“Hay un calendario porque hay un número de vacunas que las hemos ido priorizando. Le decimos a los distintos ediles que le hemos pedido a las seremis que fiscalicen, porque una vacuna que se pone a una persona menor (de la edad estipulada en el calendario), es una vacuna menos para esa persona de mayor riesgo, por lo tanto es fundamental que se adecúen al calendario, porque tiene el objetivo sanitario de ir vacunando a estas poblaciones que tienen más riesgo”. Esa fue la frase que recalcó ayer la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, a propósito de los distintos casos de “saltos en la fila” en la vacunación contra el Covid-19 que se han reportado a lo largo del país.

Salud, incluso, el miércoles pasado emitió un decreto que plantea sanciones a los establecimientos o municipios que no se apeguen al cronograma de vacunación. “Deberán ceñirse estrictamente a las indicaciones señaladas precedentemente (calendario). El cumplimiento de las medidas impuestas por esta resolución será fiscalizado y sancionado, según lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, según corresponda”, señala la resolución publicada en el Diario Oficial.

Sin embargo, el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), al cierre de esta edición, publicó la última actualización de los datos cargados al Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI). Estos revelan que la gran mayoría de los municipios ha inoculado a personas que se ubican en la categoría de “población sana”, de entre los 18-59 años de edad. Se trata de un grupo objetivo que, según ha informado la cartera sanitaria, fue puesto en último lugar de priorización, por lo que su vacunación se iniciará una vez que se haya protegido a las personas más vulnerables. Las proyecciones más auspiciosas para este grupo, según adelantaron el ministro Enrique Paris y la subsecretaria Daza, apuntan comenzar a inmunizarlo a contar de fines de abril.

A nivel país, las personas inoculadas que no pertenecen a los grupos priorizados -adultos mayores, personal de salud, residentes de centros cerrados, personal de servicios esenciales, funcionarios de servicio e infraestructura crítica, entre otros- suman 37.306 y, de éstas, 11.669 se ubican en la Región Metropolitana, donde se registran 11.669 vacunados. La lista es liderada por La Florida, con 2.886 personas, es decir, el 7,7% de la “población sana” inoculada a nivel nacional.

Ante la consulta de La Tercera, el alcalde de la comuna, Rodolfo Carter, explica que “los primeros días que se vacunó habían Bomberos, Carabineros que no estaban registrados en el RNI y eso se ha ido actualizando durante los días. Nosotros al Minsal le planteamos las excepciones que hemos hecho: vacunar a vendedores de la feria, colectiveros, recolectores de basura, personal de cementerios, profesores. No había forma de registrarlo, porque no tenían el casillero. Somos quienes hemos vacunado más, e incluso, se ha vacunado con nosotros gente de otras comunas”.

El edil añade que “hemos inmunizado a más de 53 mil personas, y eso (2.886) es bastante menos del 5% del total de la población”.

La afirmación del alcalde es efectiva: La Florida ha puesto 4,49% de sus primeras dosis a “población sana” entre 18 y 59 años. Sin embargo, el promedio nacional de dosis en este rango es bastante menor: 1,4%. Así, en otras zonas del país y en porcentaje de primeras dosis, Graneros ha puesto el 13,48% en personas sanas, Punta Arenas, el 9,01%, La Ligua, 9,14%, Cerro Navia, el 5,10%, Lago Ranco 16,9%.

Ante las críticas que hizo la presidenta del Colegio Médico (Colmed) Izkia Siches, quien señaló que podrían existir “favoritismos” por parte de algunos alcaldes al vacunar a ciertos grupos de la población, Carter responde que Siches “tiene razón, es posible que eso ocurra, puede ser. Entiendo que el alcalde una ciudad del sur vacunó a su club deportivo, pero yo no le acepto esa insinuación. Claramente nosotros jamás incurriríamos en eso. Es más, yo me podría haber vacunado hace una semana (como autoridad), pero no me he vacunado y esa es la mejor prueba de que actuamos con corrección”.

A continuación del La Florida, se ubica Punta Arenas, con 2.567 inoculados calificados como “personas sanas”. Luego vienen Concepción, Talcahuano y Viña del Mar.

Desde el Consejo Asesor Covid-19, la infectóloga María Teresa Valenzuela, es tajante: el uso, o mal uso de las dosis debe ser investigado. “Esto se está presentando en varias comunas en las cuales no se ha cumplido a cabalidad las indicaciones dadas por la autoridad sanitaria respecto de los grupos de vacunación. Todo lo que es la planificación es realmente importante para que efectivamente se cuente con las dosis necesarias para colocar la segunda dosis a todos los grupos de riesgo, que son bastante bien definidos”.

Valenzuela añade que se debe “fiscalizar exhaustivamente y si ya se dispone de esos datos, va a haber que revisar por qué se produjo esa situación para que no ocurra un desorden que pueda inducir a una falta de vacunas para la segunda dosis. Quienes no cumplan, corren el riesgo de un sumario por incumplir lo dispuesto en el libro X del Código Sanitario”.

En tanto, el epidemiólogo de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, plantea que con estas cifras, si no se logran explicar de buena manera por parte de los municipios, está en juego la credibilidad de la campaña de inmunización.

“Me parece que esto, en general, como práctica, introduce ‘pelos en la sopa’ innecesariamente. Yo justamente al mediodía escuché al alcalde de La Florida que decía que, por ejemplo, lo que había ocurrido es que si tú tenías 40 años y eras cuidador de un adulto mayor que le correspondía vacunarse por calendario, te vacunaban. Pero hay que ser tremendamente cuidadoso con el no respetar el calendario. La vacunación, por si sola, se supone que es un proceso ordenado y por algo se partió en los rangos etarios superiores: la idea es bajar el estrés de las UCI y los muertos. El resto, introduce un desorden y una falta de credibilidad. Si esto no es bien explicado, puede afectar la credibilidad del proceso”, comenta el epidemiólogo.

En el Colmed, su secretario nacional, José Miguel Bernucci, apunta que existe un primer “problema de origen” en la priorización que ha ido variando a medida que existen presiones por inocular a nuevos grupos objetivos.

“Creemos que la priorización siempre se debe regir por razones sanitarias, todos los estudios demuestran que las vacunas protegen a las personas de mayor riesgo, de 60 o incluso 50 años, o a grupos de enfermos con patologías crónicas. En ese sentido, siempre se nos señaló que trabajos esenciales iba a ir en paralelo”, señala Bernucci.

El médico internista agrega que “lo que estamos viendo ahora es que el retraso de los crónicos está dado por personas que no están funcionando en trabajos presenciales, y luego tenemos un segundo problema que es que en las municipalidades se está dando que se está vacunando a otros grupos por decisiones propias de las direcciones de salud, y ese es un pésimo precedente, principalmente porque no solo desordena, viene a empañar un excelente programa de vacunación que se estaba llevando hasta ahora”.