“Tenemos un gobierno que actúa como si el estallido social nunca hubiera sucedido”: Amnistía Internacional presenta informe anual sobre la situación de los DD.HH en Chile

Este miércoles, Amnistía Internacional presentó su informe anual que documenta la situación de los Derechos Humanos en las Américas. Respecto al caso chileno, el documento establece que el gobierno “actúa como si el estallido social nunca hubiera ocurrido” y que el Ejecutivo responde con un discurso “exitista” frente a las críticas " pese a los más de 7000 contagios nuevos diarios y más de 30.000 personas fallecidas en lo que va de la pandemia”.

Así lo señala Ana Piquer, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, quien también en la presentación del capítulo que aorda la situación nacional sostiene que “la crisis sanitaria, con el inicio de la pandemia en marzo de 2020, dejó en evidencia las mismas desigualdades por las cuales la ciudadanía estaba protestando. Pudimos constatar, por ejemplo, cómo trabajadoras y trabajadores de la salud de centros públicos de salud vivieron y siguen viviendo duras realidades, que no han tenido que vivir quienes trabajan en clínicas privadas”.

“La sociedad chilena ya venía malherida con la violencia que recibió del Estado durante el estallido social, y ahora debió enfrentarse a un Estado que les deja poco margen para cuidarse frente a la pandemia. Quedarse en casa, cuidarse y vivir una cuarentena en buenas condiciones se volvió un privilegio más”, comenta Piquer.

En esta línea, la directora agrega que “si observamos cómo estábamos hace un año, vemos que las cosas están igual o peor. Pero tenemos al frente a un gobierno que actúa como si nada pasara. Que ha dicho incluso ante Naciones Unidas que Chile ya “volvió a la normalidad” después del estallido social, que sigue respaldando a carabineros sin ningún cuestionamiento, que reitera discursos que equiparan indebidamente protesta y delincuencia, que persiste en tratar las violaciones generalizadas de derechos humanos ocurridas como si fueran casos aislados”.

Un gobierno, asegura Piquer, “que ha sido acusado por diversas personas expertas de no escuchar a nadie en el manejo de la pandemia (ni siquiera a la Mesa Social Covid que el mismo gobierno convocó) y que últimamente su única respuesta a las críticas es una defensa indignada para tratar de convencernos de que todo está bien, persistiendo en un discurso exitista pese a los más de 7000 contagios nuevos diarios y más de 30.000 personas fallecidas en lo que va de la pandemia”.

“La crisis de derechos humanos y la crisis sanitaria continúan, están presentes todos los días, pero desde el gobierno esto no se reconoce. Tenemos un gobierno que actúa como si el estallido social nunca hubiera sucedido, que no escucha ninguna crítica, que persiste en hacer lo mismo de siempre pese a que no resuelve ninguna de las crisis”, comenta la directora Ejecutiva del organismo.

El informe relata que la Fiscalía Regional de Valparaíso continúa investigando al menos 6 querellas por crímenes de lesa humanidad. Según información de prensa, estaba previsto que el actual general director de carabineros, Ricardo Yáñez, declarara ante la fiscal regional a fines de marzo, pero a través de su abogado pidieron aplazarlo.

Casi la mitad de las causas por violaciones de derechos humanos en el marco del estallido social, se han cerrado sin formalizaciones y en su mayoría prácticamente sin avances, sostiene Amnistía. Fiscalía refirió diversas dificultades en cuanto a recursos disponibles, falta de respuesta de las policías y dificultad para ubicar a las víctimas. Solo ha existido una condena a la fecha.

El documento también consigna que “los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai continúan investigándose. En el caso de Gustavo Gatica, en marzo, la fiscalía solicitó una audiencia para reformalizar al excarabinero imputado por el delito, y solicitando ampliar el plazo de investigación. El 7° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó los argumentos presentados por su defensa y permanecerá recluido mientras dure la investigación. El caso del adolescente AAA, que fue arrojado al lecho del río Mapocho en el puente Pío Nono, también continúa investigándose. Sin embargo, solo se encuentra imputado el carabinero que impactó con el joven, sin que se haya analizado la responsabilidad de otros carabineros, por ejemplo, por no facilitar la investigación ni prestarle ayuda al adolescente una vez que vieron lo sucedido”.

“Amnistía Internacional ha seguido recibiendo información sobre situaciones graves de violencia policial entre enero y marzo de 2021, tales como quemaduras causadas con gas pimienta afectando de manera indiscriminada a personas incluyendo niños, niñas y adolescentes; ataques directos y detenciones a observadores de derechos humanos, fotógrafos, periodistas y brigadistas de salud y detenciones con uso excesivo de la fuerza. En febrero, recibimos información de un joven muerto por un disparo de carabineros en Panguipulli y un nuevo caso de herida ocular en Santiago”, se lee en el texto.

