentar otro proyecto de ley, es decir, queda esperar un año más donde los galgueros, en sus más de 300 canódromos, estarán explotando a seres inocentes”.

Pero a ese tipo de argumentos hubo diputados que votaron en contra del proyecto. Entre sus principales razones, según se escuchó antes de la votación, se esgrimía mantener “la tradición del mundo rural y el campo chileno”, como expuso el diputado republicano Benjamín Moreno. “Es un proyecto que pasa por alto la evidencia que se dio en la tramitación de ese proyecto, donde tiene fundamentos absolutamente falsos, donde además lo que hace es demostrar el desconocimiento de las personas que impulsan este proyecto del mundo rural, y es otro más que va en contra de la tradición del campo chileno”, dijo también.

galgos

Desde Fundación Galgos Libres difieren con esa mirada, puesto que, aseguran, se trata de una actividad de origen extranjero -Inglaterra- prohibida o en declive en los países donde se ha ido desarrollando.

Para Cossio tampoco se puede obviar la presión que han ejercido organizaciones procarreras para evitar su prohibición. Sin ir más lejos, según se observa a través de la plataforma de lobby de la Cámara, en lo que va de 2024, distintos diputados sostuvieron reuniones por esta vía con agrupaciones o individuos que rechazaban el proyecto.

Así, Jorge Guzmán (Evópoli), Pamela Jiles (PH), Roberto Arroyo (Socialcristiano), un asesor de Héctor Barría (DC), Karen Medina (PDG) y Felipe Caamaño (Ind.) entre julio y agosto se reunieron con la Corporación Greyhound de Pista Virtual; Francisco Pulgar (Ind.-PDG) y José Carrlos Meza (Republicano) hicieron lo propio con Fundación Soy del Campo, mientras que Boris Barrera (PC) recibió a un particular.

Para la académica de la U. de las Américas y miembro del Colegio Médico Veterinario, Romy Weinborn, es imposible considerar que esta actividad mantiene un bienestar para el animal. “Existe una disminución de la vida de un perro de carreras versus un perro de la misma raza que vive en compañía. Es una mirada que esperamos que con el tiempo se pueda hacer una mejor -o mayor- discusión con todos los actores especializados en el tema y poder transmitir que esta actividad atenta contra el bienestar animal”, explica.

Weinborn también mira hacia el futuro: “En el caso hipotético de que se aplicara regulación, esta no es solo al momento de la carrera, sino desde la cruza, la cría, la mantención, el ejercicio y la disposición final, que es cuando el animal ya no sirve porque se ve como algo utilitario. Y en todas esas instancias debe haber fiscalización que se traduce en personal, en mayores recursos económicos que en otros países donde existe esta regulación el Estado es quien está a cargo”.

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