Trámites sin abogado y juicios acotados: los cambios a la nueva justicia civil

Juicios por negligencias médicas, incumplimientos de contratos, particiones de herencias, deudas impagas por arriendo y el pago de los gastos comunes de una propiedad. Estos son algunos de los conflictos más comunes que a diario se analizan en los tribunales civiles. Y pese a que en muchos casos los montos comprometidos son de baja cuantía, los tiempos asociados a estos procesos ordinarios superan, en promedio, los 400 días.

Si bien estos casos representan un 57% del total anual de causas que revisa el Poder Judicial, las normativas que rigen a la justicia civil no han sufrido modificaciones desde hace 116 años. Por esta razón, a través de tres proyectos de ley, el Ministerio de Justicia reimpulsó la discusión legislativa para concretar una Reforma Procesal Civil, la cual ya se había iniciado en 2012, durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

¿Cuáles son los principales cambios y a quiénes benefician? Según el Ministerio de Justicia, con la reforma a la justicia civil "podrán acceder 650 mil nuevos usuarios de comunas alejadas, donde se prestarán los mismos servicios que en el tribunal civil, variando solo la frecuencia en la prestación", detalla un informe ministerial. Para concretar esta medida, 76 nuevas comunas tendrán una sede judicial, con lo que se pasará de 136 a 212 en todo el país (ver infografía).

Este punto, además, considera aumentar la dotación de jueces con competencia común y especializados, con lo que se pasaría de 270 a 491, según estimaciones del Ministerio de Justicia.

Uno de los cambios que considera esta reforma es la eliminación de algunos trámites en los que hoy es necesario contar con un abogado. Con eso, según la cartera de Justicia, se reducirían los costos para los usuarios.

Así, por ejemplo, se plantea crear un sistema gratuito de mediación, en el cual los usuarios "podrán acudir sin necesidad de un abogado, buscando resolver su conflicto en forma rápida y dialogada frente a un profesional idóneo que propicie tal acercamiento", detalla el documento.

Junto a esta modificación también se implementarán nuevas tecnologías. Así, de ser aprobada la reforma, se entrará a funcionar un sistema de "subasta online", que busca favorecer el aumento de la recuperación de bienes y dinero. Con ello se garantizaría el pago oportuno de lo adeudado a trabajadores con sentencia favorable.

Asimismo, se implementaría un sistema de embargo online, el cual permitiría al tribunal retener los certificados de propiedad de bienes raíces, vehículos o el dinero de cuentas corrientes o acciones, entre otros, en caso de dictarse una sentencia.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que una de las barreras para acceder al sistema de justicia son los costos asociados a los juicios. Por ello, dijo, "la Reforma Procesal Civil introduce un procedimiento que, dadas sus características, es simple, breve y desformalizado, y permite que las partes concurran, sin necesidad de abogado, a exponer sus conflictos al juez, para que este pueda resolverlos en una sola audiencia".

El objetivo de la reforma, detalló el ministro Larraín, es "terminar con la ineficacia de un sistema judicial que no responde a las necesidades del Chile actual ni principalmente de la clase media, quienes son precisamente los más afectados por problemas tan comunes como incumplimientos de contratos, negligencias médicas o deudas impagas por arriendo (...), debiendo someterse a procedimientos costosos, engorrosos, de larga duración".

Para el senador Pedro Araya (ind.), los cambios a la normativa son "absolutamente necesarios. Hoy tenemos procedimientos que son largos, engorrosos y que se traducen en una mala administración de justicia. Una persona que necesita resolver un conflicto judicial puede tardar años en tener una sentencia definitiva y eso atenta plenamente contra el sentido de la justicia".

El senador Felipe Harboe (PPD) manifestó que la iniciativa "es muy necesaria. La reforma a la justicia civil se ha retrasado algunos años. Se necesita modernizar el sistema, digitalizarlo, disminuir la cantidad y tiempo de recursos jurisdiccionales y determinar el rol de la Corte Suprema".

Para el abogado Raúl Montero, director del Departamento de Derecho Procesal de la U. de Chile y socio de Alessandri Abogados, los trámites sin abogados deben ser analizados en detalle. "A pesar de que en teoría se puede pensar que permitir que las personas formulen directamente sus pretensiones constituye una forma de mejorar el acceso a la justicia, eso no es correcto, porque termina afectando a los mismos interesados y a todo el sistema".

Añadió que "este tipo de experimentos termina perjudicando a los propios usuarios del sistema y al sistema mismo de resolución de conflictos, tal como ocurrió al modificarse hace algunos años el sistema de comparecencia ante los nuevos Tribunales de Familia. Después de un gran colapso, hubo que modificar la ley para regular la comparecencia a través de los profesionales".

Mediación gratuita

Se podrá acudir, sin necesidad de abogado, para resolver el conflicto ante un profesional idóneo.

Juez para ciudadanos

Se usará en caso de no lograr acuerdo en la mediación y para conflictos de bajos montos (hasta 40 UTM).

Procedimiento oral

Garantiza la relación directa del juez con las partes y pruebas, con plazos breves para fallar. Reduce trámites y elimina escritos.

Ejecución de fallos

Permite ejecutar de inmediato las sentencias de condena sin necesidad de caución. Además, limita el recurso de apelación a las sentencias.

Rol de Corte Suprema

Será garante y mantendrá el control frente a errores de derecho que pudieran existir en alguna sentencia impugnada.

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