En 2020, Diana Guaina Jerez (29) viajó a Chile. La crisis en su país, Venezuela, no le permitió seguir ejerciendo su trabajo de administradora en una empresa aseguradora. En el país vivía hace tres años el padre de su hija. “Aquí hay más oportunidades”, le comentaba.

Fue una decisión compleja, pero Chile ofrecía un mejor pasar. Osorno fue su destino. Atrás dejaba a sus padres, su hermana, las tardes de ser porrista en campeonatos de béisbol y el calor. Logró encontrar trabajo, y también una nueva pareja, un carabinero de 21 años de iniciales F.A.P.H. (por orden judicial no es posible divulgar su nombre).

“Los últimos meses de 2022 la noté rara. Se le rompían seguido los celulares, ahora estoy segura que se los rompía él. Había terminado con su pareja, pero ella estaba muy enamorada, entonces volvieron”, comenta Karina, hermana de Diana. Recuerda que durante los últimos meses cada vez que hacían videollamadas estaba él. “No podíamos hablar cosas de mujeres”, cuenta.

Luego, se comenzaron a revelar más detalles, como que su pareja había sido dado de baja de Carabineros por consumo de drogas. Diana le había dicho a su familia que quería darse un año sabático.

En la madrugada del 1 de enero, Diana fue asesinada a golpes y diversas agresiones por su pareja.

Nueve días después, otra mujer fue asesinada por su cónyuge. La ciudadana haitiana Nenerose Destiron (39) fue asfixiada hasta morir en Pedro Aguirre Cerda.

Cuatro mujeres más murieron durante enero a manos de sus parejas o exparejas. Otras 18 sobrevivieron a intentos de asesinatos. En promedio, cada un día se intentó un femicidio durante este mes.

Comparando los datos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género con periodos anteriores, este es el comienzo de año con más femicidios en más de una década (ver infografía).

La última vez que hubo más seis o más femicidios en enero fue en 2008 (siete), año que tuvo en total 59 femicidios consumados. A pesar de esto, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género indican que esta no puede ser considerada una variación tan importante, ya que, según sostienen, estos hechos no son estacionales, además que en comparación con el año pasado, es solo un caso más.

Sin embargo, reconocen que es una situación sumamente grave y preocupante. “Claramente las cifras no son positivas, y están muy lejos de lo que nosotras esperaríamos. Evidentemente la pandemia influyó en el incremento de la violencia contra las mujeres, y eso es algo que hemos dicho en innumerables ocasiones, porque las situaciones de crisis, ya sean económicas o sociales, siempre aumentan la violencia contra las mujeres.”, afirma Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género.

Por otro lado, desde la Coordinadora Feminista 8M ven esta situación como algo alarmante y que requiere la máxima atención. Sus integrantes también atribuyen esta situación a la crisis económica y social que vive el país, como un escenario propicio para agudizar la violencia contra la mujer.

“La plena autonomía económica, que se hace cada vez más difícil en momentos de desempleo, trabajo informal, bajos sueldos, junto a la insostenible crisis de la crianza y los cuidados determinan en parte importante todas las formas de violencia de género, incluyendo su forma más brutal y extrema como es el femicidio”, dice Karina Nohales, una de las voceras del movimiento.

Por otro lado, un dato que sí ha visto un incremento considerable es el de los femicidios frustrados. Según información del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, durante 2022 hubo un incremento de un 10,6% de estos hechos respecto al año anterior, pasando de 163 a 180.

Pero esto se explica principalmente por el cambio de tipificación del femicidio frustrado. “El aumento en las cifras se debe principalmente al trabajo que ha desarrollado el Ministerio Público y el intersector en los últimos años, tendiente a visibilizar casos que antes jurídicamente se calificaban como lesiones o incluso amenazas. Investigando con perspectiva de género se ha podido afirmar ante tribunales que estos hechos implican efectivamente un acto que buscaba afectar la vida de las mujeres”, comentan desde la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional.

Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género argumentan que se está trabajando para hacer frente a esta situación, realizando campañas de prevención, generando alianzas con otros organismos, como la Fiscalía, y generando o apoyando proyectos de ley en que buscan la erradicación de la violencia para la mujer.

“Aumentamos en un 8,7% el presupuesto destinado a SernamEG; nuevos recursos que nos permitirán implementar dos Centros de Atención y Reparación en Violencia Sexual y una Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Trata, además de fortalecer los equipos profesionales de atención. Junto con lo anterior, con la asistencia del Banco Mundial estamos trabajando en el diseño de un sistema integrado de datos, para poder generar un expediente único de cada caso y articular mejor la respuesta estatal frente a las víctimas de violencia de género”, cuenta la ministra Orellana.

