¿Un fiscal nacional “de decoración”? Las dudas que abre el diseño de un Ministerio Público dirigido por un órgano colegiado y una figura unipersonal

El pleno de la Convención Constitucional deberá decidir el futuro diseño institucional del Ministerio Público. Esto, luego de que la Comisión de Sistemas de Justicia votara, por última vez, los artículos vinculados con este bloque temático.

Los convencionales de esa instancia confirmaron, por mayoría, que la fiscalía deje de ser dirigida de forma unipersonal y pase a ser gobernada por un órgano colegiado.

En un primer momento la comisión había aprobado eliminar la figura del fiscal nacional y que el órgano solo estuviera gobernado por un Consejo Superior integrado por siete personas. Sin embargo este lunes 25 de abril la mayoría de los convencionales de esta instancia optó por un camino intermedio, repusieron la figura del fiscal nacional, pero remarcando que el peso de la dirección del Ministerio Público estará en manos de un Consejo Superior.

“La dirección superior del Ministerio Público reside en la o el fiscal nacional y en un Consejo Superior, órgano colegiado y paritario. Al Consejo Superior le corresponderá designar a la o el fiscal nacional, de entre sus integrantes. Además, designará a una o un director ejecutivo nacional, por concurso público”, se lee en el artículo aprobado.

Pese a que volverá a existir el fiscal nacional, este cargo no será igual al que existe en la actualidad. De hecho si el pleno confirma estas normas, su figura será mucho más limitada. Las atribuciones aprobadas por la comisión son las siguientes: “La o el fiscal nacional dirigirá las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo del Ministerio Público, representará a la institución ante los demás órganos del Estado, coordinará la ejecución de la política de persecución penal, y tendrá las demás atribuciones que señale la ley”.

En cambio, las atribuciones del Consejo Superior quedaron de la siguiente manera:

• Dirigir el organismo, velando por el cumplimiento de sus objetivos.
• Determinar la política de gestión profesional de las y los funcionarios del Ministerio Público.
• Supervigilar la política de persecución penal adoptada por el Comité del Ministerio Público.
• Evaluar y calificar permanentemente el desempeño de las y los funcionarios.
• Designar a la o el fiscal nacional, a las o los fiscales regionales, fiscales adjuntos y demás funcionarios del Ministerio Público, en conformidad a la ley.
• Ejercer la potestad disciplinaria respecto de las y los funcionarios, en conformidad a la ley.
• Definir las necesidades presupuestarias, gestionando los recursos para su adecuado funcionamiento.
• Las demás atribuciones que establezca la ley.

Por eso al interior del Ministerio Público se comenta que si se confirma esta norma, el futuro fiscal nacional solo sería una figura “de decoración”.

Previamente, los mismos fiscales regionales le habían enviado a los convencionales una carta en la cual enumeraban los riesgos de lo que estaban proponiendo. En esa misiva los persecutores explicaron que ese diseño presentaba riesgos de paralizar la institución, la volvía más centralista y más burocrática. Algunos convencionales, de hecho, reconocen en privado que esta nueva propuesta solo recoge la crítica de que al eliminar el fiscal nacional se deja de tener a una persona a quien responsabilizar de las decisiones que tome el Ministerio Público. El resto de los reparos no habrían sido recogidos ni corregidos.

La abogada penalista y académica de la Universidad Alberto Hurtado Joanna Heskia manifiesta sus reparos sobre la nueva propuesta de los constituyentes. “La figura del fiscal nacional debe ser una figura fuerte, con capacidades operativas y decisorias relevantes. De otra forma, se cae en el riesgo de burocratizar la persecución criminal. ¿Qué pasa si existen diferencias con los consejeros? ¿O entre ellos? Solo contribuye a diluir las responsabilidades y el accountability. Por último, también se corre el riesgo de politizar o capturar el rol del fiscal nacional a través de este sistema de nombramiento”, comenta Heskia.

Sobre lo último, la abogada complementa diciendo que “el sistema de nombramiento es a través de este consejo, sistema que es aún menos transparente que el actual, entonces en vez de resolver el problema, a mi juicio lo intensifica”.

El exfiscal nacional Sabas Chahuán coincide con la académica de la UAH en los cuestionamientos al Consejo Superior, particularmente en cuanto a su conformación: “Son tres miembros elegidos por alta dirección pública, que sabemos que tiene más influencia política de lo que uno quisiera. Los fiscales son tres representantes por elección, lo que va a generar campañas y bandos internos”.

“Hay otro representante de los funcionarios elegido también por elecciones internas y, querámoslo o no, van a tener sensibilidades políticas. Van a ser apoyados por sectores políticos, y eso va a generar división al interior de una organización que tiene que ser jerarquizada, como la fiscalía”, advierte Chahuán.

Además, el abogado considera que la reposición de la figura del fiscal nacional con respecto a la propuesta original le parece “menos delirante”, pero que seguiría siendo un error “porque en ninguna parte del mundo occidental hay una fiscalía que esté dirigida derechamente por un organismo colegiado”.

“En mi concepto, la mejor solución o regulación sería prescindir de este órgano colegiado y mantener la figura de un fiscal nacional, pero con mayores controles, sobre todo en materia administrativa. Tal vez podría tener un organismo colegiado que pudiera tener algunas atribuciones en cuanto a ciertas decisiones del fiscal nacional, pero que lo nombre y dependa de este consejo o que lo integre, me parece que no es la mejor solución”, subraya.

La Asociación Nacional de Fiscales (ANF) también ha tenido duras críticas respecto de las propuestas de la comisión. Han emitido declaraciones públicas e incluso remitieron a la instancia una propuesta con normas constitucionales. “Valoramos la circunstancia de que se haya repuesto la figura de un fiscal nacional, es decir, de un órgano unipersonal que dirija la institución. Sin embargo, tenemos nuestras aprensiones respecto de la figura de un consejo, de un órgano colegiado porque ya lo hemos dicho en otras oportunidades que ese diseño tiene varios problemas. Por una parte, lo que significa la burocratización en la toma de decisiones y consecuentemente en la gestión que realiza el Ministerio Público en materia de persecución penal y protección de las víctimas”, plantea el presidente de la ANF, Francisco Bravo.

Bravo también agrega que le preocupa el riesgo de que la institución se politice dado que tres de los siete integrantes los nombra el Congreso. En esa misma línea, agrega un riesgo de cooptación gremial: “Hay representantes de fiscales y de funcionarios, lo que desnaturaliza el sentido de cualquier entidad en torno a ser más eficiente y eficaz en la persecución penal”.