Prisión preventiva para extranjeros sin RUT: fiscales advierten a Valencia sobre poca capacidad del Registro Civil en regiones y demoras de hasta un mes

Uno de los primeros registros que hay al interior del Ministerio Público de la denominada “instrucción Valencia” fue un fracaso. Se trata de un caso tramitado el fin de semana en Curacaví respecto a un ciudadano boliviano que fue detenido por conducción sin licencia y que no contaba con identificación. El fiscal nacional Ángel Valencia, tras el crimen del suboficial mayor Daniel Palma, anunció que cada vez que un extranjero fuera detenido cometiendo un delito y sin un RUT o pasaporte que lo identifique, el Ministerio Público procedería a pedir la prisión preventiva. En el caso ocurrido en la ciudad perteneciente a la provincia de Melipilla, el juez que tomó el control rechazó ampliar la detención, en espera de más información, y la medida cautelar más gravosa solicitada por el ente perseguidor. Ambas por ser “desproporcionadas” a lo que arriesga el imputado tras los cargos formulados. Así se materializaba un feble debut para la medida que fue aplaudida por algunos políticos y que genera suspicacias en no pocos actores del sistema.

Tras una breve cita con sus fiscales regionales, Ángel Valencia anunció que la instrucción se hará extensiva al resto del país. Pese a que -según fuentes de Catedral 1437- la iniciativa cuenta con el respaldo de todo el consejo general, algunos fiscales regionales le hicieron notar a su jefe que la situación en el resto del país no es la misma que en Santiago y la Región Metropolitana. Ahí la titular de Valparaíso, Claudia Perivancich, hizo ver su realidad local. Lo mismo otros persecutores que lideran regiones más extremas del país donde se dice que el Registro Civil demora hasta un mes en responder sus requerimientos, por lo que sería complejo poder cumplir con la instrucción en casos donde los propios tribunales desestimaran el mantener privada de libertad a una persona en espera de un trámite administrativo de huellas.

Con todo, Valencia, según presentes, tras escuchar estos reparos e inquietudes, dijo que la medida va y que es una decisión con la que no se dará pie atrás y será el Registro Civil quien deberá adecuarse a los requerimientos de los fiscales del país. Puso como ejemplo el plan piloto que ya está funcionando en el Centro de Justicia de Santiago, donde se instaló una oficina del servicio de identificación que hará más expedito los trámites justamente con extranjeros N.N. Lo mismo, dijo la autoridad, intentarán replicar en otras regiones en el entendido que se sabe que la capacidad en algunas ciudades del país no se compara a la de la capital. De hecho, en provincia la repartición que depende del Ministerio de Justicia no funciona las 24 horas y menos los fines de semana.

El mismo jueves durante el día comenzaron a difundirse las instrucciones de los fiscales regionales metropolitanos. En ella se leía como argumento para esta medida el que el 25% de los imputados que pasa a control de detención son extranjeros, y de ese porcentaje el 50% no cuenta con RUN en el Registro Civil de nuestro país. Esto, de acuerdo al texto, “conlleva a problemas de registro e identificación, así como también problemas de carácter procesal”.

Ante esta situación, el oficio precisa que “todo imputado extranjero que no tenga DNI o pasaporte de su país de origen, deberá pasar a control de detención”. Esta misma situación regirá para aquellos extranjeros que tengan DNI o pasaporte, pero que no cuenten con RUN provisorio en el país.

El protocolo regirá para la comisión de simples delitos y crímenes que el extranjero sin identificación nacional se encuentre imputado en nuestro territorio. Asimismo, se establece que se recopilará toda la información posible sobre las circunstancias de su entrada al país y su situación migratoria precisa actual (en especial si ha ingresado de forma clandestina y si está o no en situación migratoria irregular).

En el oficio también se puntualiza que en la audiencia de control de detención, los fiscales de flagrancia deberán solicitar al tribunal que oficie al Servicio de Registro Civil para la obtención de RUN provisorio del imputado extranjero, debiendo dicha institución informar directamente al tribunal en el más breve plazo.

“Junto con lo anterior, la Fiscalía de Flagrancia deberá solicitar al Departamento de Extranjería de la PDI información sobre la fecha de ingreso al país del extranjero y si lo hizo por paso habilitado o no y su situación migratoria actual. De todas formas, a los imputados extranjeros que no pasen a control de detención se los tomará fotografía y huellas dactilares para su futura identificación, además de la fotografía de la documentación que portaren”, precisa el documento.

Aunque el oficio del jueves 6 de abril estaba dirigido a los fiscales regionales Metropolitanos, a partir del lunes 10, la instrucción fue para todos los persecutores del país.

Así, la Fiscalía Nacional emanó el oficio Nº298/2023, donde el fiscal nacional, Ángel Valencia, instruyó que “en consideración a la creciente problemática que se ha detectado en relación a la individualización de imputados nacionales y extranjeros que cometen delitos y que no cuentan con un documento oficial chileno que permita acreditar su identidad”, se dispuso “a todos los fiscales del Ministerio Público solicitar la medida cautelar personal de prisión preventiva establecida en el artículo 140 del Código Procesal Penal”.

Esto, considerando -según expone Valencia en el oficio- que “concurriendo los presupuestos materiales contenidos en las letras a) y b) de dicha norma, fundado en lo señalado en la letra c) de esa disposición, esto es, en la existencia de peligro de fuga en todos aquellos casos de imputados por cualquier clase de delito que fueran pasados a audiencia de control de detención, que en caso de no contar con un documento identificatorio chileno que permita acreditar su identidad en relación a la referida necesidad de cautela”.

Además, el jefe del Ministerio Público imparte que en el caso que la defensa del imputado pida reemplazar la prisión preventiva por una caución económica, los fiscales se deberán oponer a dicha petición. También, pide recurrir o apelar en casos que los tribunales rechacen la petición del ente persecutor.

El fiscal Valencia instruye este oficio que “en ningún caso” se ofrecerán penas sustitutivas a los imputados extranjeros sin RUN provisorio.