Seguidilla de balaceras marcan el fin de año en materia de seguridad

La incautación de 3,5 toneladas de marihuana que provenía de México fue uno de los hechos policiales de fin de año que sorprendieron a autoridades y a la opinión pública. La droga, avaluada en más de $ 17 mil millones, iba a ser internada al país a través del puerto de San Antonio.

Lo que vino después de esa incautación de la PDI fue una serie de hechos violentos que, pese a que no todos están relacionados entre sí, se fueron dando semana tras semana durante diciembre, marcando lo que ha sido este fin de año e impactando en la percepción de seguridad de la población.

Un denominador común que han tenido estos casos ha sido el poder de fuego de los autores de estos delitos. Este fenómeno, de hecho, fue reconocido por los fiscales de Santiago. “En el último tiempo se ha detectado un mayor poder de fuego en las armas utilizadas para cometer los homicidios y que estos ataques son dirigidos contra personas específicas”, dijo a La Tercera el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, la semana pasada.

El caso más impactante ocurrió esa misma semana en Maipú y dejó al descubierto que independiente del trasfondo criminal que hay en estos ataques, las víctimas han sido todas inocentes sin relación con las rencillas. Lo ocurrido en Maipú la semana pasada, en plena feria navideña, cuando desde un auto una persona disparó 10 tiros al aire que terminaron hiriendo a cinco personas, de las cuales falleció una, fue el suceso que alteró la agenda.

Los acontecimientos violentos de esta semana revelan otro factor: este fenómeno delictual es transversal en la ciudad. El lunes, en el sector oriente, la ex Miss Universo Cecilia Bolocco fue víctima de una encerrona y, además, se reportó una balacera en Vitacura que dejó un guardia de Seguridad Ciudadana herido.

Mientras eso pasaba en Vitacura, en San Bernardo se vivía otra tragedia. Un hombre de 29 años que trataba de defender su casa de un asalto fue asesinado por cuatro desconocidos.

Uno de los elementos que ha destacado la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, es que los grupos criminales salen a delinquir utilizando, en la mayoría de las ocasiones, armas de fuego. Y ayer, en menos de 24 horas, cuatro hechos tuvieron en común el uso de este tipo de armas: una “bala loca” que terminó con la vida de una adolescente en La Pintana, una disputa entre comerciantes ambulantes en el barrio Meiggs, dos niños de ocho años heridos a bala en su propia casa y un fallecido por disparos en un portonazo en Cerrillos.

Todos estos incidentes volvieron a darle urgencia a la agenda de seguridad del Congreso. De hecho, el mismo Presidente Sebastián Piñera tomó protagonismo presionando al Congreso para que tramite y apruebe los proyectos ingresados por el Ejecutivo.

“¿Qué más tiene que ocurrir para que el Congreso apure la agenda de seguridad, que en algunos casos lleva años?”, aseguró Piñera la semana pasada tras la balacera en la Plaza de Maipú. Sus dichos fueron el inicio de un emplazamiento asumido por La Moneda y el oficialismo para acelerar la tramitación de estas iniciativas. Se trata, por ejemplo, de las modificaciones a la Ley de Armas y, ahora último, el mensaje que firmó el Mandatario el domingo y que pretende modificar el Código Penal para actualizar el delito de asociación ilícita.

Ayer las críticas siguieron. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, defendió la gestión del gobierno en materia de seguridad: “El Ministerio del Interior ha estado presente en cada una de las comisiones y en cada uno de los debates a los cuales hacen alusión los parlamentarios que han ejercido estas críticas”. Luego, aseguró que “si alguien quiere que este ministro que lleva menos de dos meses se vaya a vivir al Congreso a cambio de sacar esta ley (de Control de Armas), que le importa tanto a la gente, el lunes me voy a vivir al Congreso, no tengo problemas”.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, criticó a quienes “condenan el uso de armas de fuego, pero por otro lado proponen indultarlos”. “Hace una semana escuchamos en la Comisión de Derechos Humanos el relato de una persona que está privada de libertad. Y ¿por qué está privada de libertad?, se le imputa hacer uso de armas de fuego en contra de cuarteles de la PDI y de oficinas del Ministerio Público”, relató.

La arremetida del gobierno no dejó indiferente a la oposición. La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, “valoró” el proyecto que modifica la asociación ilícita, asegurando que deberá analizarse en su mérito y que “se requiere que el ministro del Interior tenga una participación muy activa en el avance del narcotráfico que estamos viviendo”.

El senador PPD Felipe Harboe, en tanto, criticó el ambiente generado y comprometió su apoyo para avanzar en estos temas: “El drama de miles de personas que viven con miedo a las bandas narcos, balas locas, encerronas u otro delito, siempre termina en peleas políticas en vez de dejar disputas y apoyar estrategia para mejorar la prevención, identificar, detener y condenar a los delincuentes”.