Valencia dice confiar en confirmación de sentencia contra Macaya y plantea necesidad de revisar arrestos domiciliarios

Consultado al respecto en el Congreso al mediodía de este martes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió al caso del empresario vinícola Eduardo Macaya, condenado a seis años de cárcel por cuatro delitos de abuso sexual contra menores de 14 años.

Macaya está bajo arresto domiciliario por decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua, a la espera que la sentencia sea ejecutoriada y se resuelvan eventuales recursos de los intervinientes en el juicio. Respecto a ese punto, el jefe del Ministerio Público hizo una reflexión general respecto a revisar este tipo de medidas cautelares. A fines de abril, en el marco de su cuenta pública anual, Valencia ya había abordado el tema.

“El arresto domiciliario debe ser reservado solo a casos con bajo riesgo de fuga, nulo riesgo de reiteración y ninguna peligrosidad para la posible víctima, pero debe estar regulado de un modo que; primero, no existan incentivos para la dilación de procedimiento y, segundo, no eluda la evaluación técnica del efecto en sus posibilidad de reinserción social de que no haya cumplido su pena en una cárcel. No podemos tener un nuevo Anexo Capuchinos”, dijo entonces el fiscal nacional, aludiendo al penal afectado por un incendio el 2005, con piscina y salón de pool, al que accedían procesados por delitos de “cuello y corbata”, como estafas financieras o casos de corrupción política.

Este martes, tras participar de una sesión de la comisión de Constitución del Senado, Valencia dijo que “son los tribunales los que resuelven dónde debe permanecer el sentenciado esperando la resolución definitiva una vez que el proceso termine”.

“Como ustedes saben, todavía está la posibilidad de interponer recursos. Pero la opinión del Ministerio Público fue manifestada. Lamentablemente, la Corte de Apelaciones de Rancagua no ha acogido ese planteamiento. Pero, bueno, confiamos en que finalmente va a terminar confirmándose la sentencia condenatoria que se ha dictado”, señaló el fiscal nacional.

Tras esto, insistió en que “la situación de los arrestos domiciliarios se tiene que revisar”.

“Tiene que revisarse la situación, la regulación del arresto domiciliario por distintos motivos. El primero, dijimos, los arrestos domiciliarios no se pueden transformar en el nuevo Capuchino. Recuerden la privatización de Capuchino. El segundo, dijimos, los arrestos domiciliarios no pueden seguir siendo controlados por Carabineros. Nos faltan carabineros para la actividad preventiva. Resulta que hoy día los arrestos domiciliarios están siendo controlados por Carabineros y eso distrae una cantidad importante de recursos. Y tercero, lo más importante, dijimos, los arrestos domiciliarios, conforme a nuestra ley, están siendo computados o están siendo considerados como una forma de cumplimiento de la condena. Es decir, cada día de arresto domiciliario está siendo considerado, en caso de que la persona sea condenada, como un día más de condena y eso no resulta justo”, argumentó.

Valencia advirtió que esta situación “además constituye un incentivo a la dilación de los procesos, porque las personas que arriesgan pena severa y que se encuentran en arresto domiciliario tienen el incentivo, negativo, pero es un incentivo, a postergar los procedimientos”.

“Así lo hemos visto en distintas causas muy graves, en que se postergan los procedimientos para poder finalmente, tener por cumplida la pena íntegramente con arresto domiciliario y eso nos parece que no es justo y hemos propuesto que esa situación se modifique. Escapa a nuestras atribuciones modificarlo, pero hemos propuesto que se modifique”, recalcó.

El jefe del Ministerio Público también aludió el mea culpa que hizo el senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, al defender a su padre ante esta condena.

“Creo que se rectificó o entregó explicaciones. Habida consideración de que esta persona ya manifestó explicaciones, yo preferiría no ahondar sobre el particular, pero tal como he dicho otras veces, y esto es un comentario general, ¿no es cierto?, para los efectos de consolidar nuestras instituciones, me parece que es preferible que todas las autoridades del Estado contribuyamos absteniéndonos de emitir opiniones que cuestionen la integridad de quienes participan en ellas si no tenemos fundamento serio para aquello. Pero insisto, entiendo que el senador ya manifestó sus explicaciones y yo quisiera, creo que de esa manera el asunto debería quedar suficientemente resuelto”, comentó.