Si la situación de la suspendida ministra Ángela Vivanco al interior del Poder Judicial era compleja hasta antes del pleno de la Suprema de este lunes 16 de septiembre, tras su realización se complicó aún más. Y es que luego la reunión de los titulares del máximo tribunal, el escenario que enfrenta la magistrada sumó nuevos elementos que mantienen impactado a su entorno y que dificultarían su defensa.

Hace una semana, cuando el Presidente Ricardo Blanco anunció la apertura de un cuaderno de remoción en su contra, la magistrada debía hacer sus descargos frente a seis hechos. Sin embargo, tras la recepción de nuevas denuncias, se ampliaron los cargos a siete.

Así, de hecho, lo comunicó la ministra Gloria Ana Chevesich, quien transmitió que se había decidido ampliar el cuaderno de remoción de la ministra Vivanco “por presuntas irregularidades en la tramitación de ocho causas”.

Como detalló, se recabó el testimonio de cuatro relatores de organismo, quienes dieron cuenta de “incumplimientos de las normas y criterios existentes” por parte de la mencionada jueza.

En concreto, según precisó la Chevesich, Vivanco habría transgredido la normativa que establece que “se tiene que respetar la antigüedad, se tiene que ingresar (las causas) a la tabla por estricto orden de antigüedad, se tiene que dar cuenta por estricto orden de antigüedad y se deben fallar igualmente, para los efectos que todas las partes que son litigantes vayan conociendo de las resoluciones en la medida que la Corte Suprema vaya conociendo. Eso está establecido en la ley y se habría alterado”.

Pero pese a los detalles entregados, desde el círculo cercano a la ministra transmitieron que sería algo irregular que a estas alturas le sigan sumando imputaciones, pese a que las causas en que supuestamente intervino, en algunos casos, se remontan a 2019. “¿Por qué lo relatores recién advierten ahora que pudo haber irregularidades? ¿Por qué no se advirtió esto antes si se considera que hubo faltas?”, son parte de las preguntas que se hacen quienes han seguido el caso de la jueza.

Las mismas fuentes agregan que los relatores habrían declarado después de que lo hizo la abogada, por lo cual a ella nunca se le ha consultado sobre los hechos por los que ahora se le acusa.

De todas maneras, el abogado Juan Carlos Manríquez, abogado que integra la defensa de la jueza, hizo presente que “valoran” el hecho de que se haya dejado en claro que la ministra no intervino ni en el fondo ni en la resolución de las causas. “Es muy relevante que se haya precisado por la Corte que las presuntas irregularidades no son de fondo y que no hay pagos, ni corruptela, ni resoluciones torcidas que se asocien a la ministra”, manifestó.

“Ahora, en todo caso, tendremos que analizar los nuevos antecedentes que no conocemos para poder detectar en qué etapa se pudo haber producido algún error en los tiempos de tramitación, que es lo que el pleno desea esclarecer”, agregó.

Las causas en que habría “irregularidades”

La causa más antigua por la que ahora se cuestiona a la ministra Vivanco corresponde a un recurso de casación ingresado por Julio Ponce Lerou, socio de la minera no metálica SQM y quien fue multado por la Superintendencia de Valores y Seguros en el marco del caso Cascadas.

El 2019, Ponce Lerou recurrió sin éxito al 20° Juzgado Civil de Santiago para impugnar la multa de 100 UF que le cursó el organismo en dicho caso. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó a 75 UF dicha sanción, lo que fue posteriormente confirmado por la Tercera Sala de la Corte Suprema -la cual integraba la magistrada-,en una casación que ingresó el abogado Pedro Águila y que fue resuelta 14 meses después.

La segunda causa cuestionada a Vivanco también está ligada al caso Cascadas y al mismo proceso judicial. El recurso ingresado, al igual que el de quien controlara SQM, fue presentado por Alberto Le Blanc Matthaei, inversionista de SQM y multado por la SVS.

En esta, al igual que en la de Ponce Lerou, Le Blanc recurrió al tribunal, perdió y fue a la Corte, donde acogieron en parte su reclamación. Redujeron la multa y la Corte Suprema confirmó. Aquí Le Blanc era representado por Alejandro Romero y Felipe Bascuñán.

Una tercera causa cuestionada, del 2020, es un recurso de casación ingresado por los abogados José Pedro Silva y Macarena Oyarzun en representación del Consorcio de Construcciones Kodama, el que demandó por incumplimiento laboral al Estado mientras la compañía realizaba obras del corredor del Transantiago entre Pedro Aguirre Cerda y Pajaritos.

En ese caso, el tribunal de primera instancia fijó en $16 mil millones la indemnización a la empresa, multa que fue reducida a mil millones de pesos por parte de la Corte. La decisión fue apelada por la empresa ante la Suprema, instancia que acogió el requerimiento y dejó la multa en lo establecido por el tribunal, la que ascendía a US$ 21 millones en agosto del 2021.

Dos años, después, en 2023, la Suprema también revisó un recurso de queja de la misma empresa. En esta ocasión, donde participaban los mismos abogados, el máximo tribunal rechazó el requerimiento.

Otra de las causas cuestionadas a la suspendida ministra, es una controversia judicial que llegó a la Suprema y que enfrenta al Servicio de Evaluación Ambiental con la empresa de Levaduras Collico por un estudio de impacto ambiente de una planta en Valdivia, Región de Los Ríos. En esta causa los abogados recurrentes fueron Matías José Montoya Tapia, Camila Palacios Ryan, Raúl Andrés Herrera Araya y los abogados recurridos Florencia Evans Zaldívar y Francisco José de la Vega Giglio.

Un sexto caso por el que se cuestiona a la magistrada dice relación con un recurso de protección ingresado en 2023 por Ciro Colombara en representación del otrora senador Guido Girardi (PPD) en contra de la empresa de tecnología Emotiv Inc. por temáticas ligadas a los neuro derechos. En este caso la empresa estuvo representada por Daysi Andrea Lobos Cáceres y María Fernanda Olmedo Bustos. Y en definitiva, la Suprema ordenó a la firma borrar información recogida por medio de desarrollos informáticos.

Consultado sobre eventuales gestiones realizadas en medio de la tramitación de esta causa, el abogado Colombara negó cualquier tipo de contacto con Vivanco. “No hablé con ella”, sostuvo.

A esto se suman los cuestionamientos relacionados con la vista de un recurso de protección de Global Beauty, representada por el abogado Gonzalo Cisternas, y una octava vinculada a un amparo económico de Transportes Hurcam SpA contra Codelco. La abogada Ximena Risco compareció por Hurcam, mientras que por la estatal estuvo su vicepresidenta legal, Macarena Vargas, y el abogado José Manuel Díaz de Valdés, del estudio Fermandois.

Nuevos “no”

Durante la jornada, Chevesich confirmó que nuevamente el tribunal en pleno declinó la solicitud de la magistrada a fin de acceder a la copia de los expedientes del trabajo de la Comisión de Ética.

“Si comparece una persona y se le dice que declare y que se le va a dar y se le dice que esto va a ser confidencial, no es posible después entregar la información entregada. Estaríamos faltando a un compromiso adquirido por esa persona que se animó a denunciar hechos”, explicó Chevesich.

Eso sí, se comunicó que les entregarán una minuta de los informes de la instancia y de las nuevas declaraciones que se recibieron. Además, se determinó ampliar el plazo que la ministra tenía para evacuar sus descargos de 20 a 25 días corridos.