Tras incluir nuevas sustancias a analizar: PDI ha desvinculado a 5 funcionarios por dar positivo a test de drogas este año

Así como la Policía de Investigaciones (PDI) realiza investigaciones por solicitud del Ministerio Público en todo el país, la institución también lleva adelante medidas para prevenir conductas ilícitas que se registren en sus propias filas. Una de estas acciones es el control interno antidrogas, donde se realizan test aleatorios a los funcionarios para evitar que consuman sustancias ilícitas, las que son perseguidas por la propia institución.

Pericias que son llevadas adelante por el Departamento V de Asuntos Internos de la PDI, el cual desde enero y hasta septiembre de este año, ya ha realizado test de drogas a 1.635 funcionarios, de los cuales cinco de ellos han resultado positivo al consumo de algunas de las sustancias periciadas y por ello fueron dados de baja de la policía civil, a raíz del incumplimiento que esto significa en sus normas.

La cifra, representa al 0,31% del personal testeado y es levemente inferior al 0,32% que arrojó el mismo estudio del año pasado. Sin embargo, en todo el 2023 se testeó a 2.166 funcionarios, de los cuales siete dieron resultados positivos.

El jefe de la Inspectoría General de la PDI, el prefecto general Paulo Contreras, explica que “si bien el incremento de funcionarios testeados es significativo, el hallazgo de resultados positivos no varía significativamente, ya que de acuerdo a resultados histórico, este no ha superado el 0,4% de resultados positivos”.

El 2022 la Contraloría emitió un contundente informe en el que determinó que en este proceso de control interno antidrogas de la PDI existían algunas falencias en su aplicación. Considerando las recomendaciones del ente fiscalizador, además de las propias directrices de la institución, la policía encabezada por el director general, Eduardo Cerna, tomó una serie de acciones para revertir esas falencias.

Una de estas es que el control antidrogas, el cual se implementó en 1998, ahora forma parte de uno de los lineamientos del plan estratégico de la PDI, el cual contempla el fortalecimiento del control interno de la institución y que considera una política de prevención y control del consumo de drogas en la filas de la institución.

Cambio que trajo consigo también modificaciones en la propia aplicación de los test. El prefecto general, afirma que “al existir una política de prevención y control de consumo de drogas en la PDI, se implementó un programa informático que en forma aleatoria y en base a un algoritmo arroja la región a la cual se realizará el test de detección preventiva de drogas de abuso”.

El oficial, afirma que dicho sistema “no puede ser manipulado por parte de los usuarios autorizados para su gestión”. La implementación de esta herramienta tecnológica va en la línea de lo recomendado por la Contraloría, agrega.

Pero, además de utilizar un programa informático para determinar las personas que deben ser analizadas, también se incluyeron nuevas sustancias en el examen. Así, desde el 2023, además de la marihuana, cocaína y las típicas sustancias que se perician, la PDI también comenzó a testear si sus funcionarios consumían éxtasis, ketamina y metanfetamina. Sustancias ilícitas que también son incluidas en los resultados.

Contreras sostiene que aquello se implementó ante la necesidad de que “en los últimos años en nuestro país, la criminalidad y el ingreso de nuevas drogas de síntesis ha ido incrementándose considerablemente, lo que hizo necesario ir un paso más adelante e incluir en el sistema preventivo y de control tanto en el año 2023 y 2024 nuevas drogas al panel de testeo”.

Pero los cambios no quedarán ahí, porque durante el 2025 se ampliará el presupuesto de esta medida, lo cual permitirá realizar más test de drogas a los funcionarios, alcanzando al 20% de todo el personal que forma parte de la PDI.

El jefe la Inspectoría General de la PDI, concluye que cualquier incumplimiento al profesionalismo y ética “no tiene cabida al interior de nuestra institución, por lo que año a año, iremos incrementando el testeo respecto al consumo de drogas ilícitas, a todos sus integrantes, sin distinción de grados, sexo o mando que ejerzan”.