Prisión preventiva para dos sujetos acusados por secuestro en Calama: fotografiaban a víctima y pedían dinero para liberarla

detenidos

La víctima estuvo alrededor de 9 horas retenido por sus captores.


En prisión preventiva quedaron un hombre de nacionalidad chilena y otro de nacionalidad colombiana que son acusados del delito de secuestro, en Calama, Región de Antofagasta.

Los sujetos fueron detenidos durante la primera semana de septiembre, luego de una investigación por parte de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

Tras ser puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Calama, los sujetos fueron formalizados por el delito de secuestro y uno de ellos, particularmente, también por el delito de microtráfico de drogas, dado que al momento del allanamiento para concretar su arresto se encontraron envoltorios de cocaína y marihuana, además de elementos para la dosificación.

Según se expuso en la audiencia, el pasado 19 de agosto, un hombre -la víctima- concurrió junto a una mujer hasta una vivienda en Calama, donde fue mantenido contra su voluntad y bajo amenaza por ambos imputados, debido a una supuesta deuda.

En esa línea, para concretar el pago de esta, los imputados le habrían exigido al afectado contactar a familiares y amigos a través de WhatsApp, con el objetivo de solicitarles dinero.

En paralelo, los captores fotografiaban a la víctima con el celular y compartieron dichas imágenes para dar veracidad y urgencia a la petición del dinero.

La víctima se mantuvo alrededor de 9 horas retenido y una vez que los imputados lograron el dinero, fue liberada.

El hecho fue denunciado a las autoridades, motivando la investigación que derivó en la identificación y captura de los dos secuestradores.

Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, y atendiendo la gravedad de los delitos imputados, el Tribunal accedió a conceder la medida cautelar de prisión preventiva en contra de ambos sujetos, por ser considerados como un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima.

Se determinó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

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