Senador Prohens presenta recurso de protección ante la Corte de Apelaciones por crisis educacional en Atacama

Para profesores Atacama
Una marcha realizada el 25 de octubre en Copiapó.

En respaldo a una treintena de apoderados, el parlamentario de RN señaló que la acción judicial apunta a que los niños, niñas y sus familias "han sido abandonados, enfrentándose a una vulneración de derechos por parte del Estado". En esa región, profesores se han mantenido en paro por casi dos meses.


En el marco de la crisis educativa que se está viviendo en Atacama, el senador por esa región Rafael Prohens (RN), junto a la concejala de Copiapó Carolina de la Carrera, acudieron hoy a la Corte de Apelaciones para presentar un recurso de protección.

Y es que hace 58 días el gremio docente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de esa región inició un paro de actividades tras acusar “graves problemas de infraestructura e insumos” en los colegios. Esto ha mantenido 46 establecimientos educacionales paralizados y 30 mil alumnos sin clases.

El domingo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que el plan del gobierno contemplaba el retorno a las aulas el jueves 2 de noviembre. “Mi perspectiva es que hay un plan que está funcionando. Ya se iniciaron las obras en varias escuelas que de aquí al 31 de octubre, al martes, se está planificando que logren entrar el resto de los establecimientos educacionales en intervenciones y nosotros dijimos y se armó una polémica ahí de que presentamos un plan de recuperación de clases que nos perspectiva partir el día 2 de noviembre, el próximo jueves y esperamos que las comunidades reciban esto con la apertura de que no le pasemos la cuenta a los estudiantes”, dijo ese día.

Sin embargo, el presidente del Colegio de Profesores regional, Carlos Rodríguez, se negó a esta idea, afirmando que “no están las condiciones mínimas habilitantes” para volver a clases.

En la acción judicial interpuesta por Prohens, donde menciona la solicitud de al menos 30 apoderados y que apunta al SLEP, se señala: “El presente recurso de protección está motivado por la grave amenaza, afectación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que residen en la Región de Atacama, en particular en las comunas de Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Chañaral y Diego de Almagro, correspondientes al SLEP Atacama, los cuales por omisiones de la recurrida, que no ha entregado las condiciones adecuadas para el desarrollo y funcionamiento de las clases escolares. Este proceder arbitrario e ilegal les ha causado un importante agravio en su calidad de padres y/o apoderados de alumnos de diversos establecimientos educacionales de la región, importando ello, una vulneración de las garantías fundamentales de los niños, niñas y adolescentes de la región de Atacama, consagradas en los Artículos 19, numerales 1, 2 y 10 de la Constitución Política de la República”.

Con todo, el parlamentario y la concejala solicitaron que la Corte de Apelaciones de Copiapó declare que el SLEP de Atacama ha actuado en forma “ilegal y arbitraria” con su “conducta omisiva, violentando los derechos fundamentales de los estudiantes”. Además, piden que se ordene emitir un oficio que dé cuenta de las acciones que se han realizado para mejorar las condiciones en las que se imparte educación en la región.

En el escrito también se sostiene que “desde la solicitud de oficio efectuada por la subsecretaría de Educación al director de la Dirección de la Educación Pública, realizada el 30 de marzo del 2023, solicitando estudiar situaciones que podrían estar afectando la correcta prestación del servicio educativo en Atacama, han pasado más de 7 meses y aún no existe una solución definitiva”, sumándose a la paralización que ya casi llega a los dos meses de pérdida de clases. Y ante la “insostenibilidad de la situación y la escasa posibilidad de resolución del fondo del asunto, por lo que existe un peligro efectivo y concreto en el retraso de esta decisión, haciendo urgente la dictación de la orden de no innovar”.

“Hemos presentado esta acción judicial para que los tribunales puedan otorgarle a los apoderados certezas en el plan que tienen que ejecutar las autoridades responsables de subsanar esta crisis del sistema educativo que enfrentan los estudiantes de nuestra región Atacama”, dijo Prohens.

“Este recurso es contra el SLEP de Atacama puesto que han dejando abandonado a los niños y a sus familias, enfrentándose a una vulneración de derechos por parte del Estado, al no poder tener certeza de su desarrollo educacional. Nos vemos en la obligación de visualizar el impacto negativo en la salud mental de toda la comunidad educativa”, agregó.

En esa línea, el parlamentario de Renovación Nacional señaló: “La crisis educativa de Atacama no solo es de infraestructura, es un problema que tiene un impacto integral en el niño, niña y adolescente. Nosotros pedimos dos cosas a la Corte: la orden de no innovar y que exista un compromiso real con plazos para dar solución de este problema”.

Por su parte, la concejala De la Carrera dijo: “Hemos tenido reuniones con distintos apoderados de distintos colegios de la región, quienes también son parte de esta acción judicial, están cansados de enfrentar esta crisis solos, sin respuestas, mientras corre el tiempo. Muchos de ellos están en cuarto medio y tienen que rendir la PAES, lo que les resulta imposible. Son representantes del Liceo de Música, Escuela Bruno Zavala, Escuela Abraham Sepúlveda Pizarro”.

Los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) son una institución que se creó con el inicio de la Nueva Educación Pública (NEP) y que reemplaza a las municipalidades como organismos responsables de las escuelas. Los Servicios Locales de Educación Pública son encabezados por un director ejecutivo, que es nombrado por el Presidente de la República por concurso, de acuerdo con el Sistema de Alta Dirección Pública.

Rafael Prohens

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