Tribunal liberó a 23 imputados por narcotráfico tras pago de una caución ¿Qué es y en qué casos se aplicó también?

Una caución de 46 millones de pesos, dos millones cada uno, pagaron para quedar en libertad 23 imputados por delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.

Se les detuvo a raíz de la incautación de más de 1.600 kilos de marihuana. Luego de ese primer golpe hace unos meses, se intervinieron 28 domicilios en Ovalle, incautando armas, municiones, vehículos, más de $283 millones de pesos y 4.500 dólares de dinero en efectivo, además de 111 kilos de droga procesada.

El Juzgado de Garantía de Ovalle fijó su prisión preventiva por peligro de fuga, desestimando la causal de peligro para la seguridad de la sociedad que la Fiscalía de Coquimbo alegó y estableciendo la caución como garantía de que no se fugarían. El Ministerio Público apeló y mientras se resuelve ese recurso la Corte de Apelaciones de La Serena dictó una orden de no innovar y dispuso volver a apresar a los imputados liberados.

La caución que pagaron estos imputados es una medida cautelar patrimonial que opera como una fianza.

Con la Reforma Procesal Penal se reemplazó la figura de libertad bajo fianza del antiguo sistema por la caución económica que procede para reemplazar la prisión preventiva cuando la medida cautelar se impone para garantizar la comparecencia del imputado al juicio y a la eventual ejecución de la pena.

Por ello, no opera cuando se considera que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El valor de la caución queda a criterio judicial. Debe ser económica y suficiente, debiendo el tribunal determinar su monto.

La caución se devuelve al acusado y si es condenado civilmente a pagar una indemnización, las víctimas podrían pedir su retención.

El empresario vinícola de 72 años Eduardo Macaya Zentilli fue formalizado por delitos de abuso sexual infantil el 7 de junio de 2023. Entonces quedó en prisión preventiva, una decisión que confirmaría la Corte de Apelaciones de Rancagua en dos oportunidades, “por constituir la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas”.

En una tercera presentación en el tribunal de alzada, a propósito de la medida cautelar, el 8 de julio de 2023, se optó por mantenerlo privado de libertad, solo por la causal de peligro fuga, lo que posibilitó a la defensa solicitar ante el juzgado de primera instancia la sustitución de la prisión preventiva por una caución. El 12 de julio de 2023, el Juzgado de Garantía de San Fernando mantuvo la prisión preventiva del empresario agrícola y rechazó la petición de la defensa de fijar una caución. La defensa apeló y tres días después, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la prisión y fijó un pago de 150 millones de pesos para establecer su arresto domiciliario total.

El 19 de julio de este año, el ingeniero agrónomo fue condenado a una pena única de seis años de presidio efectivo y se está resolviendo su apelación. Por ahora, está en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua.

El 4 de junio, la magistrada del Juzgado de Garantía de Los Vilos, Daniella Pinto Cortés, en una revisión de medidas cautelares sustituyó la prisión de cinco integrantes del Tren de Aragua -imputados por secuestro agravado, robo con intimidación y asociación ilícita- y los dejó con arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional tras el pago de una caución de $5.000.000.

La decisión del tribunal fue apelada por el Ministerio Público por escrito. En un fallo unánime de su Segunda Sala, la Corte de Apelaciones de La Serena acogió ese recurso y revirtió la decisión de la jueza. La Fiscalía de Coquimbo, en tanto, ordenó una investigación administrativa a propósito de la audiencia en la que se visó la excarcelación de los imputados y el Ministerio Público estuvo representado por un un asistente de fiscal.