PDI: secuestros en la Región Metropolitana suben de 24 a 29 en el último año

Mientras transitaba por la comuna de Lo Prado, en abril pasado, un sujeto de nacionalidad colombiana fue interceptado por un grupo de cinco antisociales fuertemente armados. De inmediato lo encañonaron y, mediante golpes e insultos, lo obligaron a subir a un auto.

Sin entender nada de lo que ocurría, la víctima fue trasladada hasta Recoleta, donde fue encerrado al interior de un vehículo de carga. Ahí, fue sometido a una serie de torturas, que según pudo establecer la Policía de Investigaciones (PDI), se extendieron por casi 15 horas. ¿El motivo? El sujeto era acusado por los cinco imputados de haberles sustraído parte de la droga que comercializaban, por lo que no lo dejarían ir hasta que confesara dónde estaba o hasta que, al menos, pagara por ella.

Pese a los tormentos, el hombre logró escapar y, tras una serie de diligencias realizadas por efectivos policiales, se logró la detención de dos de los involucrados el pasado 7 de septiembre, incautándose, además, cinco teléfonos celulares, 12 cartuchos calibre 9 mm, una pistola a fogueo, dos armas de fuego tipo pistolas y un revolver calibre 22.

El caso corresponde a uno de los 29 secuestros registrados en la Región Metropolitana en lo que va del año y de acuerdo con lo que exponen desde la PDI, sirve para graficar el modus operandi que siguen los imputados que cometen este tipo de delito, que por lo demás ha ido en incremento los últimos años.

Y es que según cifras de la entidad encabezada por el director general Sergio Muñoz, las denuncias por secuestros reales realizadas al 31 de agosto de este año ya superaron las 24 denuncias ingresadas a la misma fecha de 2022. Aquello, en términos porcentuales, significa un alza del 21%.

“Este fenómeno empieza a notarse ya claramente a fines del año 2021, donde comenzamos a ver delitos de secuestros ligados a bandas criminales extranjeras y a víctimas extranjeras. Aquello llevó a un aumento en las cifras. Y bueno, en lo que va del año es evidente que tenemos un aumento significativo en comparación a años anteriores”, comentó al respecto el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe).

Pero pese a que los casos registrados están relacionados a acciones entre bandas criminales rivales, y a que aún no se evidencian situaciones que afecten a ciudadanos comunes, estos casos generan una percepción de inseguridad que es muy delicada para la ciudadanía, como explica Barrientos.

“A las personas, al ver que este último tiempo se han detectado bandas criminales que están asociadas a estos delitos, se les genera esta alta percepción de inseguridad que obviamente repercute en sus rutinas”, aseveró el subprefecto de la PDI.

La problemática, explica el jefe de la Bipe, ha contribuido al surgimiento de otras situaciones que también mantienen en alerta a la institución: junto con el aumento de los secuestros, se ha constatado el alza de las denuncias por falsos secuestros.

Mientras entre enero y agosto de 2022 se contabilizaron 39 secuestros falsos o descartados, a la misma fecha, este año ya se registran 54, sólo cinco menos que los ocurridos durante todo el año pasado.

Estas situaciones, como explica Hassel Barrientos, están en su mayoría asociadas a estafas telefónicas: sujetos que intimidan a una víctima haciéndole creer que mantienen retenido a un ser querido y que, para su liberación, piden altas sumas de dinero que deben ser transferidas a una determinada cuenta bancaria. “Se trata de estafas en el contexto de un secuestro virtual, donde hacen pensar a las víctimas que un familiar directo ha sido secuestrado, su hijo o su cónyuge, pero al final se trata de una estafa”, detalló.

Barrientos también comentó que hay casos que se registran en el contexto de denuncias por presunta desgracia, donde se alerta el extravío de un familiar y se divulgan sus datos por las redes sociales, información que luego es usada por los antisociales para simular secuestros y realizar extorsiones.

“En los encargos o búsquedas que se hacen por redes sociales muchas veces se ponen sus números de contacto directos, con mucha información referente a la persona extraviada, que luego es mal usada para lucrar, exigiendo pagos para la liberación de la presunta víctima”, aseveró el Barrientos.

Hay casos, además, que se derivan de un delito inicial que es el robo de teléfonos, pues ahí un determinado imputado puede acceder a la agenda telefónica de la víctima y también comienza a extorsionar a alguno de sus contactos.

Por lo mismo, el llamado del subprefecto es a siempre denunciar estos hechos en alguna de las unidades y nunca hacer transferencias o entrega de dineros de forma apresurada. Siempre será necesario, recalca el detective, que ante una situación como las descritas se pongan en contacto con efectivos policiales.