Terminó el paro: Ministerio de las Culturas y trabajadores de museos y bibliotecas llegan a acuerdo
Después de quince días cerrados por la movilización, estos espacios volverán a recibir público luego que la ministra Julieta Brodsky y los gremios firmaron un acuerdo en donde se compromete, entre otras materias, a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, mediante la solicitud de un aumento de presupuesto del 20% para el Servicio del Patrimonio y el traspaso de 100 funcionarios a honorarios a la modalidad contrata.
Tras quince días de paro, que mantuvo cerrada a una veintena de museos, bibliotecas y archivos públicos regionales, este miércoles la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Patrimonio (Anatrap) y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (AnfuPatrimonio) llegaron a acuerdo con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para deponer la movilización y avanzar con las demandas de los funcionarios.
El 21 de junio los trabajadores iniciaron la paralización acusando que, a cuatro años de la creación del ministerio, el Servicio Nacional del Patrimonio aún no cuenta con una planta definitiva, lo que se traduce en incertidumbre laboral, estancamiento de sumarios y poco avance de las mejoras que, plantean, requiere la institución.
Para destrabar el conflicto, los gremios sostuvieron al menos cinco reuniones con representantes de la cartera. En dos oportunidades estuvo presente la ministra Julieta Brodsky, al principio de la movilización y ayer, cuando las asociaciones llegaron al ministerio a presentar su propuesta a la secretaria de Estado, con quien habían pedido reunirse el pasado jueves 30, lo que no se concretó.
No obstante, “el paro terminó (...) agradecer a todos los funcionarios que resistieron y que nos colaboraron acompañándonos y también la voluntad política que existe hoy día desde el ministerio y desde la subsecretaría, esto se viene repitiendo desde hace mucho tiempo y deseamos que se termine”, comentó a La Tercera la presidenta de la AnfuPatrimonio, Rocío Fernández, en referencia a “la situación de los funcionarios precarizados, sin mejoras, con merma en sus dotaciones”.
Margarita Hormazábal, presidenta de la Anatrap, agregó que la asamblea de trabajadores “aceptó el petitorio con 76% de aprobación y se determinó que ya estamos en condiciones de firmar el documento (...) para empezar desde el lunes a trabajar en las distintas comisiones las demandas que expusimos en el petitorio”, no obstante, “se acordó mantenernos en estado de alerta para hacer seguimiento de los plazos de los compromisos que adquirimos”.
El acuerdo marco, que fue firmado esta tarde por la ministra Brodsky, la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Paulina Soto, y los gremios, contempla la conformación de una mesa de trabajo permanente que aborde las condiciones laborales de los trabajadores del servicio y dé cumplimiento a los compromisos adquiridos.
Luego del acuerdo firmado esta tarde, la ministra Brodsky sostuvo que “mejorar las condiciones laborales a través del diálogo y el trabajo en conjunto es un compromiso de este gobierno y también del Ministerio de las Culturas, más aún cuando se trata de trabajadoras y trabajadores que fueron completamente abandonados durante la administración anterior y, aun así, en cuatro meses hemos avanzado más que en los cuatro años anteriores”
Y añadió que “lo importante es que el diálogo no concluye con este acuerdo; todo lo contrario, y para ello contamos plazos concretos y una mesa de trabajo que es un espacio para abordar en conjunto, no solo mañana, sino a largo plazo, los problemas estructurales del servicio”.
Acuerdos y mesas de trabajo
En primera instancia, el documento señala: “Como una forma de reponer las confianzas entre ambas partes (...) la autoridad ministerial ha resuelto cambiar la subrogancia del Servicio Nacional del Patrimonio cultural, como también el cargo de subdirector de Planificación y Presupuesto”.
Según explicó Rolando Parra, dirigente de AnfuPatrimonio en Valparaíso, el director (s) del Servicio, Javier Díaz, “es uno de los responsables de que se hubieran hecho mal los presupuestos” para 2022, lo que motivó en parte la movilización.
“Ahora en junio se tenía que pagar una diferencia en dinero a los profesionales que habían postulado a pasar de contrata a planta (...) pero llegó junio y nos dimos cuenta que no había dinero (...) empezamos a investigar y nos dimos cuenta que todo el proceso que seguía -las mejoras, pasar las contratas a planta-, ya no iba a existir. Había que esperar octubre para poder presupuestar al próximo año (la diferencia) o pedir un adicional (...) ambos gremios pataleamos al tiro. Había compromisos adquiridos. Se mintió definitivamente. Lo que llegaba no era la verdad”, explicó Parra.
En el documento también se pactó que la mesa de trabajo abordará la implementación de la nueva planta y de las direcciones regionales, los sumarios pendientes, mejoras al área de Seguridad -para trabajar la nivelación de sueldos y el fortalecimiento técnico, entre otras- y al área de Higiene y Seguridad -para el desarrollo de compromisos asociados a la salud física y mental los y las funcionarias-, solicitar un aumento del presupuesto del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en un 20% -con la participación de las asociaciones en el proceso-, y trabajar problemáticas específicas que afectan el quehacer del Consejo de Monumentos Nacionales y del Museo Mapuche de Cañete.
Asimismo, en cuanto a recursos, se resolvió que la Ministra de las Culturas defenderá “esta solicitud de aumento para 2023, en todas las instancias involucradas en el proceso” y se acordó solicitar, para el próximo año, el traspaso de 100 trabajadores a honorarios a la modalidad contrata.
Respecto de los sumarios, “se compromete la contratación de un profesional (abogado/a) para apoyar la División Jurídica y con dedicación exclusiva. Que tenga enfoque de derechos humanos, de género e inclusión” y “apoyo terapéutico a víctimas y victimarios/as de maltrato, acoso laboral y acoso sexual”, entre otras medidas.
En cuanto a la Unidad de Seguridad, se creará “durante el mes de julio la comisión jurídica que analice la normativa actual que afecta a vigilantes y guardias de seguridad, garantizando los derechos adquiridos” y a “aumentar la dotación en nueve funcionarios durante el segundo semestre de 2022″.
Finalmente, se acuerda que “en este acto se declara no existirán represalias, ni descuentos, ni sanciones o amenazas de ningún tipo a las y los trabajadores que se han movilizado durante este paro”.
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