“Este programa con el que nos presentamos a las primarias presidenciales es una invitación a construir un gobierno de mayorías que acompañe este proceso y lo lleve a buen puerto. Es una invitación a poner en práctica nuestra esperanza colectiva, convertirla en proyecto y luego en un instrumento para la transformación. Una invitación a que, mirando nuestra historia y aprendiendo sus lecciones, nos atrevamos a transformar Chile”.

Así finaliza uno de los primeros párrafos del llamado Manifiesto programático de Gabriel Boric, el precandidato presidencial del Frente Amplio. El documento de 38 páginas detalla los puntos en que estará el eje del candidato que se enfrentará en primarias con el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC). El texto, explica, contó con las coordinaciones de los partidos frenteamplistas Convergencia Social, Revolución Democrática, Fuerza Común, y sus centros de pensamiento Saberes Colectivos, Rumbo Colectivo y la Casa Común, “para realizar el diseño y coordinación de este proceso”.

Entre las “tareas fundamentales” que a juicio del manifiesto del abanderado deberá trabajar el próximo gobierno está el “enfrentar la emergencia sanitaria y la crisis económica y social, heredada del actual gobierno de derecha”, “establecer un modelo de desarrollo que tenga al centro la sostenibilidad de la vida y el cuidado de las personas y comunidades”, y “apoyar la Convención Constitucional tanto en la gestión e infraestructura estatal, como facilitando la participación ciudadana y generando una agenda de transformaciones para implementar sus acuerdos”.

El programa destaca avanzar hacia un Estado cuidador, y en varios puntos resalta la importancia de una perspectiva feminista que sea transversal en todos los ámbitos de la sociedad. Resalta también el apuntar hacia una transformación social y ecológica, y a la descentralización.

En cuanto a Derechos Humanos, el programa de Boric propone, entre otros puntos, impulsar la educación de estos a instituciones como a la ciudadanía. Plantea el fin al secreto de la Ley Valech, y el aumento de atribuciones del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Además enuncia que se haga una Comisión de Verdad, “impulsar el indulto a los presos de la revuelta, reparar robusta e integralmente a las víctimas y familiares de homicidios; tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; lesiones y tortura sexual, y refundar las policías”.

En cuanto a los Pueblos Originarios, se avanzará a eliminar la denominada “militarización” en la macrozona sur. Sugiere avanzar hacia una comisión que determine los eventuales vulneraciones contra las etnias ocurridos desde 1989 a la fecha, además de , “derogar los Decretos N° 40 y 66 sobre consulta indígena, para establecer una regulación que la unifique orgánica y metodológicamente”.

Entre la serie de propuestas para reformar el Estado, uno de sus puntos destaca el desarrollo y perfeccionamiento de la Alta Dirección Pública, “equilibrando el mérito con la confianza ejercida por la presidencia de la República, y hacer efectiva la paridad e inclusión de personas con discapacidad y LGBTQ+”.

Se destaca la idea de un gobierno abierto, que se traduce para el candidato del FA en otorgar más participación ciudadana en la gestión del Estado. Un ejemplo de esto es facilitar, indica, “la convocatoria a plebiscitos locales y regionales, definiendo aquellas áreas en que la participación ciudadana pueda tener un carácter dirimente y mecanismos participativos en los presupuestos públicos”, modificar la ley del lobby e ir en pos de un Estado más digital.

Sobre la descentralización, el diputado propone que hay que ir hacia una descentralización financiera, mayor participación ciudadana, y reformar el Fondo Común Municipal, entre otras medidas.

Además, plantea transferir competencias en materia de seguridad a los Gobernadores Regionales y fortalecer los recursos del Ministerio de la Mujer para generar un sistema más eficaz “en la respuesta inmediata ante riesgos a la vida y la integridad física a mujeres e infantes”.

Un punto que destaca el documento es la desmilitarización de las Policías, el vincular la policía civil (PDI) con la policía preventiva (Carabineros) para compartir sus experiencias de modernización.

