Santiago y Puente Alto, las comunas con más delitos asociados al uso de armas de fuego

Martes 5 de junio. El reloj apenas supera las 12.00 del mediodía. Mientras mujeres y niños permanecen en las calles de la Villa El Volcán de Puente Alto, dos bandas rivales se enfrentan. La conquista del territorio se impone a cualquier otro razonamiento. El uso de armas de fuego no es novedad. Advertidos por los vecinos del sector, llegan hasta el lugar efectivos de la 66° Comisaría de Bajos de Mena. Dos detenidos, un herido y tres armas incautadas. Una escopeta hechiza y dos revólveres. Esta vez no hay inocentes heridos, algo que destaca entre la naturalidad de los disparos.

Este último evento refleja lo que dicen las estadísticas: Puente Alto es la comuna que lidera en la Región Metropolitana los casos policiales por delitos asociados al uso de armamento. Según cifras del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de marzo de 2018, en los límites de la comuna sur se produjeron 720 ilícitos de este tipo. En segundo lugar se encuentra la comuna de Santiago. Aunque en el caso del centro metropolitano el panorama está marcado por la gran cantidad de población flotante que recorre cada día sus calles, sus cifras son casi idénticas a las de su símil, con 702 sucesos (ver infografía).

Para el alcalde de Padre Hurtado y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), José Miguel Arellano, "es preocupante lo que está sucediendo". Más allá del delito que se comete con ellas, el jefe comunal asocia la presencia de armas, principalmente, al "poder adquisitivo que viene del narcotráfico". Y advierte que ello "provoca que la ciudadanía se ve vulnerable por el poder que tienen estas personas, lo que ha puesto en jaque nuestro sistema y las instituciones".

"Cada vez se constata más en las poblaciones que el uso de armas de fuego se ha ido masificando", indica Gonzalo Durán, alcalde de Independencia y vicepresidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).

De acuerdo a la autoridad, es habitual que pistolas, escopetas o armas hechizas sean un instrumento de resolución de disputas entre bandas, generalmente relacionadas al tráfico de drogas.

"Terminan siendo utilizadas como medio de resolución de conflictos entre pandillas o como medio para ejercer control sobre el territorio, algo que constituye una situación de la mayor gravedad", agregó. Esto fue lo que ocurrió el miércoles, cuando el cabo de Carabineros Óscar Galindo acudió a un sector de La Pintana, alertado de que se estaba realizando un ajuste de cuentas. Uno de los protagonistas de este incidente disparó contra el uniformado y tres balas le impactaron. Pocas horas después, falleció.

La sociedad entre armas de fuego y narcotráfico es un aspecto que se reitera entre los expertos. En palabras de Marcos Pastén, vocero de la Fiscalía Metropolitana Sur, "las bandas que se dedican fundamentalmente al narcotráfico utilizan el armamento en la medida en que eso les permite cierto ámbito de protección para desarrollar su actividad principal, que es vender drogas".

Ya no es solo el uso de armas de fuego lo que preocupa a las autoridades. El progreso que se ha ido registrando en los calibres del armamento que utilizan las bandas es un factor que también alerta. Así lo dejan en evidencia las cifras de incautaciones registradas por la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la PDI entre enero de 2017 y abril de 2018. En este periodo se contabilizan 619 armas, entre las cuales se hallan 16 fusiles, 20 rifles y siete subametralladoras.

Ayer, la PDI desarticuló una agrupación de criminales dedicadas al robo con intimidación, en la denominada "Operación Cónclave". En total se detuvo a 29 personas. Sin embargo, lo que más llamó la atención del ministro del Interior, Andrés Chadwick, al revisar junto a diferentes autoridades el material incautado por la policía civil, fue un fusil utilizado por los delincuentes. Luego de que el perito de la PDI le informara que este tipo de armas puede ser obtenido en el mercado legal, el secretario de Estado indicó el armamento para señalar que "aquí está el problema".

"Ya no son armas hechizas. Esa arma automática, que es de guerra, puede ser adquirida en el comercio lícito del país. Y después puede ser transformada en un arma semiautomática. Ahí tenemos que actuar. Hoy no se tienen las atribuciones para exigir la fiscalización que queremos establecer", dijo Chadwick.

En este sentido, el director nacional de la PDI, Héctor Espinosa, destacó la presencia de armamento pesado en las bandas criminales. "Tenemos un centro nacional de análisis criminal donde confluye toda la información. Sabemos cómo están ingresando ese armamento al país y estamos trabajando estrechamente con la fiscalía para sacar de circulación este armamento", aseveró.

Según dijo Chadwick, la mesa del Acuerdo Nacional para la Seguridad Ciudadana entregará una propuesta relativa a una nueva Ley de Control de Armas. Así, planteó que se deben mejorar los mecanismos de fiscalización.

"No solo que esté la supervigilancia del Ejército, sino que también lo esté Carabineros y se incorpore la PDI, con atribuciones para fiscalizar dónde están las armas legales que han sido vendidas y que se supone que están en buen destino, sobre las cuales tenemos serias dudas que permanezcan o hayan estado en ese buen destino", señaló.

El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) destacó el proyecto aprobado por la Cámara Baja en 2017. "Allí propusimos un límite para las personas que extravían sus armas y luego vuelven a sacar. Es decir, más control al abuso que pueda hacerse de armas legales".