Se reactiva juicio por caso Pío Nono y audiencias podrían extenderse por otras dos semanas

Este lunes a las 9.00 horas en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, está programado que se retome el juicio contra el excarabinero Sebastián Zamora, quien es acusado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por el delito de homicidio frustrado en contra de un adolescente en 2020, luego de que este último cayera del Puente Pío Nono durante manifestaciones del estallido social.

Fue el viernes 7 de junio cuando se desarrolló la última audiencia antes del receso de casi un mes, que se originó por “problemas de agenda del tribunal y de los intervinientes”.

Durante el transcurso del juicio, que comenzó el pasado 22 de mayo, la Fiscalía ha ido presentado sus pruebas y testigos. Y para esta segunda etapa se espera que persecutores culminen la exposición de evidencia, entre la cual habrá nuevos testimonios de detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).

En el último día de audiencia, cabe recordar, fueron dos detectives de la PDI los subieron a estrado. Uno de ellos fue el comisario Carlos Arriagada, quien tras reconstruir con un fotograma el momento de la caída, señaló que no se podía concluir que Zamora haya empujado al manifestante. Indicó, de hecho, que la caída se produjo por un choque en el contexto de una detención fallida.

Desde la otra vereda, e abogado que representa a Zamora, el exfiscal Alejandro Peña, señaló a La Tercera que tienen contemplado llevar a cuatro peritos a estrado: el ex jefe de la Brigada de Homicidios de Investigaciones, Gilberto Loch, quien ya realizó un peritaje de cámaras para la defensa; la médica de la Universidad de Chile, Carmen Cerda, especialista en Medicina Legal y en Anatomía Patológica; un perito que analizará imágenes y un profesor de educación física que analizará el “gesto motor” que se produjo en el cruce que tuvieron Zamora y el manifestante al borde de la baranda del puente Pío Nono.

Así, consultado sobre qué esperan de esta segunda parte de juicio, Peña señaló: “Nuestro principal mandato como defensa es limpiar la honra de Sebastián como paso previo a su gran anhelo: el reintegro a Carabineros para poder seguir desarrollando su vocación de servicio”.

“La Fiscalía está terminando de rendir su prueba. Luego, corresponde a la defensa rendir nuestra prueba y estamos convencidos que contamos con los elementos necesarios para demostrar que no existen razones para que un hombre con una vocación a toda prueba como Sebastián, no pueda seguir ejerciendo su vocación en la institución que ama”, agregó.

Este medio intentó conseguir una declaración de la fiscal Chong sobre sus apreciaciones para lo que queda de juicio, lo cual no fue posible. En tanto, desde el Poder Judicial señalaron que el juicio se podría extender por cerca de dos semanas.

El juicio se inició el 22 de mayo. Un día después, Zamora prestó su testimonio, siendo interrogado por el fiscal Marcelo Carrasco. Ese día, el ex funcionario de Fuerzas Especiales de Carabineros señaló que “nunca pensó” que el manifestante pudiese caer al río tras la acción. “Yo retrocedí buscando qué hacer, desorientado, en shock; retrocedo y los manifestantes se nos vinieron encima”, dijo.

Asimismo, en una declaración que se extendió por una hora y quince minutos, aseguró que recibió amenazas “incluso de amigos” por redes sociales y en su WhatsApp. “Me comenzaron a llegar muchas amenazas por redes sociales, por mi número de WhatsApp, incluso, amigos míos que yo tuve casi toda mi vida”, relató.

“Nosotros no podíamos decir en algún lugar ni siquiera que éramos Carabineros, porque éramos insultados, atacados. Entonces, era súper difícil en ese momento ser carabinero. Recibí bastantes amenazas por redes sociales. Subieron una foto de mi mamá a redes sociales”, complementó.

Otro de los detectives que declaró el último día antes del receso fue el inspector de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, Giovanni Villalobos. Fue interrogado por los abogados de Zamora, Alejandro Peña y Vinko Fodich, quienes le consultaron si se había llegado a la conclusión de que el imputado había tomado a la víctima por los pies para luego impulsarlo al río. El inspector Villalobos respondió que “no”.

El Ministerio Público pide para Zamora una pena de ocho años de cárcel. Como querellante en el caso figura el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que suma a la acusación contra el exfuncionario policial un delito de apremios ilegítimos. La Defensoría de la Niñez y el diputado Tomás Hirsch también son querellantes.