Valparaíso: por fraude al Fisco, soborno y cohecho condenan a acusados en caso de pagos por estudios

La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía llevó a procedimiento abreviado a una exfuncionaria pública y dos particulares que defraudaron al Gobierno Regional en $48 millones mediante pagos por estudios en cuya confección intervino la principal acusada.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso condenó por fraude al Fisco reiterado, cohecho y soborno a los 3 imputados en el "Fraude a la Intendencia 3" de la ciudad puerto, caso a cargo de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional, cuyo persecutor, Claudio Rebeco, llevó la causa a un procedimiento abreviado por un perjuicio de $48 millones.

Desde la fiscalía explicaron que Nelda Garcés, quien en 2016 era funcionaria de la División de Planificación y Desarrollo del Gore; fue sentenciada a 2 penas de 541 días por 2 delitos de fraude al Fisco y a 100 días por el delito de soborno.

Además, indicaron que la jueza, teniendo la facultad de subir en un grado la pena por tratarse de funcionarios públicos, no lo hizo y reconoció un pago que Garcés hizo por $2 millones como reparación del mal causado. Sin embargo, añadió un segundo pago por igual monto e inhabilitó a la acusada a ejercer cargos públicos por 5 años.

En el caso de Eduardo Jorquera, representante de la empresa Haza, el Juzgado le otorgó la pena de 61 días por fraude al Fisco en calidad de frustrado y 60 días por soborno, mientras que para Marcela Cartagena, jefa de proyectos de Haza y administradora de proyectos de la empresa Signos, la justicia dio 2 penas de 61 días: una por fraude al Fisco consumado y otra en calidad de frustrado.

El fiscal explicó que los delitos se dieron luego que "el Gobierno Regional contrató a estas dos empresas distintos estudios", en los que "la propia Nelda Garcés habría intervenido en la confección de estos informes, algo absolutamente impropio".

Agregó que en el caso de Haza, empresa a la que el Gobierno Regional le solicitó la elaboración de programas de Desarrollo Territorial para Cabildo y Petorca, "se alcanzaron a pagar $17 millones 500 mil por cada proyecto. Sin embargo, esos informes fueron avalados por el Gobierno Regional, la defraudación parece surgir -según nuestra teoría del caso- a partir de las solicitudes de los siguientes estados de pago, donde efectivamente recurren a mecanismos defraudatorios, como es la conducta de copiar parte de un informe anterior evacuado por una empresa de nombre Agraria y eso constituye un fraude".

Rebeco añadió que "el Gobierno Regional no cursó esos estado de pago, por lo que creemos que no habría ese perjuicio de $103 millones. Pero de todas formas la legislación los sanciona como un delito frustrado". En el caso de Signos, "se pagaron $13 millones por un informe muy deficitario que fue aprobado y visado por Nelda Garcés".

En la investigación, explicó el fiscal, se declararon testigos y "muchos de ellos coinciden en que fueron artificiosamente incorporados en el equipo de profesionales ofertados por la empresa que profesionalmente no habría prestado el servicio".