Postulaciones para abogado integrante de la Corte Suprema suman 54 aspirantes

En el pleno de hoy de la Corte Suprema, los ministros de la entidad tienen contemplado en tabla la discusión y eventual selección de las ternas para la nominación de los próximos abogados integrantes del máximo tribunal.

Esta figura consiste en abogados que integran las corte de Apelaciones y la Suprema desempeñándose como jueces, pero sin ser magistrados. Es decir, son profesionales ajenos a la carrera judicial que ejercen casi las mismas funciones: integran salas, votan acuerdos y redactan fallos. En total son 107 abogados integrantes, de los cuales 12 son para el máximo tribunal y 97 para los 17 tribunales de alzada del país. Todos ellos entran a sala cuando hay que reemplazar a los jueces titulares, quienes se pueden ausentar por licencia, vacaciones o permiso especial.

De abordarse el tema hoy, los supremos deberán armar 12 ternas en base al listado de postulantes. Dicha nómina, a la cual accedió La Tercera, cuenta con 54 aspirantes. Luego de armar las ternas, le corresponde al Ejecutivo escoger y designar a los futuros abogados integrantes para el próximo trienio 2021-2023.

Dentro de los postulantes, hay 10 actuales abogados integrantes que esperan ser seleccionados para otros tres años más. Entre ellos destacan nombres tales como la consejera del Colegio de Abogados Leonor Etcheberry y el exjefe de la División Jurídica de la Contraloría Julio Pallavicini.

También figura el exsupremo Pedro Pierry, quien estuvo en el máximo tribunal entre los años 2006 y 2016. Dos años después, a pesar de haber jubilado luego de cumplir 75 años, Pierry volvió a la Suprema como abogado integrante y ahora espera integrar salas por otro trienio. Pierry, además, se desempeña actualmente como asesor del contralor Jorge Bermúdez, motivo por el cual el exjuez siempre se ha inhabilitado en los asuntos que tienen que ver con la Contraloría. Contactado por su nueva postulación, Pierry prefirió no referirse al asunto, debido a que el proceso aún sigue en curso.

Entre los 54 aspirantes hay otros reconocidos abogados. Por ejemplo, el académico de Derecho de la Universidad Católica y exsecretario general de dicha casa de estudios Mario Correa. A él se suman el abogado penalista Francisco Cox, el constitucionalista Emilio Pfeffer y Gonzalo Cisternas, abogado del estudio Cisternas y Cía., e hijo del exministro de la Suprema, Lamberto Cisternas.

A todos ellos se agrega el exfiscal nacional Guillermo Piedrabuena. A sus 83 años quiere volver al ámbito judicial. Piedrabuena cuenta que ya fue abogado integrante entre 2012 y 2015, y tiene interés por estar tres años más. “Estoy ejerciendo la profesión muy poco, me gusta el derecho y me gusta el estudio. Sigo siempre la jurisprudencia de la Corte Suprema, la estudio, hago las comparaciones del caso y espero que me vaya bien en la postulación. Eso ya no depende de mí”, dice Piedrabuena. Consultado respecto de la falta de renovación en los nombres que aspiran a este cargo, el exfiscal solo se limita a decir que “de eso no puedo opinar, simplemente es un hecho”.

Los abogados integrantes han sido objeto de críticas. En 17 ocasiones tanto el Ejecutivo como los parlamentarios han ingresado proyectos para reformar esta figura, incluso con apoyo del pleno de la Suprema, pero ninguna ha prosperado.

“Mientras que el nombramiento de los jueces está muy regulado, el de los abogados integrantes cuenta con menos controles y es más dependiente de la voluntad del Poder Ejecutivo”, dice el director ejecutivo del Observatorio Judicial, José Miguel Aldunate.

Agrega que “los abogados integrantes no tienen la prohibición de ejercer la abogacía ni de participar en política, lo cual debilita su neutralidad, tanto frente a materias de interés público como a eventuales conflictos de interés privado”, precisando que “la ley previene este último aspecto estableciendo una causal de recusación para los casos en que el abogado integrante patrocine negocios en que se ventile la misma cuestión que debe resolver el tribunal”. Para Aldunate, si se va a cambiar esto, debe contemplarse un reemplazo como, por ejemplo, los ministros suplentes u otra figura análoga.

El senador PPD Felipe Harboe ingresó el año pasado un proyecto de ley para terminar con esta figura. “La posibilidad de que una persona que no pertenece al Poder Judicial tenga las mismas potestades de resolver una causa que la de un ministro o ministra de Corte Suprema no es justo”, sostiene Harboe, quien es partidario de que sean reemplazados, por ejemplo, por ministros de cortes de Apelaciones.