El proyecto que suprime una facultad del Tribunal Electoral

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Al menos el 50% de las juntas de vecinos son ilegales, al no estar calificadas por el Tribunal Electoral. Foto: Agenciauno

Iniciativa de senadores que elimina la calificación de comicios de organizaciones sociales es cuestionada en el Poder Judicial.


Fue en junio de 2017 cuando un grupo transversal de parlamentarios presentó el proyecto de ley para modificar el cómo se califican las elecciones de juntas de vecinos y organizaciones sociales.

La iniciativa, que ya está en tercer trámite legal, fue impulsada por los senadores Carlos Montes (PS), Ena Von Baer (UDI), Carlos Bianchi (Independiente), Rabindranath Quinteros (PS) y el exsenador Andrés Zaldívar (DC).

El proyecto de ley plantea en resumen que "las elecciones de las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias regidas por la Ley 19.418 se entenderán aprobadas sin requerir calificación del Tribunal Electoral Regional, cuando no se presenten reclamaciones en su contra".

Los argumentos

Los parlamentarios justificaron en su presentación que estimaban "urgente e indispensable promover una reforma legal que apunte a agilizar la calificación de las elecciones vecinales y comunitarias", como argumento para presentar la iniciativa, la que además plantea la necesidad de "hacer primar los principios de autonomía de los cuerpos intermedios y la buena fe. En consecuencia, en lugar de presumir la irregularidad y por tanto obligar a la calificación de todas las elecciones, debe suponerse la corrección de estas, salvo en cuanto existan impugnaciones".

Sin embargo, en el Poder Judicial no ven con tan buenos ojos la norma, sobre todo el eliminar la calificación de los sufragios de las organizaciones sociales.

Así lo plantearon en el "II Seminario Justicia Electoral: Reformas electorales en Chile e Iberoamérica 2014-2017", que culminó este viernes en Santiago, en el que participaron expertos internacionales, además de los representantes de los Tribunales Electorales Regional (TER) de todo el país.

"Si se elimina esta calificación no va a haber ningún organismo imparcial para saber si el proceso fue legítimo o no", cuestiona el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidente del Segundo Tribunal Electoral de la región Metropolitana, Carlos Gajardo Galdames.

El magistrado es lapidario con la iniciativa. A su juicio en momentos en que "todos estamos por la transparencia, se dan estas instancias que permiten que las cosas se pueden decidir entre cuatro paredes", señaló.

Asegura, además, que la labor de los tribunales electorales, cuyas atribuciones abarcan las elecciones de juntas de vecinos, la CUT, federaciones de estudiantes, sindicatos, colegios profesionales y organizaciones sociales en general, "no afecta la autonomía de estas", como se plantea en el proyecto de ley.

Dice que los legisladores no han pedido intervención alguna al Poder Judicial, porque "no han tomado contacto con nosotros. No hemos sido escuchados", reclama advirtiendo que su postura en el parlamento "permitiría desvirtuar algunos fundamentos de la propuesta legal y entregar otras que procuran evitar el mal que se procura precaver como lo sería la excesiva tardanza en el proceso de calificación y la presunta afectación a la autonomía de estas instituciones que por cierto negamos".

Desde la otra vereda, el senador Carlos Montes (PS), refuta los dichos del ministro Gajardo, asegurando que así como el Congreso no ha contactado al Poder Judicial, "ellos tampoco han pedido hablar con los parlamentarios", por lo que "me gustaría hacer un foro con él (Gajardo) para que escuche a las organizaciones sociales", señaló.

El legislador defiende la iniciativa, argumentando que el actual sistema relentiza el proceso generando "una cadena de burocracia que lleva a las organizaciones a mantenerse en la ilegalidad", situación en la que está, al menos, "el 50% de las organizaciones vecinales que no han calificado a sus directivas", agregó.

Asimismo, la normativa busca "volver al sistema de siempre, es decir, si nadie hace reparos queda esa elección como tal y terminar con lo propuesto en dictadura que obliga a todas las organizaciones a pasar por el proceso. Antes en cambio se hacía la elección, se le informaba a la secretaría municipal que actuaba como ministro de fe y si nadie hacía reparos quedaba esa elección como tal".

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