Sergio Muñoz ante el Senado, su jurado en la AC: “Con este caso se puede afectar la independencia del Poder Judicial y de los jueces a futuro”

El suspendido ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, llegó hasta la sala del Senado convencido de que este era el momento de jugarse todas las cartas para convencer al jurado -que votará este miércoles- de que no hay pruebas para que se le declare culpable de los cargos imputados. La primera señal de eso fue que llegó con una defensa reforzada.

Al equipo de lidera el exministro del Tribunal Constitucional y exdecé Jorge Correa se sumó el excontralor Ramiro Mendoza. El exjefe del órgano contralor, un abogado muy cercano a Chile Vamos e influyente en la derecha, tomó la decisión de sumarse ya que considera que el libelo acusatorio de Muñoz, por los cargos que se le acusan, es una “acción impropia”. La señal se leyó de inmediato en la sala. Muñoz, consciente de que su futuro depende de los senadores de derecha, puso a Mendoza para afirmar sus argumentos respecto de los legisladores de oposición que decidirán su posible destitución.

Los alegatos de su defensa no solo incluyeron una larga exposición de Correa, además contó con la proyección de líneas de tiempo para dejar en evidencia, ante los senadores presentes, las inconsistencias que existen respecto de la única prueba que sustenta uno de los cargos del libelo: la declaración jurada ante notario de la empleada de la inmobiliaria.

Muñoz fue quien partió con las intervenciones, luego le siguió Correa, y después, Mendoza. El poderoso magistrado, expresidente de la Corte Suprema y actual presidente de la influyente Tercera Sala, expuso los argumentos y pruebas para derribar los cargos del libelo. Además, usó su intervención para revelar algo que hace semanas se viene comentando al interior de la Corte Suprema.

“Concurro ante este honorable Senado no solamente para el hecho de defender la inamovilidad de este juez, sino que también para defender mi honra que pretende ser mancillada, aunque en realidad ningún hecho inefectivo podrá afectarla. También concurro para el efecto de que en realidad lo que puede ocurrir es que con este caso se afecte la independencia del Poder Judicial y de los jueces a futuro. Por eso concurro. Concurro igualmente en el convencimiento de que el honorable Senado escuchará y ponderará las argumentaciones de mi defensa y que entonces y solo entonces resolverá y lo hará en conciencia a la acusación que se ha presentado a mi respecto”, partió diciendo Muñoz.

El juez también aprovechó de hacer un llamado a que lo juzguen por las pruebas rendidas y no por ideas preconcebidas u órdenes de partido. “Hamilton, en El Federalista, esa obra esencial de la democracia, hace ver el peligro que corren los juicios políticos señalando que ‘en esas ocasiones se correrá siempre un gran peligro de que la decisión esté determinada por las fuerzas comparativas de los partidos en mayor grado que por las pruebas efectivas de inocencia o de culpabilidad. Estoy seguro de haber llegado finalmente al lugar en que ello no ocurrirá: el Senado de la República de Chile”, dijo Muñoz.

Detrás de su preocupación por la independencia del Poder Judicial se esconde algo que más de algún supremo ha repetido en privado en los últimos días: que con este tipo de acusaciones el Congreso, haciendo uso legítimo de una facultad constitucional, lo que en realidad está haciendo es un “acto de amedrentamiento” hacia los jueces.

Esto es algo que despierta algunos de los peores recuerdos que ha enfrentado la judicatura. Uno de ellos fue cuando en 2018 los diputados acusaron a tres ministros de la sala penal -Hugo Dolmetsch, Carlos Künsemüller, Manuel Valderrama- porque no estaban de acuerdo con lo que resolvieron respecto a la libertad condicional de condenados por delitos de lesa humanidad. El segundo antecedente pasó en 2020 cuando los diputados -molestos por lo que resolvió la comisión de libertades condicionales de la jurisdicción de Valparaíso sobre Hugo Bustamante, el homicida de la joven Ámbar Cornejo- acusó constitucionalmente a la ministra Silvana Donoso, a quien le tocó presidir dicha instancia. Incluso los jueces más molestos han dicho que la acción de Muñoz es un “acto de control político hacia la magistratura”.