Desde el Poder Judicial también se están tomando medidas para hacer frente a esta situación. El fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo que en su gestión una de las prioridades es destinar recursos importantes para crear la unidad especializada de Género en la fiscalía.

“Los femicidios son un problema nacional y cuenten con que la creación de esa unidad especializada va a ser una contribución concreta y significativa para el trabajo que realizan los fiscales investigando esas causas y la forma en que atienden a las víctimas, los testigos y cómo implementamos el enfoque de género dentro de la fiscalía”, sostuvo Valencia.

Desde la Jefatura Nacional de Delitos Contra las Personas (Jenaped) de la PDI destacan el aporte que mantienen las policías dentro del Circuito Intersectorial del Femicidio, donde pretenden dar respuesta a esta problemática.

“Siempre es importante considerar que este delito, así como otros, no sólo deben ser considerados desde la perspectiva numérica, sino que también desde la dimensión subjetiva de la seguridad, es decir, considerar el impacto que el delito genera en la sociedad”, agregan en la Jenaped.

Pero para organizaciones feministas todos estos esfuerzos no son suficientes si no se toman medidas concretas para generar más derechos para las mujeres, una crianza compartida con redes de apoyo y una política estatal para la erradicación de esta problemática.

“La violencia machista sigue ocurriendo, pero hemos avanzado, gracias al feminismo y desde la movilización. La sociedad mayoritariamente hoy condena y asume como un problema grave este tipo de violencia. Las niñas de hoy crecen sabiendo eso y es imperativo no retroceder lo avanzado”, comenta Alondra Carrillo, otra vocera de la Coordinadora Feminista 8M.

Días después del femicidio de Diana, su familia junto a la Corporación Mujeres del Siglo XXI han iniciado una campaña con el fin de llevarla de vuelta a su país. Todos los trámites, dice su hermana Karina, cuestan aproximadamente tres millones de pesos chilenos, montos con los que la familia de Diana no cuenta, por lo que esperan lograr esa cifra mediante donaciones.

Desde la organización han realizado diferentes manifestaciones feministas en Osorno, comuna que ha lamentado dos femicidios durante este año. “Estamos consternadas, es terrible esta situación”, cuenta Lucinda Hernández Chacón, integrante de la organización.

“El traer a mi hermana a casa les va a dar un poco de consuelo a mis papás. Porque han estado muy mal. Es su hija pequeña y el dolor es muy fuerte. Les dará un poco de paz que descanse aquí y poder tener un lugar donde visitarla”, dice Karina.

Patricia Zapata Restrepo (48) vivía junto a sus tres hijas en Colombia. Era soltera. Pero como lo ven cientos de sus compatriotas, venir a Chile era una buena oportunidad para ayudar a su familia y en 2017 decidió partir desde su tierra natal.

En Chile encontró trabajo en una pastelería, donde cada mes enviaba dinero para ayudar a su familia. Aquí vivía junto a una amiga ya que no tenía más familiares en el país. Lamentablemente también conoció a una nueva pareja, quien la atacó el 14 de enero y falleció nueve días después debido a la violencia de la agresión.

La familia de Patricia también quiere llevarla de vuelta a su país. Tuvieron que organizar un bingo para conseguir los fondos necesarios para pagar los trámites respectivos de la repatriación.

“Para nosotros es un poco reconfortante que ella esté acá, en Colombia, con nosotros para poder darle una digna sepultura”, dice Carolina, hija de Patricia.

Karina no quiere que el caso de su hermana se olvide. Dice que es una promesa que le debe cumplir. También que el sistema judicial funcione en su caso. “Tengo fe y esperanza que de verdad se haga justicia. Yo particularmente no soy de las personas que les gusta tomar la justicia por sus manos, para eso tenemos órganos competentes que aprobamos nosotros como población. Pero creo que también hay justicia divina y nosotros, como familiares, tenemos la esperanza que de verdad, esta vez sí va a haber justicia”, afirma.

Lo mismo siente Carolina y su familia. Que deben enfrentarse ante una situación donde el asesino de Patricia ya tendría antecedentes de haber cometido otro femicidio anteriormente. “Le digo al sistema judicial que se ponga la mano en el corazón, que haga justicia. Ellos saben que lo que le hicieron a mi mamá fue quitarle el derecho a la vida simplemente por enamorarse de alguien que no debía. Entonces, que pongan, pues, todo el peso de la ley sobre el asesino”, concluye.