El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió acerca de los últimos hechos de violencia que han afectado a Carabineros, que incluyen el reciente fallecimiento del suboficial mayor Carlos Retamal Jaque, quien fue brutalmente agredido el pasado domingo 9 de octubre mientras fiscalizaba una carrera clandestina de automóviles en San Antonio.

Con respecto a los ataques que ha vivido la policía uniformada en el último tiempo, el subsecretario Monsalve indicó en CNN Prime que “el marco legal vigente permite aplicar penas bastante severas a quienes agreden de manera grave a Carabineros. Lamentablemente, el doloroso caso que ocurrió esta semana del sargento Carlos Retamal, que tuvo resultado de muerte, la justicia aplica la pena de 15 años y un día, hasta presidio perpetuo. Lo que corresponde es aplicar la ley de forma severa, por eso nos querellamos y el Presidente (Gabriel Boric) dijo que vamos a ser implacables respecto a exigir que se cumplan y se apliquen las penas más severas que tiene la ley”.

Por otro lado, y al ser consultado sobre si los tribunales aplican las leyes como corresponde, la autoridad señaló que “nosotros somos respetuosos de las decesiones del Poder Judicial, pero actuamos a través de las querellas y con estas se expresa la determinación política y la convicción jurídica del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Queremos colaborar con la acción de la justicia, solicitando diligencias para poder mejorar la capacidad de identificar la responsabilidad de los autores, pero es a través de las querellas que nosotros esperamos lograr todos los antecedentes y contribuir a la labor judicial, para que la convicción del juez al final sea la aplicación de las penas máximas que permite la ley”.

Asimismo, el subsecretario Monsalve reconoció que Carabineros ha enfrentado una situación “muy compleja” y afirmó que la institución cuenta con el respaldo del Ejecutivo para garantizar la seguridad de las personas y luchar contra la delincuencia, con el fin de aplicar el Estado de derecho.

En relación a lo anterior, Monsalve recalcó que “el respaldo no son solo palabras, son acciones que se expresan a través de decisiones, como por ejemplo las decisiones presupuestarias que tomó el gobierno para el año 2023, que tienen recursos que expresan con mucha claridad el respaldo que estamos entregando a Carabineros”.

La muerte del sargento segundo de Carabineros Carlos Retamal Jaque causó molestia en la UD, lo que provocó que desde el partido anunciaran la presentación de un proyecto que busca darle la facultad a Carabineros y miembros de las FF.AA. que sean atacados en actos de servicio, poder ocupar el arma que portan para defenderse.

El jefe de bancada de los diputados gremialistas, Jorge Alessandri, afirmó que “qué sentido tiene la proporcionalidad de la fuerza cuando es una institución del Estado la que está defendiendo. Nosotros no creemos que debiera ser proporcional la defensa de un carabinero. Ahí debe operar la razonabilidad de la fuerza, que si 12 personas te encierran y te pegan, pueda sacar su pistola. Y si alguien recibe un balazo... bueno, para qué atacó entonces a un carabinero. Arma letal contra cualquier ataque. De lo contrario vamos a tener que lamentar muchas muertes”.

En relación a la eliminación del uso proporcional de la fuerza, Manuel Monsalve indicó que “en todas partes del mundo el uso de la fuerza, el privilegio del uso de la fuerza, el monopolio del uso de la fuerza que se le entrega a las policías y a las Fuerzas Armadas debe ser proporcional”.

Además agregó que “Carabineros en su conducta para controlar y perseguir un delito, tiene todo el respaldo del gobierno y puede hacer uso de las armas de fuego de manera proporcional y en particular en cualquier situación que esté en riesgo la vida de una persona o de un carabinero. Ellos tienen el derecho a hacer uso de su arma de fuego, eso es claro y nítido, pero ese uso debe ser proporcional. Evidentemente, no es posible usar un arma de fuego como respuesta a una agresión que no tiene esa misma proporcionalidad”.

Un duro mensaje a los extranjeros que se encuentran de forma irregular en Chile envió este jueves el Presidente Gabriel Boric, en el marco del segundo día de su gira por la Región de Antofagasta.

Tras ser consultado por los “rucos” -moradas improvisadas de migrantes- que se han instalado en Antofagasta, el Mandatario señaló que “el tema de los rucos en particular, uno no puede satisfacerse solamente con la pretensión de sacarlos un día de un lugar. Por eso la respuesta es más complicada, por eso es intersectorial. Hay que hacer el catastro, ofrecer alternativas”. Fue ahí que Boric envió el duro mensaje: “a quienes estén en situación irregular o se regularizan o se van y a quienes hayan cometido delitos derechamente se tienen que ir”.

En relación a las palabras del jfe de Estado, el subsecretario Monsalve señaló que “hay que entregar alternativas de regularización, y a los que no se regularizan, bueno, hay que expulsarlos. Esa voluntad se expresa en dos proyectos de ley que ingresó el martes el gobierno al Senado y la Cámara de Diputados. Un proyecto de ley para simplificar las expulsiones administrativas, se crítica mucho de que no hay expulsiones administrativas, el director del servicio nacional de Migraciones ha dictado más de 1.200 expulsiones administrativas, que nos se pueden ejecutar porque hay que notificar personalmente al migrante irregular que hay que expulsar, ese migrante no tiene domicilio ni identidad conocida, por lo tanto la expulsión se vuelve una tarea compleja . El proyecto de ley busca simplificar esto y la notificación no va a ser personal, va a ser por carta simplificada o correo y eso va a facultar a la autoridad para proceder con la expulsión”.

Por otro lado, “se ingresó un proyecto de ley para expulsar a los migrantes que están condenados por la Ley de Drogas a penas inferiores a 5 años para que también puedan ser expulsados judicialmente”, agregó Monsalve.

En otro punto, y sobre si la presencia de migrantes en nuestro país aumentó la delincuencia, el subsecretario del Interior indicó que “hay regiones donde la participación de extranjeros en delitos es mayor a su presencia porcentual como población, por lo tanto en algunos territorios del país, sí, está incidiendo”.

En relación a los planes de resguardo que tiene el gobierno para prevenir desordenes del orden publico, bajo el contexto del tercer aniversario del denominado “estallido social”, Manuel Monsalve indicó que “nosotros tenemos la obligación de prepararnos para resguardar las condiciones de seguridad y orden público, hemos tenido reuniones con Cabineros y la PDI, se han solicitado planes de carácter preventivo y de carácter de control frente a hechos de perdida del orden público. Esperamos no tener que usar todas esas capacidades, pero nuestra tarea es resguardar el orden público”.

En tanto, sobre el proyecto de indulto para los detenidos durante las manifestaciones del estallido social, el subsecretario del Interior afirmó que “hay varias prioridades políticas, no quiero decir que (el indulto) ha dejado de serlo, pero evidentemente tiene complejidades en su tramitación y eso ha hecho que pierda la fuerza y primicia que tenía, pero sigue siendo una preocupación del gobierno, sin duda”.

Finalmente, y al ser consultado si aquello era una señal de impunidad para los desmanes que ocurrieron durante el contexto del 18 de octubre, Monsalve indicó que “la dureza con los delitos no está en cuestión, el Presidente ha sido muy claro con respecto a la prioridad que tiene la seguridad pública para el gobierno. Este es un debate de carácter político que se está dando en el parlamento, y si es que hubiera acuerdo, se podrá avanzar, y si no hay acuerdo, bueno, no se podrá avanzar. El acuerdo requiere mayoría y la mayoría democrática se construye en el Congreso”.