Tribunal levanta suspensión a millonaria licitación de alimento escolar de Junaeb

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) resolvió ayer levantar la suspensión que pesaba contra la licitación de raciones de alimentos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), la que se encontraba paralizada desde el 28 de diciembre, justo un día antes de que las ofertas de las empresas fueran abiertas para su análisis.

La licitación había sido detenida luego de que una de las empresas participantes, Distal, presentara un requerimiento acusando prácticas anticompetitivas en las bases del proceso, como que en la evaluación de ofertas se les daba más prioridad a las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos que a los productos alimenticios en sí.

Este hecho podría haber sido solo un conflicto más entre una empresa y el Estado, si no fuera por las gigantescas dimensiones del proceso: se busca entregar alimentación escolar a 830 mil niños de colegios públicos y subvencionados, el 45% del sistema, entre 2021 y 2024, para lo cual serán asignados US$ 1.300 millones. Se trata de una de las licitaciones fiscales más cuantiosas.

¿Qué viene ahora? El director de la Junaeb, Jaime Tohá, explica que tras la resolución del TDLC “el proceso retoma su curso en el mismo punto en que quedó suspendido, lo que significa que las empresas tienen hasta el viernes, a las 3 de la tarde, para presentar sus ofertas”.

La adjudicación la realizará una comisión, durante las próximas dos semanas.

Respecto de la acusación de prácticas anticompetitivas, Tohá dice que con la resolución “eso queda descartado, creemos que no hay tales prácticas, porque las bases son iguales para todas las empresas”.

Añade que “este atraso es malo para todas las empresas que se adjudicarán la licitación, porque tendrán una semana menos para instalarse en sus zonas. Pero, pese a eso, el servicio estará disponible el 1 de marzo”.

Darío Calderón, presidente de Nutre Chile, gremio que agrupa a proveedores de alimento escolar, cuestiona a la empresa que paralizó el proceso, pero también a la Junaeb, ya que considera que las bases sí tenían faltas.

Algunos concesionarios se han dejado llevar por ambiciones desmedidas, no quieren respetar las reglas del juego. Pero también en las bases hay errores de redacción y la Junaeb introdujo cláusulas en la licitación donde quiere castigar a empresas que, según ellos, tienen multas impagas. Pero la Junaeb olvida que adeuda más de $ 25 mil millones a las empresas, por una lentitud en finiquitar contratos que datan de 2015.

Darío Calderón, presidente de Nutre Chile

Calderón afirma que las bases también permitían modificar los contratos una vez adjudicados, lo que considera injusto. ¿Fue correcto paralizar el proceso? “Hay errores que la Junaeb debe modificar, pero las empresas de Nutre Chile no estamos por la vía judicial, sino que creemos que se debe conversar y dialogar, porque está el bien de los niños de por medio”, sostiene.

El dirigente dice que la Junaeb “ha corregido de manera importante en los últimos años todas las imperfecciones que ha tenido y su administración actual está transparentando los procedimientos”, pero cree que de todas formas tiene situaciones que resolver.

Por ejemplo, la Junaeb plantea que las empresas tienen que pagar las multas que tienen con el Estado antes de participar del proceso. Pero Calderón afirma que se trata de una “mala comprensión” del problema, porque “cuando se cursan las multas, hay un proceso para que las empresas puedan objetarlas y el 40% de las multas están objetadas”.

“No se puede sancionar a las empresas (sacándolas de la licitación) cuando las multas están en proceso ejecutorio, eso es inconstitucional”, argumenta.

La adjudicación de las licitaciones de raciones alimenticias es una larga historia de conflictos, pues cada cierto tiempo hay empresas que acuden al TDLC o a la justicia para pedir la revisión de las bases, debido a los millonarios montos y la gigantesca gestión que implican. Por ejemplo, en lo que va de la pandemia, el servicio ha entregado 12 millones de cajas de alimentos.

¿Por qué las empresas impugnan los procesos? “Porque la ambición de algunas las lleva a cometer errores y a no entender que tienen que cumplir un deber social”, apunta Calderón.