También se expone actualizar el Plan Cuadrante, que los lugares vulnerables tengan centros cívicos, y avanzar a la reinserción de quienes han, además de “generar un sistema de medición de la seguridad con estándares amplios, ponderar indicadores como la tasa de suicidios, la salud mental, la cantidad y calidad de los espacios públicos, violencia intrafamiliar, y la situación de los jóvenes, además de incorporar criterios subjetivos como la opinión de la ciudadanía en esta materia”.

Un nuevo sistema de previsión social: sin AFP y solidario es el título de una de las propuestas.

El manifiesto indica: “Debemos terminar con la administración privada y el mercado de las AFP, reforzando el rol del Estado y dar confianza a las personas para que el ahorro y formalidad estén alineados con una vejez digna. Para terminar con el rol actual de las AFP, debemos crear un ente público legalmente autónomo que sea la cara visible del sistema que se encargue de administrar los fondos, junto a un Consejo Paritario que administre las pensiones, el cual debe estar integrado por representantes de afiliados(as), quienes decidirán, entre otras materias, la política de inversión de los fondos previsionales y la designación de directores en las empresas en que se invierten dichos fondos”

Se busca entonces ir hacia un Fondo Solidario Colectivo, “que pueda aumentar las pensiones hoy y que entregue beneficios para personas y generaciones con menor ahorro, con equidad de género y que introduzca medidas compensatorias para enfrentar la demanda por cuidados”.

Preparar al Estado para una renta básica universal se llama otro de los puntos. El programa indica que esta es, “una transferencia periódica de dinero, entregada por el Estado a todas las personas mayores de edad que componen una sociedad, de forma individual y sin ningún tipo de condicionamiento o cumplimiento de requisitos previos”.

Añade que “se revisarán los programas sociales en los que se considera procedente continuar con algún grado de focalización y cuáles pueden subsumirse dentro de una Renta Básica Universal. También será prioritario reducir significativamente las brechas de información de que dispone centralizadamente el Estado, en otras palabras, deben mejorarse los mecanismos de coordinación entre distintos organismos públicos que proveen información para la toma de decisiones”.

Para el candidato del FA, resaltando la importancia de un “control civil”, dice en el texto que “es necesario revisar la autonomía política y operacional de las FF.AA. amparadas en la Constitución y cuyas bases legales se encuentran en la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA. y que permite una autorregulación en al menos 4 áreas sensibles: a) doctrina operacional, b) mando y control, c) proyecto educativo institucional y d) financiamiento y adquisiciones militares”.

Agrega que el programa “apuesta a erradicar la división de clases y el patriarcado al interior de las FF.AA. entendiendo que estas también existen en las instituciones castrenses, al igual que en cualquier otro espacio de nuestra sociedad”.

En cuanto diversidad sexual, se busca ir hacia el matrimonio igualitario, una ley de educación sexual integral, un compromiso contra la violencia y los crímenes de odio, y reforzar un “Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad; que promueva el trabajo interministerial para el resguardo de los derechos de las personas LGBTBIQ+ y que promueva la participación de la ciudadanía y social en la elaboración de las políticas”, entre otra serie de propuestas.

Boric propone además “un plan urgente de recuperación de las prestaciones sanitarias en materia de DD.SS.RR, entendiéndose como prestaciones de carácter esencial en el escenario pandémico y postpandémico, incluyendo ajustes a la implementación de la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y el protocolo de objeción de conciencia para que no sea una obstrucción en el acceso de las usuarias. Lo anterior, debe impulsar y reformar el currículum profesional y técnico del personal involucrado en el proceso”.

Otros puntos relevantes del documento, y solo a modo de ejemplo, son avanzar hacia un sistema universal de salud, Fonasa de carácter universal siendo las Isapres transformadas en seguros complementarios voluntarios, la universalización de la atención a la salud mental, reasignar los derechos del agua, derogación de la ley de Pesca, y que “los directorios de las grandes empresas tengan una participación de las y los trabajadores equivalentes a la representación que tienen las y los accionistas, y que exista paridad de género en su composición”.