El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), volvió a referirse a las pensiones de gracia otorgadas a personas que fueron víctimas de vulneraciones a los derechos humanos en el marco del estallido social, luego de que ayer revelara que 40 de ellas tienen antecedentes penales.

Bajo ese contexto, afirmó que buscará “modificar las resoluciones internas del Ministerio del Interior”, a fin de revisar los antecedentes penales de una personas con antelación a la obtención del beneficio.

Monsalve comenzó diciendo que “fue el Congreso Nacional el que probó dos glosas en la Ley de Presupuestos, que permitían la entrega de pensiones de gracia a personas afectadas en el marco del estallido social. Glosas que están en la partida 50 del Tesoro Público, la glosa 12 y la glosa 15. Sería bueno ir a ver como los parlamentarios votaron esas glosas, porque fueron aprobadas por los parlamentarios en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara como en el Senado”.

Además, agregó que “pensiones de gracia a afectados por el estallido social, se entregaron en el gobierno del Presidente Piñera y en este gobierno, ambos gobiernos han aplicado lo que aprobó el Congreso, tanto en la glosa 12 como en la 15 de los decretos de asignación de las pensiones”.

Continuando con su alocución, Monsalve detalló que “las pensiones de gracia se han entregado respetando rigurosamente el procedimiento que se estableció a través de una resolución del Ministerio del Interior, resolución del 4 de enero del año 2022, firmada por el subsecretario Francisco Gali. He hablado con él, primero porque todos hemos respetado rigurosamente ese procedimiento. Por lo tanto, se han establecido todos los requisitos que allí se pedían, se pedía el requisito de que hubiera un informe de afectación entregado por el Instituto Nacional de DD.HH u otro organismo competente. Solo se recibieron antecedentes del INDH y en segundo lugar, se estableció un conjunto de antecedentes que deberían entregarse. Ninguno de esos antecedentes que había que entregar, hacían alusión a que había que entregar los antecedentes penales”.

Por todo la polémica que ha surgido en torno al otorgamiento del beneficio, Manuel Monsalve confirmó que el gobierno buscará modificar las resoluciones internas del Ministerio del Interior, para que se revisen los antecedentes penales en el marco de la entrega de este beneficio.

“Me he comprometido y así lo voy a hacer, a modificar las resoluciones internas del Ministerio del Interior, porque nos parece que a partir de los hechos que han ocurrido, que no solo en estas pensiones de gracia, sino en todas las pensiones de gracia que entrega el gobierno de Chile, es necesario y razonable establecer, entre los requisitos que las autoridades tiene que tener a la vista para tomar esa decisión, contar con los antecedentes penales de las personas”, enfatizó el subsecretario.

Asimismo, Monsalve aseguró que contar con los antecedentes penales “no fue establecido para la entrega de pensiones en el marco del estallido social, pero tampoco nunca había sido establecido como requisito en ninguna pensión de gracia que haya entregado el Estado de Chile del año 81 a la fecha. El Estado de Chile ha entregado más de 18 mil pensiones de gracia por distintas razones, en ninguna de ellas se estableció ningún reglamento ni ningún procedimiento en requisito de ponderar y tener a la vista los antecedentes penales”.

“Me parece injusto radicar en un solo punto esta debilidad de los procedimiento del Estado, porque el Estado en su historia siempre ha procedido de la misma manera y el gobierno ha procedido de la misma manera que han procedido los gobiernos anteriores. Ha procedido de buena fe a cumplir lo que estableció el Congreso de Chile en la Ley de Presupuestos”, enfatizó Monsalve.

Luego de que este jueves se diera a conocer que uno de los beneficiados estaría prófugo de la justicia, Monsalve aclaró la situación y afirmó que el sujeto “no tiene antecedentes penales”.

“Respecto a la persona que se ha hecho alusión, no tiene antecedentes penales. Si cualquiera sacara su certificado de antecedentes, éste diría que no tiene antecedentes penales. Él fue citado a una audiencia para formalización por eventual delito de fraude, no se presentó y fue declarado en rebeldía, por lo que se ordenó su detención. Por tanto, en términos estrictos, no tiene antecedentes penales”, dijo el subsecretario del Interior.

Finalmente, y sobre si es posible revocar el beneficio otorgado, Monsalve enfatizó que “hasta ahora, es un derecho adquirido de las facultades y las obligaciones que se le entregaron a los gobiernos por una ley, que es la Ley de Presupuesto. Cumplieron con todas las normas que la ley estableció, y si la ley no estableció todas las normas que se consideraron necesarias, en la discusión de la Ley de Presupuesto los parlamentarios van a tener la posibilidad de corregir aquello”.