Tras carta de reos de Punta Peuco: presidente de la UDI dice que la “misericordia” debe estar presente en la toma de “decisiones legislativas”
Javier Macaya se refirió a la misiva firmada por 27 oficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, en la que piden “conmiseración” y reconocen violaciones a los DD.HH. “Son situaciones que tienen que ser ponderadas a la hora de tomar decisiones gubernamentales y eventualmente incluso legislativas”, dijo el timonel gremialista.
El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, abordó este miércoles la carta suscrita por 27 oficiales condenados en Punta Peuco, en la que solicitan la “conmiseración” del poder político y judicial con sus subalternos, y donde reconocen que sus acciones “produjeron violaciones a los derechos humanos”.
La misiva fue leída el martes en el Congreso por el diputado Gonzalo de la Carrera (exmilitante del Partido Republicano), en la que los firmantes solicitaron que el contenido de la misma se diera a conocer a la opinión pública, a un día de que se conmemoraran 50 años del Golpe de Estado.
“Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias. A no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación”, dice el documento.
Los firmantes además señalan que han esperado “33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos”.
Sobre el momento en que se dio a conocer la carta, el timonel gremialista sostuvo “que a 50 años de ocurridos hechos que fueron dramáticos, que generaron mucho dolor, que generaron violaciones a los derechos fundamentales en nuestro país (…) hay que ir dando pasos hacia la reconciliación”.
En cuanto al contenido de la misiva, Macaya resaltó que los firmantes -como señala el documento- reconocieran que “muchas” de sus acciones produjeron violaciones a los derechos humanos: “En ese sentido, en asumir responsabilidades que estaban avaladas en cadenas de mando, en decisiones que probablemente personas muy jóvenes no podían contradecir, porque estaba en riesgo su propia vida”.
Asimismo, manifestó que “son situaciones que evidentemente tienen que ser ponderadas a la hora de tomar decisiones gubernamentales y eventualmente incluso legislativas”.
“La misericordia tiene que ser un principio asentado a la hora de tomar decisiones legislativas”, recalcó al ser consultado por la prensa.
Gobierno cierra puerta a beneficios
En horas de la tarde del martes, una vez que se hizo pública la carta, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que el Ejecutivo no ha considerado otorgar beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad, aunque entreguen información relevante que permita dar con víctimas que fueron hechas desaparecer en la dictadura.
“El gobierno no tiene ninguna iniciativa sobre ese punto y cualquier efecto de sus declaraciones están en el contexto de las investigaciones judiciales que realizan los jueces”, dijo.
El secretario de Estado manifestó que “en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda, no hay elementos por ahora asociados al otorgamiento de beneficios, entre otras cosas porque requiere modificaciones normativas con ese fin”.
“Por ahora no es algo que esté evaluando el gobierno, sin perjuicio que nosotros estamos monitoreando las consecuencias de una declaración como esta”, agregó.
Luego añadió que “en materia de indultos, por ejemplo, la doctrina del gobierno es que los crímenes de lesa humanidad no son indultables, asunto que se ha discutido en tribunales y se ha encontrado la razón para ese tipo de argumentos. Cualquier otra modificación sobre beneficios penitenciarios es un mecanismo que requiere modificación legal o reglamentaria”.
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