El sistema de pasajes que motivó el cambio y que advirtió la jueza Rutherford

El primer "golpe" al Alto Mando del Ejército en la arista "Empresas de turismo", en la cual se indaga la devolución irregular de dineros por la compra de pasajes, fue el 16 de octubre de 2018. Ese día, la ministra Romy Rutherford procesó al jefe del Estado Mayor de la institución, el general John Griffiths, quien era el segundo hombre al mando de la entidad castrense.

En las filas uniformadas este procesamiento se veía venir y a esas alturas, con otros tres coroneles procesados por lo mismo, el Ejército realizó una auditoría interna para analizar los procesos históricos en la compra de pasajes.

Allí se concluyó que "sí procede reglamentariamente que el personal canjee su orden fiscal ante la agencia de viaje, determinando distintas rutas o itinerarios para llegar a su destino en comisión, y que eventualmente obtenga saldos a favor en dinero, que no son otra cosa que dineros propiedad del comisionado".

Pero el nuevo informe del Ejército, conocido esta semana, cambió esta mirada, pues las conclusiones de la investigación interna -de abril de este año- dicen lo contrario.

Por ejemplo, en el punto cuatro de la última auditoría se señala que "no es posible afirmar que el derecho a pasajes constituya un derecho personal, subjetivo, equivalente a dineros de propiedad del comisionado". Además, se manifiesta que "al no haber instrucciones claras y precisas, el personal comisionado al extranjero (…), se validó una práctica errónea a través del tiempo".

El sistema de pasajes vigente hasta antes de estas nuevas disposiciones databa de 1982 y, según se señala en el informe, no estaba claro lo que se podía o no se podía hacer. Por ello, se estima en el Ejército, no habría existido dolo en el actuar de muchos de los funcionarios.

Esta afirmación se contrapone con las resoluciones de la magistrada en los nueve procesamientos por esta arista, en las cuales se sostienen que sí hubo intención de defraudar al Estado.

Es en base a las dificultades detectadas que el Ministerio de Defensa determinó el cambió de todo el sistema de compra de pasajes y fletes en las FF.AA., que se realizará a través de un convenio marco o licitación, entre otras especificaciones orientadas al tema de la probidad.

Según el estudio del Ejército, "no existen antecedentes de que entre los años 1982 y 2013, se haya exigido por parte de la Sección Pasajes y Fletes rendiciones de cuenta del gasto efectivo de los beneficios pecuniarios percibidos por los comisionados a título de los derechos de pasajes y fletes correspondientes a su cargo".

Además, entre las conclusiones descritas en el informe se manifiesta que la responsabilidad administrativa "por la existencia de las contradicciones en las cartillas, manuales e instrucciones que se daban a los comisionados respecto de los beneficios pecuniarios consistentes en los derechos de pasaje y fletes, recae en las autoridades a cargo de su confección, implementación y control, desde los años 2008 a finales de 2013".

Pero, en la investigación de Rutherford se ha dictaminado que sí hubo responsabilidad en la fiscalización. Así da cuenta el procesamiento del exjefe de Pasajes y Fletes, el coronel Juan Cornejo de la Fuente, por la eventual defraudación de $64 millones. Misma suerte corrió su antecesor, el coronel (R) Fredis Jara.

En la investigación se ha determinado también que los procesados presentaban facturas falsas al Ejército para solicitar reembolsos y devoluciones. Estos sistemas son están en la mira de la magistrada, quien ha determinado, por ejemplo, que por solo un pasaje a Buenos Aires la institución ha devuelto casi $2 millones.