Lo dicen no porque quieran defender de forma especial a Muñoz y sacando del análisis el caso de la destituida jueza Ángela Vivanco. Lo dicen porque hay varios que están convencidos de que en el caso de Muñoz se armó una jugada para incluirlo en el caso Audio, pese a no tener chats con Luis Hermosilla y no estar involucrado en ninguna de sus aristas.

Como argumento para sostener el punto agregan que de lo contrario no se explica que en la Cámara su acusación se amarrara a la de Vivanco. A eso se suma algo que el mismo Muñoz afirmó en entrevista con La Tercera. “Están buscando una vía oblicua para sacar a este juez que está fallando en contra o no está acorde a sus intereses”, aseguró el domingo a este medio.

Al cierre de la defensa, por si no fuera suficiente la intervención de Muñoz, fue Correa quien aprovechó de reforzar el mensaje entregado previamente por Muñoz. “Si los antecedentes del proceso han demostrado la falta de verosimilitud y consistencia de los cargos en el capítulo primero y se ha demostrado que no hay deberes en el capítulo segundo, y este magistrado igualmente fuere destituido, lo que se instalaría en los jueces sería algo muy corrosivo para la libertad y la democracia. Se instalaría la convicción de que aunque se cumplan los deberes inherentes a las funciones que cumplen, es muy inconveniente afectar intereses poderosos o enemistarse con las mayorías políticas”, afirmó Correa.

Luego cerró sus palabras haciendo alusión a lo vivido en dictadura. “Todos tenemos presente lo que sucedió cuando había un Poder Judicial obediente al poder político, cómo se dañó la libertad, cómo se tomó impunemente la vida, cómo cundió la corrupción. La corrupción judicial no solo se expande con el tráfico de influencias, también con el temor a otros poderes del Estado. Eso también es corrosivo, eso no debe ocurrir”, concluyó el abogado.

Cuando Muñoz tomó la palabra, no solo habló sobre los riesgos que él ve en la independencia del Poder Judicial, sino que también se refirió a los cargos del libelo acusatorio: “Niego total y absolutamente de la forma más categórica, como lo he hecho en la Cámara de Diputados, haber dado noticia a mi hija del acuerdo alcanzado por la Tercera Sala de la Corte Suprema el 19 de octubre de 2022 respecto del acuerdo y los recursos en el proceso 1085 de ese año, que por cierto se ha señalado acá, que era rechazar todos los recursos con dos votos en contra, uno de ellos el mío, que estaba por acoger el recurso de los vecinos, dejar sin efecto la RCA y disponer que debía procederse a un nuevo proceso de participación ciudadana en atención a la modificación sustancial que había sufrido el proyecto para cumplir ciertos aspectos que le había reprochado la autoridad ambiental”.

Luego apuntó a la declaración de la secretaria. “Solo deseo destacar que no existe prueba que sostenga el hecho afirmado por la acusación, es una deducción de los acusadores. Incluso la declaración jurada ante notario de la empleada de la inmobiliaria, que sostiene toda la acusación, no afirma haber escuchado de mí o de mi hija que le señalé el acuerdo. Es una suposición de lo que dice la declaración jurada. No sostiene eso la señorita empleada de la empresa inmobiliaria, son los acusadores quienes lo afirman. Reitero una vez más y lo he sostenido en otras instancias: yo no estaba en conocimiento de las promesas de compraventa suscritas por mi hija con la inmobiliaria y lo reitero”, añadió el supremo.

Finalmente, se refirió al cargo que hace referencia al teletrabajo de su hija, la jueza Graciel Muñoz, desde Roma en pandemia: “La legislación no establece el deber que se señala que he incumplido. En el caso específico, el de corrección disciplinaria, recae sobre la Corte de Apelaciones de San Miguel respecto de una jueza de su jurisdicción. Deber que la Corte de Apelaciones de San Miguel ejerció. La Corte Suprema solo puede enmendar la omisión de la corte de apelaciones e instruir que esa omisión sea corregida. Acción que no corresponde desarrollar pues el presupuesto no concurre: la conducta fue investigada y la jueza sancionada. En derecho público solo se puede hacer aquello que la legislación expresamente contempla y otorga las facultades respectivas. Las funciones se entregan al órgano, no a sus integrantes”.