PDI registra 26 víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en un año: cinco son menores de edad

Desde que en Chile se investiga el delito de trata de personas, este ha estado asociado a la explotación sexual y a trabajos forzados en el rubro agrícola. Sin embargo, en 2019, con la irrupción de la pandemia, las estructuras criminales que estaban asociadas a estos ilícitos tuvieron que cambiar su modus operandi. Ya no podían simplemente facilitar el ingreso a personas como “turistas” por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, sino que comenzaron a gestionar entradas al país por pasos no habilitados, de forma completamente irregular.

Pero además de eso, como indica el subprefecto José Contreras, jefe de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Britrap) de la PDI, las bandas comenzaron a aplicar mayores grados de violencia en la ejecución del delito. Así, y específicamente en lo referente a la trata de personas con fines de explotación sexual, se comenzó a notar que las víctimas también estaban siendo afectadas por otras vulneraciones: amenazas extorsivas, secuestro como método de sometimiento o de castigo, además de cobros por “uso de suelo”, la denominada “vacuna”.

De esta forma, y aunque muchas veces las víctimas, principalmente venezolanas y colombianas, saben que viajan al país para ejercer el comercio sexual -o en otras oportunidades se les dice que vienen a trabajar como modelos-, las organizaciones delictuales las engañan respecto de las condiciones, lo que va dando pie a los mencionados ilícitos asociados.

Por ejemplo, antes de viajar se les dice que deberán pagar cino millones en un plazo de un mes, pero no se les precisa que el monto es en pesos chilenos, obligándolas, así, a captar a al menos 10 o 12 clientes por día para poder pagar. Si no lo hacen, como explica el detective, comienzan las amenazas a ellas y a sus familias, y si logran completarlo, les siguen cobrando por trabajar “en su sector”, lo que según el mismo profesional nunca antes se había visto en el país.

“Hay un fuerte componente territorial, una violencia asociada a la comisión del delito, porque quien no se ajusta a los parámetros exigidos se le extorsiona, secuestra o somete, lo que no era una dinámica conocida acá en el país”, comenta Contreras.

Así, durante el último año, la Brigada Investigadora de Trata de Personas ha llevado adelante una serie de investigaciones y, de acuerdo con cifras oficiales de la PDI, entre febrero de 2022 y enero de 2023 se ha logrado rescatar a 26 víctimas, cinco de ellas menores de edad. Y en el mismo periodo, 22 sujetos han sido detenidos, siete mujeres y 15 hombres, de nacionalidades venezolana, brasileña, ecuatoriana, colombiana y chilena.

Una de las últimas operaciones realizadas fue la denominada Los Orientales, la cual se inició en el marco de la cooperación internacional a través de la denominada causa Turquesa, que dirige Interpol. Surge, indica el detective, tras el rescate de unas víctimas en el sector del casco histórico de Santiago. Ellas, como dan cuenta datos de la causa, se veían imposibilitadas de salir desde donde las tenían retenidas, salvo para ejercer el comercio sexual, para lo cual eran trasladadas por miembros de la organización.

En medio de sus operaciones, los sujetos detenidos en esa arista habrían obtenido ganancias sobre los cuatro mil millones de pesos, sólo por la explotación sexual de mujeres. A través de testaferros y fraccionadores, se estableció que giraban dinero a Venezuela, que utilizaban cuentas de terceros, que arrendaban documentos de identidad de personas que ya estaban en calidad de residentes y, además, tenían una amplia gama de vehículos.

Cuando se advierte que una persona está siendo víctima de este delito, asegura José Contreras, lo primero es lograr su rescate y liberación, para luego desplegar redes de protección y atención.

“Como primera herramienta que se le facilita a la víctima, es una visa temporaria de un año, aunque haya ingresado de forma irregular; se le saca del circuito de violencia y se le reinstala en otro lugar. Eso sí, hay que entender que las víctimas de estos delitos, en particular, generalmente son muy refractarias al sistema de justicia penal, por la historia de vida -porque están muy victimizadas-, porque la forma de solución de conflicto en su país de origen es culturalmente diferente y existe una alta desconfianza con los sistemas policiales”, manifiesta.

Dado que cuesta que adhieran al sistema, agrega el subprefecto, se realiza un trabajo colaborativo entre policías, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y se les da seguimiento. “Si la persona adhiere, se le oferta reubicarlas, insertarlas en el sistema formal de trabajo, atención psicológica y de salud”, complementa.

Pero en ocasiones, cuando está en riesgo la vida de la persona, también se tramita su traslado a un país ajeno a su país de origen.