Respecto a las víctimas de trauma ocular, el informe detalla que “han referido a Amnistía Internacional su preocupación por el funcionamiento deficiente del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), y la urgencia de que este opere de manera verdaderamente integral, en todo Chile, y sin riesgos de revictimización o discriminación para quienes lo utilicen”.

Al final de este apartado, el informe también asegura que “no se han conocido nuevos avances en relación a la reforma a carabineros, y la sección dedicada al tema en la página web del Ministerio del Interior, a la fecha de cierre de este documento no está accesible. En marzo, anunciaron la presentación de un libro titulado ‘DD.HH en la Doctrina Institucional’, sin mayor información acerca de su contenido o forma en que se utilizará”.

Respecto a las manifestaciones sociale realizadas entre enero y marzo, el informe detalla que “fueron enfrentadas con uso indiscriminado de carros lanzaaguas y bombas lacrimógenas, y el “copamiento” mediante la asignación de gran cantidad de policías y vehículos blindados”.

El texto también consigna que “estas intervenciones no están dirigidas a controlar el orden público, sino a impedir que existan manifestaciones, incluso cuando sean pacíficas”.

“En enero de 2021, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley con el objeto de derogar la Ley de Seguridad del Estado, la ley “antibarricadas” y el control preventivo de identidad. El gobierno dio inicio en marzo a una consulta abierta a la ciudadanía para recabar opiniones acerca de la regulación del derecho de reunión pacífica. Las preguntas plantean opciones que, de aprobarse, serían contradictorias con la regulación internacional del derecho de reunión”, consigna el documento elaborado por Amnistía Internacional.

El mes de marzo marcó un nuevo aumento de contagios y fallecimientos por COVID-19 en Chile, y un nuevo incremento significativo en la ocupación de las camas UCI, señala el documento, que agrega que “esto ha repetido la situación registrada a mediados de 2020, con personal de la salud agotado y sin apoyo efectivo.

El informe también sostiene que “el gobierno en marzo indicó a las direcciones de hospitales que no informaran acerca de la situación en terreno, y en un caso particular en Valparaíso anunció acciones legales contra quien denunció la situación en la morgue de un hospital”.

Respecto al proceso de vacunación, Amnistía destaca que ha avanzado “favorablemente”. Sin embargo, plantea su preocupación porque “en ferero se dio a conocer una circular que podría dejar fuera del proceso de vacunación a personas migrantes en situación irregular. Diferentes personeros de gobierno dieron explicaciones diferentes y confusas, lo que podría disuadir a las personas en esta situación de acercarse a los centros de vacunación”.

El informe relata que “en enero, W de 7 años, hija de Camilo Catrillanca, fue detenida por carabineros junto a su madre. Sufió uso excesivo de la fuerza mientras iban a escuchar el veredicto en el juicio por el asesinato de su padre”, que se dio a conocer en enero pasado.

Amnistía también destaca que “la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de amparo interpuesto por el INDH en favor de W.”

En el texto también se relata el caso del asesinato de Alex Lemún, “que se reactivó luego de un acuerdo de solución amistosa ante la CIDH, en enero se decidió que el inicio del juicio oral se posterga para mayo, con la intención de realizarlo presencialmente. En marzo, la CIDH informó que el recurso presentado en favor de José Tralcal, Luis Tralcal y José Peralino, condenados en el marco de un juicio injusto por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, pasó a examen de admisibilidad”.

El informe destaca que en enero, se reactivó en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, la discusión del proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas. El proyecto fue presentado en 2018, sin que se haya discutido desde entonces.

Derechos de la comunidad LGBTI

El informe consigna que “en enero, el Senado aprobó en general el proyecto de ley que reforma la Ley que Establece Medidas contra la Discriminación. Actualmente se encuentra en curso la discusión en particular del proyecto de ley en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía”.

Respecto a la crisis migratoria, el informe relata que “en febrero, más de 1000 personas entraron a Chile en la zona de Colchane, mayormente venezolanas, intentando buscar protección en el país” y agrega que “al menos 5 personas han muerto en lo que va del año, intentando cruzar la frontera por tierra”.

“El gobierno ha expulsado a más de 100 personas, pese a que en muchos casos existían recursos judiciales pendientes cuyo resultado no esperaron, y en algunos casos con posterioridad se declaró ilegal la expulsión”, se lee en el documento.